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En 1897, Juan Giol y su socio Bautista Gargantini sellaron el pacto: compraron 33 hectáreas de tierra en Maipú, en el sur de la provincia de Mendoza, e iniciaron un proyecto vitivinícola que una década después se conoció como “la bodega más grande del mundo”. Hoy, una de las antiguas “piletas” —una habitación que tenía capacidad para albergar 850 mil litros de vino, con una sola puerta de ingreso—, forma parte del archivo que resguarda miles de expedientes originados en la Justicia provincial.

Las cuatro hectáreas edificadas, donde se encuentran las antiguas bodegas, las piletas y las casas de los primeros dueños, pasaron a manos del Estado provincial en 1954. En 1988, durante el gobierno de José Octavio Bordón, se privatizaron y finalmente quedaron en desuso.

En una de esas piletas, se acumulan las vidas de hombres y mujeres traducidas en letras judiciales. Cuando los estantes se completan dos veces al año - el papel supera los 8.000 kilos- los empleados de la oficina de Destrucción de Expedientes ponen manos a la obra. Siete auxiliares y un secretario distribuyen los expedientes en las mesas de trabajo y los revisan uno por uno.

Ana María López de Fontagnol, secretaria de la comisión a cargo de la oficina, explicó el procedimiento a Infojus Noticias. Cuando se va a proceder a la destrucción de expedientes, se publica un anuncio en el Boletín Oficial de la provincia y a partir de ese momento hay un plazo de 10 días para que alguien interesado pueda pedir el desarchivo del caso. “Tenemos un protocolo para la destrucción o rearchivo de los expedientes”, dijo la funcionaria.

Transcurridos 10 años de una sentencia definitiva ante los tribunales -civiles, comerciales, de minas, del trabajo, tributarios y de paz- los papeles acumulados pueden pasar a la picadora de cualquier empresa recicladora. Los procesos penales, terminados por absolución, sobreseimiento definitivo o provisorio o prescripción de la acción o de la pena, pueden correr igual suerte a los cinco años de producidos. Y también, tras cinco años de cumplida de una condena o por la muerte del condenado. En el caso de los expedientes de los tribunales de menores, a los cinco años de cumplida la mayoría de edad “del menor”.

Este año, poco después de mediados de agosto, comenzó un nuevo proceso de destrucción. Cerca de 40.000 expedientes y papelería en desuso, enviados por dependencias como la defensoría, asuntos carcelarios y la Suprema Corte de Justicia provincial, fueron cargados en camiones. Los llevaron a la Compañía Recuperadora de Papel (Corpa), en el parque industrial de Las Heras, donde se convirtieron en papel reciclado.

Los expedientes rescatados

“Tenemos un protocolo para la destrucción, pero no para el resguardo de material”, dijo López de Fontagnol. Esta vez, los trabajadores de la oficina de destrucción, entre los miles de expedientes que revisaron, rescataron 12. El criterio para su selección: “interés histórico, jurídico, social o económico” que pueden guardar esas fojas judiciales.

Los expedientes “salvados” pasaron a ocupar un lugar dentro del Archivo General de Mendoza, creado en 1884, cuando durante el gobierno de Rufino Ortega, se unificaron los dos archivos existentes (judicial y de gobierno). “Desde hace 34 años a esta parte, recibimos regularmente material de archivos judiciales”, detalló la profesora Elvira Búccolo, actualmente a cargo del archivo provincial. “Hemos recibido la documentación del poder judicial que dejo de tener valor administrativo”.

Infojus Noticias tuvo acceso a los datos de los 12 expedientes rescatados durante la última destrucción que comenzó a mediados de agosto. Uno de ellos guarda la historia de un oficial de la policía de Mendoza. Acusado de apremios ilegales en 1982, la causa contra el agente policial prescribió en octubre de 1991. Se trataba de Eduardo Smaha, condenado por delitos cometidos durante la dictadura, cuando integraba el Comando de Operaciones Táctico. Otro de los expedientes conservados también apunta al accionar violento de las fuerzas de seguridad provincial. Iniciado en 1980, prescribió el mismo día que el antes mencionado.

Otro recupera una historia de robo de ganado, en un expediente iniciado en 1999. Otro da detalles de una red de trata de personas internacional que se tejió entre Mendoza y España.

Los últimos seis expendietnes resguardan las historias de un motín en el penal durante las fiestas de la vendimia del año 2000. Además de delitos de corrupción entre los guardias del Servicio penitenciario provincial.

Las historias judiciales, que nos dejan entrever la vida cultural, social y política de la vida en la cuyana provincia, se acumulan en los anaqueles del Archivo General de la provincia. La profesora Elvira Búccolo brindó el detalle de la documentación: en total hay 3.614 expedientes de la justicia civil, 639 de la criminal y 1.1170 testamentos judiciales de la época de la Colonia. De fines del Siglo XIX 232 expedientes civiles, 2.231 de la Justicia criminal (de 1810 a 1900) y,  35.750 del Siglo XX.