Infojus Noticias

El destacado criminalista brasilero Salo de Carvalho visitó nuestro país el mes pasado. Autor de números libros y artículos sobre derecho penal, política criminal y narcotráfico, es especialista en derecho penal y procesal penal, y participó el mes pasado de las jornadas de “Derecho Penal y Género” organizadas en Buenos Aires por la Escuela del Servicio de Justicia y la Universidad Nacional de La Matanza. Entre sus obras se destaca el “AntiManual de Criminología” y “La política criminal de drogas en Brasil”.

-¿Cuáles cree que son los principales problemas de seguridad ciudadana en Brasil?

-Los problemas son varios, pero apuntaría a la fallida política de guerra a las drogas y sus resultados más evidentes: la activación de la industria armamentística y el súper encarcelamiento. Además de eso, tenemos un legado de la dictadura que es la militarización de la policía. Estos tres factores reunidos dan una dimensión del nivel de violencia institucional que tenemos en Brasil.

-¿Cómo evalúa que es la situación de Argentina? ¿Y en el resto de América Latina?

-Conozco los datos de encarcelamiento, que son casi la mitad que los índices de Brasil. Los datos de homicidio no los tengo actualizados, pero por la media histórica, son menores que los nuestros. En comparación, Argentina presenta una calidad de seguridad mayor que la brasileña. Creo que uno de los datos significativos, sobre todo para reducir la violencia institucional, es una transición más transparente de la dictadura a la democracia, con la responsabilización de los agentes por violación a los derechos humanos. Eso normalmente permite una mayor conciencia de los agentes públicos en relación al respeto a los derechos humanos.

-¿Cuán grave es el problema del narcotráfico en estos países?

-Ambos siguen la política externa de guerra a las drogas impuesta por los Estados Unidos. Como dije antes, estas políticas son un gran fracaso y sólo sirvieron para desarrollar y crear mercado para la industria de las armas y encarcelar a la población vulnerable. Mejorar la calidad de la democracia en el sistema de justicia criminal se logra con un cambio radical en la política de drogas. Uruguay nos da una contribución importante en este sentido.

-¿Quiénes son los principales perjudicados por estos problemas?

-Innegablemente son los jóvenes marginalizados. Los grupos vulnerables son las grandes víctimas de esta política genocida.

-¿Cómo evalúa las políticas que se aplicaron y aplican para combatir al crimen organizado?

-La locomotora de la política criminal, inclusive del combate al crimen organizado, es la política de drogas. Todo gira en torno a las premisas que sostienen el modelo de guerra a las drogas. Además, hay casi una fusión de los horizontes normativos y político-criminales. Cuando se habla de crimen organizado, la primera imagen es la del tráfico de drogas tornadas ilegales. Los destinatarios son siempre los mismos, la población marginalizada. No tenemos en nuestras prisiones grandes narcotraficantes sino jóvenes presos por narcomenudeo o comercio minorista.

-¿El encierro y las penas privativas de la libertad son una solución para combatirlo?

-El encarcelamiento como solución para cualquier problema, si la finalidad que se busca es la prevención, es un gran equívoco. Inclusive en lo que atañe a aquello que fue denominado como crimen organizado. Insisto: En Brasil, país en el cual la ilegalidad del comercio de drogas genera innumerables daños, no tenemos ningún narcotraficante encarcelado. Tenemos hombres y mujeres pobres, muy pobres, detenidos bajo el discurso del combate al crimen organizado.

-¿Hacia dónde deben orientarse estas políticas públicas?

-Las políticas públicas en el campo de la seguridad no pueden ser homogéneas. No hay una receta idéntica aplicable para Brasil y para Argentina. Cada país, en cada región, debe crear sus políticas. Mientras tanto, en Brasil tenemos algunos indicadores bastante evidentes, como la descriminalización de las drogas, la desmilitarización y la unificación de las policías y la reducción del encarcelamiento. Por más paradójico que pueda parecer al sentido común, cuantas menos personas tengamos en las cárceles, mayor será el nivel de seguridad real en la sociedad. La prisión como institución de reducción del crimen nunca cumplió sus promesas declaradas.

-Existen opiniones que cuestionan el "garantismo" y plantean que es un obstáculo para combatir la inseguridad. ¿Son conceptos excluyentes?

-El proceso penal no es un instrumento de seguridad pública. Este tal vez sea el mayor equívoco de quien sostiene la tesis de que el garantismo es un obstáculo para la efectividad de la seguridad pública. Volver al proceso penal un mecanismo de seguridad es transformar los operadores del derecho en agentes policiales, pensar al juez como un sheriff o un carcelero. Eso es un error. La seguridad pública es responsabilidad del Ejecutivo, en la implementación de verdaderas políticas de inclusión. El derecho procesal, y el garantismo es fundamentalmente proceso, actúa después del delito. Su capacidad preventiva es inexistente. Lógicamente, eso no significa que el proceso no comunique algo a la sociedad. Pero lo que debe ser comunicado desde el proceso penal es que el Estado cumple las reglas del juego y, por eso, es legítimo al responsabilizar a alguien por la práctica de un delito.