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Con 41 imputados y la declaración de 97 testigos, entre los sobrevivientes y los familiares de desaparecidos, empezó el juicio por la megacausa que investiga al centro clandestino de detención más gran del noroeste argentino. Y uno de los más brutales del país. Es el Arsenal Miguel de Azcuénaga, en Tucumán. Ayer, el  Tribunal Oral Federal que integran los jueces Gabriel Casas, Carlos Jiménez Montilla y Juan Carlos Reynaga dio inicio a la segunda etapa, denominada “Arsenales”, del juicio que investiga dos espacios represivos de en esa provincia. En noviembre pasado se había iniciado con “Jefatura de Policía”. Hoy declaraba la primera testigo.

En la elevación a juicio se manejó una cantidad de información por momentos asfixiante. Se determinó que el “Miguel de Azcuénaga” empezó a funcionar a principios de 1976 y se trasladaron ahí personas secuestradas en la Escuela Universitaria de Educación Física (Eudef), en el “Reformatorio” y en el “Motel”, y en otros centros clandestinos del país. Funcionó en un predio de cientos de hectáreas sobre la Ruta 9 en Las Talitas, una localidad de Tafí Viejo.

Ayer, en la primera jornada, se leyó la declaración de Alberto Augier, uno de los sobrevivientes de Arsenales. Estuvo detenido ilegalmente cinco meses allí. Augier murió antes del inicio de la megacausa. En su testimonio contó, entre muchos horrores vistos y vividos, que lo dejaron enterrado  durante cinco días, solo con su cabeza afuera. Los “enterramientos” eran una práctica sistemática en Arsenales: el pozo producía pérdida absoluta de manejo del cuerpo, grandes dolores, calambres, infecciones en la piel y muchas veces muerte por tétanos. Al sacarlo del pozo, contó el testigo, lo llevaron a la sala de tortura. También relató que Domingo Antonio Bussi, gobernador de facto en ese entonces, tenía un lema: “Es preferible matar a un inocente, a que se escape un subversivo”.

Antes había declarado Liliana Vittar, que fue abogada de la Comisión Bicameral que funcionó entre marzo de 1984 y abril de 1985. El registro de denuncias sobre secuestro y desapariciones había llevado a la conclusión de que "hubo un plan sistemático llevado a cabo por todas las Fuerzas Armadas", reveló Vittar. La abogada explicó con detalles el informe donde se cuenta cómo eran los secuestros y cuáles eran los 33 centros clandestinos que funcionaron en Tucumán.

“Hasta ahora los galpones en los que funcionaron los centros clandestinos están casi intactos”, dijo el fiscal Pablo Camuña, que llevará la acusación junto a Pablo Agustín Rovira. “Hay evidencias de lo que pasó, pero hasta ahora nada de esto fue rozado por los testimonios judiciales”, explicó. “Esto sigue siendo una realidad que existe sólo en el plano de los papeles, en las reconstrucciones de los peritos, en los testimonios. Con Jefatura de Policía ya hicimos la reconstrucción en la primera etapa del juicio, ahora estamos ansiosos porque empiece a pasar acá”.

La abogada querellante Julia Vitar explicó a InfoJus que en 2010 empezó la investigación forense. Se buscaron fosas clandestinas y se reconstruyó el centro clandestino. Al año siguiente se encontraron los primeros cuatro cuerpos y se constató que habían sido removidos con palas mecánicas, al finalizar la dictadura. “Se encontró material asociado -explicó Vittar-: balas, dientes, restos de gomas que se utilizaron para quemar los cuerpos”. Después fue descubierta una segunda fosa con alrededor de veinte esqueletos completos. Se hicieron las identificaciones y dos de ellos son parte del juicio Arsenales. Pedro Corroto, un panadero tucumano que fue secuestrado en 1977 cuando todavía estaba convaleciente por un cáncer linfático y Ricardo Salinas, desaparecido en 1977 junto con su mujer Silvana Parrile en Jujuy.

“Nosotros sabíamos ya desde la década del ‘80 que en Arsenales había fosas clandestinas –dijo Vittar-. Lo denunciaron dos ex gendarmes que fueron parte de la guardia interna y externa. También por ellos sabíamos de los fusilamientos y que Bussi ejecutaba de mano propia. Ahí fue fusilado Luis Falú, el hermano del músico. Eso lo supimos por ellos.”

En la megacausa que investiga Jefatura de Policía-Arsenales, el único imputado en común es Roberto El Tuerto Albornoz, el jefe del centro clandestino que funcionaba en Jefatura. Los otros imputados se reparten en un grupo de 15 exmilitares, seis exgendarmes, 16 expolicías de Tucumán, un sacerdote –quien va vestido con su sotana de arzobispo al juicio-, un escribano y un expersonal civil del Ejército. Este último, con prisión domiciliaria por problemas de salud, era agente de Inteligencia.  

Hoy a la mañana la defensa planteó diferentes pedidos de nulidad. Para la tarde se esperaba el primer testimonio. Las primeras declaraciones serán de sobrevivientes que puedan reconstruir cómo funcionaba el centro clandestino. Los casos que se revisarán son más de cien para Arsenales, casi la misma cantidad  que hubo en Jefatura de Policía. Las audiencias, jueves y viernes de cada semana, podrían durar hasta fines de año.