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El juez moderador Francisco Pont Vergés –alrededor de 50 años, pelo canoso, cara afilada- declaró abierto el debate dirigiéndose una vez más a los dieciocho miembros del jurado. Era la tercera instrucción pedagógica del día. "Yo soy el juez del Derecho, ustedes los jueces de los hechos". Un pedicuro, una ama de casa, dos empleados estatales y cuatro privados, tres docentes, un científico, un fotógrafo, un técnico del área de salud, dos jubilados y dos comerciantes, le devolvieron desde el estrado una mirada de aprobación solemne. Muchos sostenían en la mano la carpeta negra provista por el tribunal para que tomen notas. Son el primer jurado popular de la historia de la provincia de Buenos Aires y definirán entre hoy y los próximos tres días si el hombre sentado a cuatro metros suyo, acusado del asesinato de su cuñado con un trasfondo de violencia de género, es culpable o inocente.

Además del gobernador Daniel Scioli y el ministro de Justicia Carlos Casal, cadenas informativas de todo el mundo –como Al Jazeera, CNN, la BBC o Fox- dijeron presente para registrar el juicio.

Pont Vergés ahondó en aspectos técnicos para los jurados. Algunas "normas básicas de ordenamiento jurídico", como el derecho de presunción de inocencia. "El imputado no tiene que probar que es inocente. La fiscalía debe probar que es culpable", instruyó. Después habló sobre la prueba: de testigos, pericias, documentos. "El peso de la prueba no depende de la cantidad. Pueden creerle más a un testigo que sostiene algo que a veinte que dicen lo contrario. Usen el sentido común", aconsejó.

También tuvo que apelar a la buena fe: les "imploro" a los jurados que en las noches en que vuelvan a casa, después de cada jornada de audiencias, no lean los diarios, no miren los noticieros ni se tienten con el teléfono celular. "Si lo hacen estarían violando su deber como jurados de imparcialidad. Doy por sentado que no va a suceder", confió. Y los miró a los ojos. “Dos cosas han sido probadas durante la investigación preliminar”, enumeró. Que German Gabriel Armella, el “Boli”, murió por un disparo de arma de fuego. Y que su final sobrevino el 30 de enero de 2014, alrededor de las 23.30, en la Villa Hidalgo del partido de San Martin.

La defensora Verónica Joliffe junto a Andrés Harfuch, jefe de la Defensoría Oficial de San Martín.

La selección

La depuración del jurado había comenzado varias horas antes, sobre las diez y media de la mañana. En ese momento las secretarias del tribunal les extendieron una declaración jurada a los 42 o 43 candidatos que habían llegado algo desorientados a lo largo de la mañana. La convocatoria se realiza a través de un programa informático que utiliza la Suprema Corte bonaerense, que selecciona aleatoriamente del padrón.

La información de esas encuestas, con prohibiciones básicas, sirvió como disparador a las preguntas complementarias, que hacían la fiscal Ana María Armetta y la defensora oficial Verónica Jollife. Los candidatos contestaban en voz alta y de pie. La primera fue la candidata número 17. Una señora rubia de unos 50 años.

-¿Donde trabaja?

-En la Casa de la Moneda.

-¿Tuvo acceso a información previa sobre este caso?

-Un poco. Lo que salió este domingo en el diario Clarín.

La número 17 no quedó en el jurado.

La indagación acerca de la información previa del caso con que contaban los convocados fue una de las cuestiones en las que hicieron mayor hincapié. Ninguno de los que dijo haber leído algo en los diarios o en internet aseguraron que eso los predispusiera a un juicio previo del crimen.

-El candidato 36- llamó la fiscal.

Un hombre de remera verde, bermudas y zapatillas deportivas se puso de pie.

-¿Usted escribió en el formulario que tuvo contacto y disparo con armas de fuego?

-Sí, crecí en el interior de Formosa, allá cazar era muy natural. No fueron armas de grueso calibre. Una carabina 22, por ejemplo.

-¿Y también tiene familiares en Gendarmería?

-Sí. Cuñado, hermano y sobrino, en actividad.

El gobernador bonaerense Daniel Scioli estuvo en la primera jornada del juicio.

Otros dijeron haber disparado un arma de fuego: un operario en el servicio militar, una profesora de arte de colegio privado un rifle de aire comprimido, en su infancia, y un ex agente de una empresa de seguridad privada, que ya no está autorizado a portarla.

A otros se les preguntó por otras peculiaridades. El candidato 18, por ejemplo, tenía un desprendimiento de retina. No veía nada de un ojo, poco del otro. El 29 había sido testigo en un juicio por accidente de tránsito. A la 5 y la 9, dos mujeres, se les pregunto su opinión sobre la defensa por mano propia. Ninguna se mostró de acuerdo.

Con el jurado conformado, el juez Pont Vergés explicó los deberes y obligaciones. "No pueden conversar con los testigos, los familiares del imputado y los deudos de la víctima", reforzó. Les contó que todos los días un auto oficial los llevará a su casa por las tardes y los buscará por las mañanas. Que no deberán justificar la falta en el trabajo, y que los desocupados y monotributistas cobrarán 640 pesos cada día de audiencias. El almuerzo también estará cubierto: todos los mediodías se reunirán a almorzar en la sala de deliberaciones, aunque deban hacerlo en silencio. "Yo sé que es incómodo, pero entiendan que esto es una carga publica, y así debe ser", explicó Pont Vergés.

La fiscal Ana María Armetta.

La sala y el teatro

Dos horas y un receso más tarde, el jurado estaba listo para empezar a oír sobre el crimen de Gabriel Armella.

La fiscal Armetta enfrentó al jurado y después de presentarse, soltó: "Vengo a acusar a Guillermo Alberto Barros de homicidio con arma de fuego agravado por el vínculo", dijo. Y después se explayó: "Barros extrajo un arma de fuego con el cual disparo contra la víctima -y presten mucha atención a esto- con intenciones de quitarle la vida”, remarcó.

La descripción del hecho fue muy escueta, como lo sería también la de la defensa oficial. Solo se limitó a presentar rápidamente la figura delictiva que intentará probar. "La defensa va intentar demostrar que el acusado actuó en legítima defensa. En caso de que luego de escuchar toda la prueba consideren que es así, les pediré un veredicto de culpabilidad por exceso en la legitima defensa".

La defensora Verónica Jollife fue mucho más teatral: “¿Saben cuándo conocí a Guillermo Barros? Vino a mi estudio, 24 horas después de la muerte de Armella”, empezó. “Cuando yo le dije que venía con un homicidio encima, rompió en llanto. ¿Y qué quería que hiciera doctora, si estaba armado?, me contestó”.

Jollife continuó con su alegato: “Yo le pedí paciencia. Y le dije que gente como yo, como usted, como mi papá, le pondría el nombre correcto a los hechos de esa noche”. Y concluyó: “Barros se defendió, y el que se defiende, en las leyes de nuestro país, no comete un delito”.

El imputado Guillermo Barros.

Los primeros testigos

Los testimonios que siguieron en la primera jornada no aportaron gran cosa al esclarecimiento del hecho. Raúl Daniel Salvatierra le dio mucho trabajo a la fiscal para darse a entender. Dijo que era amigo de ambos y que se cruzó a los dos esa noche de enero. Primero a Guillermo Barros: “¿Lo viste al “Boli”? ¿Quiero hablar con él?”, le preguntó. Un rato después lo cruzó a Armella, borracho: “Andá a dormir”, le aconsejó. Agregó que “los pibes” le habían avisado que Barros lo buscaba, y sugirió, al pasar, que había “problemas (de Armella) con la hermana, problemas de familia”.

Gabriel Armella y Claudia Barros, la hermana del acusado, tenían tres hijas y estaban separados desde hacía dos meses. De acuerdo a lo que se supo de la investigación preliminar, la víctima había sido denunciada varias veces por la mujer por violencia de género. Salvatierra dijo que siguió caminando y escuchó el estampido: cuando se volvió, Armella agonizaba. “La gente decía: ‘el Guille lo mató’”.

También declararon dos policías que cayeron en repeticiones y no dieron detalles sobre el origen de la pelea. El comisario Jorge Milani, jefe de guardia esa noche, llegó 50 minutos después de recibir el aviso del 911 de “un hecho de sangre en Villa Hidalgo”. “No había nadie”, dijo. Escuchó gritos adentro de una casa y se acercó. Por la puerta entreabierta escuchó lo que decían de fondo: “Claudia estaba juntada con Armella, hubo una pelea y su hermano salió en defensa”.

El juez Francisco Pont Vergés.

El capitán Ruiz Díaz tampoco fue un gran aporte. Dijo que el cuerpo “tenía manchas en el cuerpo, el cuello”, y que como no había ambulancia lo llevó al hospital de Boulogne. Por eso casi no supo más. El capitán Cardoso dijo menos, y logró exasperar a Armetta: nadie le dio una versión de los hechos, no supo si víctima y victimarios eran familiares entre sí.

El testimonio de Pamela fue distinto, pero igual de confuso. Conocía del barrio a Barros, y era amiga de Armella. Contó que esa noche, a eso de las 20, Armella llegó borracho a llevarle unos juguetes a sus hijas. Discutió con su marido –por su embriaguez- y con un vecino, “un pibe que yo no conocía”. Estaba en cueros –en eso coincidieron todos los testigos, algo que preguntó la fiscal- y llevaba “una remera y algo en la mano que no vi”, dijo. La fiscal le preguntó qué. Ella no supo especificar. Al rato Armella volvió y le dejó una carabina. “Guardámela”, le dijo, y desapareció. Pamela dijo que su marido se la entregó a la policía, pero el comisario Milani dijo que no habían hallado vainas ni armas en la escena del crimen. Un rompecabezas.

Mañana será una jornada de testigos, y el jueves los alegatos finales y el veredicto. Si encuentran a Barros culpable, será el juez Pont Vergés, luego de oír a la defensa y a la fiscalía, quien fije el monto de la pena. Si lo encuentran inocente, la fiscalía apelar. Excepto que tenga la presunción de que lo hayan decidido por temor o por soborno. En ese caso, debería hacerse un nuevo juicio.

LB /AF / RA