Infojus Noticias

Un grupo de vecinos de la Villa 20, del barrio porteño de Lugano, acompañados por diversas organizaciones, marcharon hacia el Obelisco y de allí se trasladaron hasta la puerta del despacho de la jueza Elena Liberatori, en Avenida de Mayo al 600, para reclamar la puesta en marcha del proceso de urbanización del asentamiento, contemplado en la Ley N° 1.770 que sancionó la Legislatura porteña diez años atrás. El año pasado, la falta de respuestas generó el desalojo de 700 familias de lo que, actualmente, se conoce como barrio “Papa Francisco”.

“Por el incumplimiento de la ley por el gobierno macrista, que ya lleva ocho años de gestión, el año pasado se tomó el predio del barrio Papa Francisco”, dijo a Infojus Noticias “Chelo”, uno de los referentes de la toma de 700 familias que duró seis meses en los terrenos aledaños de la villa que luego fue bautizado como el barrio “Papa Francisco”. Los ocupantes se asentaron en un terreno que había estado destinado a un depósito de automóviles.

El 25 de agosto de 2014, en lo que se conoció como el “Tractorazo”, la policía Metropolitana irrumpió con el apoyo de máquinas que se llevaron por delante muchos de las pertenencias de los ocupantes. “Dejaron un daño psicológico enorme en los chicos, y los viejos. Ven a la policía y se tiran debajo de la cama”, dijo “Chelo”. Él y otro cuatro delegados siguen procesados por ese episodio y se encaminan al juicio, por lo que hoy exigieron, además, “el desprocesamiento de los compañeros y compañeras judicializados”.

A través de un comunicado, los vecinos expresaron que, producto del estado en el que se encuentran, “miles de familias” siguen “padeciendo la grave situación habitacional, la carencia de servicios públicos básicos y la desintegración con el resto de la ciudad”. La Ley N° 1.770, sancionada el 11 de agosto del 2005, especificó que se deberá urbanizar el predio situado “entre Pola, avenida Cruz y Escalada, el cual deberá ser saneado y destinado exclusivamente a la construcción de viviendas sociales”. Hasta el momento, el texto de la norma no se implementó.

La concentración se hizo en el Obelisco a las 11 de la mañana. Asistieron unas seiscientas personas de todas las villas porteñas, y militantes de partidos políticos –desde la izquierda hasta fuerzas kirchneristas como la Cámpora o Nuevo Encuentro- y organizaciones sociales. La Cámpora, el Partido Obrero, Nuevo Encuentro, Nuevo MAS, la Corriente Nacional Martín Fierro y la Agrupación Clasista René Salamanca, entre otras.

Pasadas las 11.30, la movilización avanzó por 9 de Julio y giró en Avenida de Mayo hasta el 600, donde están los despachos de Liberatori. Cuando llegaron las columnas, con sus banderas y sus bombos, la cortina metálica de los tribunales porteños se había cerrado. Una secretaria de la jueza tomó el petitorio. “Liberatori fue hace un año al predio y nos dijo que cuando nos fuéramos automáticamente comenzaba la urbanización y el saneamiento de la tierra. Llevamos un año y no se habla de saneamiento, vivienda, y de urbanización menos”, dice el Alejandro “Pitu” Salvatierra, uno de los referentes del movimiento villero en Buenos Aires.

Después del desalojo, quedaron bajo tutela de la jueza Liberatori 30 millones de pesos para el saneamiento. Los vecinos aseguraron que el gobierno porteño “no tiene ninguna limitación formal para iniciar de inmediato el saneamiento de la tierra para la construcción de viviendas sociales”, con ese dinero.

“El gobierno nunca los escuchó”

“Olé olé, olé olá, vivienda popular para las villas de la ciudad”, era la arenga que salía de los parlantes de una camioneta Trafic. Mezclado entre la gente, saludando a un lado y al otro, estaba el padre Franco, que ocupa la parroquia de Lugano. “La falta de vivienda trae aparejado el hacinamiento, la promiscuidad, falta de agua en el verano, falta de luz en el invierno. A eso hay que sumarle la falta de acceso a la salud y a la educación”, dijo.

El cura villero conoce bien a los habitantes del barrio y sabe que las familias no organizadas no están ahí. “Están desesperanzadas”, dice. Y resalta que lo peor fueron las secuelas del desalojo. “Hay muchas familias rotas, destrozadas. Los que hicieron su negocio con la toma, se llenaron los bolsillos y se fueron. Los que se ilusionaron, le creyeron al puntero y le compraron el terreno, perdieron todo”. Y dijo que inmediatamente después del desalojo “pareció que había un diálogo entre la iglesia y el gobierno, pero nunca lo hubo. Nunca hubo una disposición de escucharlos. Ni cuando fue la toma, ni después”.

La peregrinación siguió dos cuadras hasta las puertas de la jefatura municipal. La camioneta estacionó y se improvisó un estrado con dos parlantes. Allí, varios vecinos hablaron y responsabilizaron al gobierno macrista por el incumplimiento de la ley. También resaltaron la lentitud en la construcción del hospital de Lugano, y la amenaza de sacar la salita de salud del barrio, el Cesac 18.

“Se está pidiendo que se termine, en momentos en los cuales están cerrando el Cesac 18, el único lugar donde se atiende a la gente de la zona”, dijo el candidato a diputado por el FIT, Gabriel Solano. “Una ley que se tiene que cumplir es un derecho. El Estado tiene que determinar de dónde saca los fondos para cumplirlo”, agregó. En la Comuna 8, el índice de mortalidad infantil es del 9%, según los datos de los organizadores.

Uno de los puntos del petitorio, al momento de poner la urbanización en marcha, es que se tuviera en cuenta el proyecto hecho en mayo de 2014, cuando ya estaba la toma, por la cátedra Taller Libre Proyecto Social de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, que prevé la construcción de 2300 viviendas. “Según lo que nos plantearon los delegados, elaboramos un proyecto que permitiría una importante cantidad de viviendas, con criterios que ellos querían de vivienda, edificios bajos, que permitieran ascender por escalera y que más adelante se pusieran los ascensores. Un programa social completo que no fue ni considerado por el gobierno municipal”, dijo a Infojus Noticias Beatriz Pedro, docente y una de las impulsoras del proyecto.

El proyecto ahora espera tratamiento legislativo. Pero Pedro no tiene expectativas en que se apruebe. “El gobierno de la ciudad tiene en la comuna 8 un plan maestro con otra lógica, que hace mejoramiento de la accesibilidad de las tierras que hasta ahora eran periféricas, eleva el valor de la tierra y hace una serie de proyectos inmobiliarios, cuya cabeza de playa es la villa olímpica para 2018, que están haciendo en los parques. Es un proyecto más inmobiliario que social, que hicieron sin consultarle nada a nadie”, concluyó la especialista.

Télam/LB/LL/RA