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Por una resolución de la Sala I de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de la justicia bonaerense, Dante Patrignani, un docente del Departamento de Física de la Universidad Nacional del Sur (UNS), deberá pagarle 70.000 pesos al ex agente civil de Inteligencia durante la dictadura, Norberto Montezanti, por haber lacerado su “privacidad, tranquilidad y honra” en un afiche en el que se ve al actual conjuez de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca con una boina militar.

Patrignani, el hombre que fue condenado a pagar –de acuerdo a la sentencia que rubrican los jueces Miguel Ángel Diez y Guillermo Ribichini-, es el mismo que tres años atrás promovió un juicio académico contra Montezanti cuando se supo que su nombre engrosaba las nóminas de personal civil de inteligencia (PCI) durante la dictadura, que fueron desclasificadas por un decreto presidencial en el año 2010. Ese pedido de enjuiciamiento está pendiente violando los plazos de los estatutos universitarios. Quienes deben resolverlo son los pares de Montezanti en el Deparatamento de Derecho.
Montezanti es un hombre con mucho poder dentro de la academia: es titular de las cátedras de Ciencia Política, Introducción al Derecho y Derecho Administrativo del Departamento de Derecho de la UNS, además de su cargo como conjuez en la decisiva Cámara Federal de Apelaciones de la ciudad del sur bonaerense.

El 3 de octubre de 2011, Patrignani pidió que Montezanti fuera separado de sus cargos, apoyándose en las causas de falta de ética reconocidas por los reglamentos universitarios y en una resolución casi unánime de la Asamblea Universitaria que decía que “la participación en esa tareas de inteligencia está reñida con toda norma ética y moral aceptable dentro de la comunidad universitaria (…) quedando comprendida en las causales de impugnación de los artículos 21 del Reglamento de Concursos de Profesores Ordinarios”.

“Cháchara efectista”

Montezanti montó en cólera. La respuesta a la acusación de su par es una pieza literaria y jurídica que no tiene desperdicio. Para descalificar la denuncia de Patrignani, refirió que “eso de las tareas de inteligencia, la participación necesaria en genocidio (sic) no es más que cháchara efectista, muy mal redactada además, de un inepto resentido, que lo único que sabe es mamar insaciablemente de la ubre ubérrima de nuestro pobre Estado, y tiene por esto tiempo de sobra para dedicarse a estas enormes minucias”.

Entre los argumentos a su favor, el catedrático ofreció la absolución de Galtieri, Anaya y Lami Dozo –integrantes de la junta militar mientras fue agente civil de inteligencia- por crímenes de Lesa Humanidad, aunque estén probados asesinatos incluso en 1983, como el de los militantes peronistas Osvaldo Agustín Cambiaso y Eduardo Daniel Pereyra Rossi.

Judicialmente, el conjuez recurrió al fuero Federal impugnando la resolución de la Asamblea Universitaria y pidiendo una medida cautelar que suspendió el juicio por más de dos años, hasta que la Corte Suprema de la Nación, en mayo de este año, rechazó su impugnación y dejó sin efecto la cautelar. Pero sus pares del Departamento de Derecho no se expidieron sobre el pedido de enjuiciamiento académico. Paralelamente, Montezanti pidió ante la justicia provincial el procesamiento de Patrignani y una indemnización de 70.000 porque la campaña del docente de física –con afiches y publicaciones en medios de prensa y redes sociales- afectaba su buen nombre y honor. Los testigos de su presentación eran gente de confianza: Andrés Bouzat -decano del Departamento de Derecho-, José Luis Centurión -Vicedecano del mismo cuerpo- y José Ignacio Pazos Crocitto –profesor adjunto en una de sus cátedras-. Una jueza de primera instancia sostuvo que Patrignani había “ejercido de manera irrazonable su libertad de expresión” ridiculizándolo “mediante la manipulación de la imagen”, pero no ordenó nada sobre los muros de Facebook y la prensa, y consideró que la indemnización era improcedente. Sin embargo, el 30 de septiembre los camaristas Miguel Ángel Diez y Guillermo Ribichini -colega en Derecho del denunciante- dictaron la condena contra Patrignani, ordenándolo a pagar lo que pidió Montezanti.

“Más allá de la condena personal, la cuestión más grave es lo institucional”, dijo Patrignani a Infojus Noticias. “El consejo del Departamento de Derecho, el decano y vicedecano, están violando los plazos que imponen los reglamentos”, concluyó.

Las tres A

Bahía Blanca, y en particular su alta Casa de Estudios, fue uno de los blancos predilectos de las fuerzas represivas que actuaban en la zona. El V Cuerpo del Ejército bajo el mando del general Adel Vilas y la Marina, asentada en la base Naval Puerto Belgrano, hicieron un operativo de pinzas sobre la militancia barrial, fabril y universitaria. En la UNS –que como todo enclave universitario tenía altos índices de activismo político- desembarcó el rector-interventor Remus Tetu.
Montezanti asumió como “Asesor Universitario” en el Comando de Inteligencia 181 del Comando Quinto Cuerpo de Ejército el 1 de enero de 1981 y se mantuvo en el cargo hasta el mismo día de 1982. La primer foja de su legajo personal, muestra que el aval –en la práctica, ideológico y moral- que todos los agentes necesitaban se lo dio el represor prófugo de la justicia José Osvaldo “Balita” Riveiro. Riveiro fue condenado en Francia por su participación en el Plan Cóndor, trabajó para la CIA en Honduras contra la Revolución Sandinista y estuvo en la Triple A. En su presentación, dijo que conocía a Montezanti desde 1975.

Pero sus vinculaciones –y simpatías- a la versión bahiense de la Alianza Anticomunista Argentina van más allá de su hoja de servicios. En un juicio por calumnias e injurias que propio Montezanti le inició al ex alumno Alberto Rodríguez, el juez correccional José Luis Ares consideró “convincentes y veraces” las declaraciones de cinco testigos que en 1974 lo vieron a las risas con un grupo de matones que, a punta de pistola, ocuparon la Universidad Tecnológica Nacional. Como consignó entonces Página 12, Rodríguez había presenciado en abril de 1975 el asesinato de su compañero David Cilleruelo y lo había acusado como “cómplice de los crímenes en esta universidad”.

Sus simpatías políticas con los hombres de la extrema derecha peronista no terminaron ahí. En 1983, cuando se armaban las listas para las elecciones presidenciales, Montezanti y Rodolfo Ponce, líder del gremio de la Junta Nacional de Granos –e indicado como el líder de la Triple A- compartieron lista electoral Azul y Blanca en la interna del Partido Justicialista. “Su patota andaba en ‘la fiambrera’ matando zurdos”, dice irónicamente una fuente judicial que lo investigó. La “fiambrera” era una especie de camioneta donde se movía la patota parapolicial. “Le decían así porque hacían raids asesinando militantes de izquierda. Hay unas cincuenta víctimas antes del 24 de marzo”, dice la misma fuente.