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Mañana el juez federal Fernando Poviña retomará las declaraciones indagatorias a los integrantes del Clan Ale, acusados de conformar una “asociación ilícita” que se dedicó al “lavado de activos” generados a través de una red dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual. Según el cronograma previsto, el primero en llegar a los tribunales de Tucumán será Adolfo “El Mono” Alé, señalado como uno de los reclutadores de las mujeres –en su mayoría de muy jóvenes y en situación de vulnerabilidad- que convertía en víctimas de la red mafiosa.

El Mono y su hermano Rubén “La Chancha” Alé, investigado en esta causa como uno de los jefes de la banda, fueron señalados por Susana Trimarco como responsables de la desaparición de su hija, María de los Ángeles “Marita” Verón, secuestrada en 2002 y obligada a prostituirse en los burdeles que en La Rioja comandaban Liliana “Mamá Lily” Medina y sus hijos José “Chenga” y Gonzalo Gómez.

El Mono Alé deberá explicar ante el juez y los fiscales sobre el origen de los fondos con los que adquirió doce acoplados y semirremolques, y tres autos que figuran a su nombre ante la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor. En la causa también está involucrada su esposa, Andrea Acosta, que declaró la pasada semana.

Los investigadores dijeron a Infojus Noticias que la situación patrimonial de la pareja es una de las que “mayores particularidades presenta”. Al+e y su mujer integran una sociedad comercial denominada “Points Limits S.R.L.”, cuyo objeto social se centra en “servicios de esparcimiento relacionados con juegos de azar y apuestas” y tiene cinco locales habilitados en la provincia de Tucumán, pero “no registra la titularidad de ninguna cuenta bancaria, ni posee personal suficiente para desarrollar la actividad declarada”, informan en el expediente.

Por su parte, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que actúa como querellante en la causa, informó que los ingresos declarados relacionados a los juegos de azar son exponenciales. “El crecimiento durante los últimos tres años fue muy significativo y no porque tengan más locales, ni hayan incrementado la cantidad de máquinas o el cuadro tarifario”, explicó a Infojus Noticias Luciano Botteri Domecq, director regional de AFIP. Las indagatorias ante Poviña fueron pedidas por el titular de la Fiscalía Federal N° 1 de Tucumán José Díaz Vélez y por el fiscal de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) Carlos Gonella.

El jueves continúan las indagatorias

Ese mismo día también está citado a prestar indagatoria Fabián Antonio González, sindicado en la investigación como uno de los testaferros del clan Alé. González y su esposa Julia Picone, “detentarían la titularidad formal de bienes que bajo su dominio real” pertenecerían a Rubén “La Chancha” Alé. La pareja figura como titular de la sociedad “Transportadora Leonel SRL” constituida en julio de 2010 con un capital inicial de $ 2.000. Pero sus ingresos también reflejan un rápido crecimiento. De la documentación que obra en la causa hasta ahora, se desprende que tienen 12 rodados, “entre ellos dos tractores Ford (dominios IHO-960 e IJP-429), un camión de la misma marca (IAD-640), y (4) cuatro vehículos particulares”.

Tampoco es la primera vez que González pisa tribunales. En el escrito impulsado por las fiscalías intervinientes, figuran datos que aportó la Dirección Nacional de Reincidencia donde figura como imputado por el delito de “Robo agravado en concurso ideal con atentado y resistencia a la autoridad en concurso real con hurto”, por un hecho ocurrido en el año 2002.

La última en declarar este día será Daniela Natalia Milhein, la mujer que en el juicio por el secuestro de Marita Verón fue acusada por ocultar a la joven en su casa de Yerba Buena, en la capital tucumana, e indicada como una de las parejas de “La Chancha” Alé. En el juicio en Tucumán en el que los 13 acusados por el secuestro de Marita Verón fueron absueltos (en diciembre de 2012), Milhein denunció que Alé "la obligó a ejercer la prostitución". En esta causa, durante las allanamientos que se realizaron durante el mes de marzo, estudios ginecológicos pertenecientes a esta mujer fueron hallados en poder de María Jesús Rivero, la primera esposa de La Chanca Alé, una de las primeras en declarar en esta causa.

Más indagatorias para el viernes

El viernes otra de las parejas de Rubén “La Chancha” Alé será indagada por el juez Poviña. Cerca del mediodía, se espera que Valeria Bestan responda por su situación patrimonial. “¿Cuál es la fuente de ingresos que le ha permitido ser propietaria de la enorme cantidad de bienes declarados ante los organismos estatales?”, se preguntan los fiscales en el requerimiento presentado ante el juez.

En la audiencia indagarán a la mujer por los “impuestos municipales (transferencia de dominio), facturas de compra de automotor, órdenes de pago de impuestos municipales por transferencias de licencias e inscripciones definitivas de licencias” que están a nombre de ella, pero se encontraron en el domicilio que La Chancha comparte con su actual pareja, María Florencia Cuño, en la calle Pasaje Saravia 1872, Ciudad de San Miguel de Tucumán.

Cuñó está citada más temprano, a las siete. Actual pareja de La Chancha Alé, Cuño se encuentra inscripta en la AFIP desde agosto del año 2010 y en este tiempo ha acumulado, bajo su nombre, (13) automotores por un valor superior a los $ 766.800, dos motos, y además adquirió dos propiedades de 300 y 465 metros cuadrados durante los meses de diciembre del año 2011 y junio de 2012. “Lo concreto es que no se conoce actividad anterior a su inscripción que justifique semejante sumas de dinero; pues sólo figura como empleada en relación de dependencia de la señora María Jesús Rivero entre los años 2003 y 2004”, apuntaron los investigadores.

Cuño actualmente comparte con el hijo de Rivero y Rubén Alé, Ángel Adolfo Alé la titularidad de la empresa de remises “Cinco Estrellas S.R.L.”. En la denuncia los investigadores dejaron sentadas sospechas de que esta flota de automóviles fue utilizada por el clan como “apoyo logístico” para “garantizarle a la organización criminal". La segura y discreta movilidad de las mujeres prostituidas, ofrecía “una pantalla adecuada para ingresar al circuito legal dinero proveniente de la empresa criminal”.

Esta empresa registró ante la AFIP el mismo domicilio fiscal que corresponde a Rubén Eduardo Alé y María Jesús Rivero y la titularidad de una cuenta comitente y una corriente en el “HSBC Bank Argentina S.A.”, seis rodados valuados en cuatrocientos ochenta y tres mil setecientos pesos (3.700). Además, registró un incremento en su patrimonio neto superior a los doscientos diez mil pesos (0.000), que corresponderían a aportes de sus socios Alé y Cuño.

En esta nueva causa, las pistas sobre la familia Alé llevan directo al expediente que el 11 de diciembre pasado fue pulverizado por los jueces Alberto Piedrabuena, Emilio Herrera Molina y Eduardo Romero Lascan, de la Sala II de la Cámara en lo Penal de Tucumán. El tribunal que absolvió a los 13 acusados por privar de la libertad a Marita y obligarla a prostituirse en los locales regenteados por Lidia Irma “Mamá Lily” Medina y sus hijos José “Chenga” y Gonzalo Gómez, en La Rioja. Para Medina y sus hijos, el fiscal Gonella también pidió la indagatoria pero, dado que ellos están involucrados en una causa por narcotráfico en su provincia, la cuestión está pendiente de resolución por una cuestión de competencia.