Infojus Noticias

En la capital tucumana 7 personas fueron procesadas y permanecen en prisión preventiva por el delito de trata de personas. La investigación comenzó hace más de 6 meses cuando la División Trata de la policía local y la Fundación María de los Ángeles inspeccionaron dos locales que funcionarían como prostíbulos y serían propiedad Mercedes Medina y su esposo “El Negro” Ernesto Robles. El allanamiento se hizo en el marco de la Ley de “Prostíbulos Cero”, aprobada en agosto del año pasado en la provincia.  

Además de “La Doña” (apodo con el que se conocía a Medina) y Robles, señalados como la posible cabeza de una banda de esclavistas sexuales, otras cinco personas figuran entre los detenidos. Eduardo Loto, sobrino de la mujer, y su esposa Susana Figueroa, habrían sido los encargados de la recaudación y de captar a las mujeres para explotarlas sexualmente.

Mientras que Iván Frías, también sobrino de Medina, cumplía el rol de amedrentar a las víctimas (tarea que cumplía durante sus salidas transitorias del Penal de Villa Urquiza). Los otros involucrados son María Juárez y Juan Sarmiento, un docente de escuela primaria, encargado de hacer los recibos de pago en uno de los locales.

Los sobrinos de la mujer, ella y su esposo son representados por el abogado Carlos Posse, el mismo que durante el debate oral que tuvo lugar el año pasado representó a parte de los acusados por el secuestro de Marita Verón y por obligarla a prostituirse en los locales Candy, Candilejas y El Desafío, regenteados por Lidia Irma Medina (fallecida en febrero) y sus hijos José “Chenga” y Gonzalo Gómez,  en La Rioja.

Carlos Garmendia, uno de los abogados de Trimarco, dijo a Infojus Noticias que durante los procedimientos, en septiembre pasado —luego de seis meses de investigación y tres de escuchas telefónicas—, se encontraron elementos que podrían vincular a los detenidos con la red de proxenetas que operaba en La Rioja.

El abogado además agregó que en uno de los domicilios de Medina, encontraron dinero, una escopeta, municiones y “dos agendas en las que tenía anotado el celular de Susana Trimarco”. Además uno de los departamentos allanados había sido informado por José “El Chenga” Gómez como lugar de residencia durante el debate oral que lo tuvo imputado por el secuestro de Marita. Los datos del domicilio se ventilaron entonces en el debate oral, porque la casa quedaba a la vuelta de la de Trimarco, y era habitual que la hostigaran e insultaran cuando andaban por el barrio.

En la investigación que instruye el juez federal Daniel Bejas se allanaron además otros domicilios particulares y dos locales que funcionarían como prostíbulos. Uno de vieja data en la capital provincial, era conocido como Bar California y funcionaba a menos de 20 cuadras de la Plaza Independencia, en el centro de la ciudad. Este local, desde que se aprobó en 2008 la ley que persigue el delito de trata de personas, fue allanado más de 15 veces, informaron fuentes policiales. El otro era un galpón frente a la ex terminal de ómnibus, en un barrio nombrado como El Bajo.

En la resolución del procesamiento Bejas también dispuso comunicar la sentencia a las autoridades provinciales, para que "en el marco de la ley provincial 'Prostíbulo Cero', procedan a la clausura definitiva de los locales investigados". Este instrumento ha sido utilizado durante los primeros meses del año para realizar más de setenta inspecciones en San Migue de Tucumán, según datos aportados por el Comisario Julio Fernández titular de la División Trata. Garmendia dijo a Infojus Noticias que la decisión del juez Bejas es “alentadora” porque “describe al prostíbulo como un lugar de explotación y plantea que una mujer en esa situación es víctima de violencia de género”.