Tucumán: proponen multar a bromistas telefónicos
Legisladores quieren agregar una nueva falta a la ley de contravenciones policiales de la provincia. Sancionaría a los que llamen a los números telefónicos gratuitos para hacer bromas o denuncias falsas.
El martes pasado un grupo de legisladores presentó un proyecto para agregar una nueva falta a la ley de contravenciones policiales de la provincia de Tucumán. Propuso sumar un artículo que sancionaría a los que llamen a los números telefónicos gratuitos -como por ejemplo el 911- para hacer bromas o denuncias falsas que ocasionen la participación de servicios de emergencia, policías o bomberos.
“Muchas personas realizan un uso incorrecto del servicio, efectuando llamadas sin causas fundadas, jocosas, amenazantes o injuriosas", dicen los fundamentos del proyecto de ley. Los legisladores del bloque del Frente para la Victoria proponen establecer "severas penas y multas a los 'bromistas' y a los titulares de las líneas telefónicas que sean utilizadas" para hacer chistes que generen falsas alarmas. La multa mínima sería el equivalente a diez veces el monto de la última factura telefónica. La multa máxima no tendría límite y podría ser establecida por el juez. También se podría decidir la suspensión del teléfono por un período de un mes a dos años. Para implementar la norma se instalaría un dispositivo que identifique las llamadas desde teléfonos fijos y celulares.
La Ley de Contravenciones Policiales de Tucumán fue sancionada durante la última dictadura cívico militar. En octubre de 2010 fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de la Nación. En el fallo por el caso de José Nuñez –detenido después de incidentes en un partido de fútbol y condenado a dos días de arresto por el juez contravencional- la Corte dijo que la ley contravencional "no está en condiciones de satisfacer el estándar constitucional mínimo" y dictaminó que ese tipo de procedimiento era ilegítimo. Pese a esa declaración de inconstitucionalidad, la ley de contravenciones se sigue implementando.
El año pasado el legislador del PJ Gerónimo Vargas Aignasse (PJ) convocó a organizaciones de la sociedad civil y académicos a una serie de debates con el fin de iniciar un proceso de reforma de la ley contravencional. Esa discusión todavía no llegó al recinto.
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