Infojus Noticias

La disposición del escritorio ─poblado de apuntes y expedientes─deja al defensor Mario Coriolano de espaldas a la puerta y de perfil a una biblioteca atestada. De allí rescata un libro de no más de 90 páginas que ajado, leído y releído, atesora la legendaria serie de artículos de “La secta del gatillo alegre y la picana” que Rodolfo Walsh escribió en el periódico de la CGT de los Argentinos, a fines de los años sesenta. Walsh resumía sus investigaciones de entonces sosteniendo que la secta del gatillo alegre y la picana –mote con el que aludía a la  policía- es también la logia de los dedos en la lata. Coroliano le da la razón.

Integrante desde el año 2006 del Subcomité para la Prevención de la Tortura de la ONU, el titular de la Defensoría ante el Tribunal de Casación Penal de la Provincia De Buenos Aires, habló con Infojus Noticias sobre más de 13 años de trabajo en una de las primeras base de datos sobre casos de torturas, en este caso en las instituciones de encierro bonaerenses, y sobre la reciente publicación de Red para la lucha contra la tortura (2013, Editorial Infojus, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación).

¿Por qué habla de “trabajo en red” para prevenir la tortura?

Este es un fenómeno que impacta en términos de calidad de vida en un sistema democrático y  hace 15 años que estamos tratando de darle visibilidad para lograr cambios. Logramos visibilizarlo, pero aún no hay señales de un cambio positivo en el funcionamiento de las policías, servicios penitenciarios y del Poder Judicial –sea por acción y omisión- ante esto. Pero si tomamos el ejemplo de la lucha contra la dictadura vemos que la articulación entre sectores estatales, de la sociedad civil y organismos internacionales puede colaborar y resquebrajar el sistema.

En enero de este año entró en vigencia la ley que crea el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura (Ley 26.827) ¿Qué características debería tener para responder a esta necesidad de trabajo articulado?

Esta pluralidad es obligatoria constitucionalmente porque Argentina adhirió al Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes [estuvo entre los primeros 20 países que lo ratificaron]. E implica una serie de cuestione muy concretas, entre ellas que debe garantizarse la independencia y transparencia en la forma de designación y remoción de sus miembros, la estructura necesaria para trabajar y que esto no se vea afectado presupuestariamente si las cosas se están haciendo bien y, sobre todo que se dé impulso a los mecanismos provinciales. En un país con la extensión que tiene el nuestro y la cantidad de centros de detención sería imposible que solo el mecanismo nacional garantice, por ejemplo, un sistema de visitas periódicas de manera que sean disuasorias para las personas que tienen detenidos a cargo.

¿En qué etapa se está para la implementación de este mecanismo?

Viene demorado, pero lo que se va a haciendo es bueno. Ahora  se están seleccionando los miembros que la van  integrar. Hacen falta pluralidad de saberes: no todos tienen que ser abogados, también hay que incorporar médicos, psicólogos, peritos forenses, sociólogos y, en algunos países, incluso se sumaron familiares o personas que padecieron los lugares de encierro. Tiene que ser un equipo multidisciplinario, con equilibrio de género, con representación de minorías, con equilibrio geográfico y es fundamental que cada provincia cuente con un mecanismo propio. Hasta ahora, solo en Chaco está funcionando y se aprobaron por ley en Río Negro y Mendoza.

En tantos años de trabajo, ¿encontró algunas respuestas al por qué? ¿Por qué la tortura está tan extendida?

Los casos que uno podría señalar como demostrativo son  el de Miguel Bru (secuestrado, torturado y asesinado por policías de  la Comisaría Novena de La Plata en 1993) que demostró hasta dónde son capaces los torturadores y sus cómplices de llegar, cuando marcan a un joven, lo levantan ilegalmente y se les complica una sesión de tortura. Llegaron a desaparecer el cuerpo. Más allá del accionar individual, uno ve patrones en el accionar policial y judicial donde, por acción u omisión, hay rutinas. Y empieza a emerger un entramado de corrupción y violencia en las fuerzas penitenciarias, policiales y judiciales. En la primera época de la democracia esto ya se veía. En ese entonce me tocó investigar a una banda de abogados, policías y un fiscal involucrados en la venta de autos mellizos, pero cuando repasábamos las escuchas había recaudación ligada al tema de prostitución y otras actividades ilegales. Como decía Walsh, la misma secta del gatillo es la de la mano en la lata.

¿Son pocos los casos que toman visibilidad? De hecho, en el banco de datos sobre casos en la provincia de Buenos Aires, ustedes llevan un registro con compromiso de reserva de identidad de la víctima y sin necesidad de que medie una denuncia formal.

Son la punta de un iceberg. Ahora, que se está discutiendo el tema del narcotráfico, por ejemplo, hay que tener mucho cuidado.  La policía a veces por demanda de los medios masivos o de cierta dirigencia política que aturdida y perdida exige más agencia penal, termina en el armado de causas. El informe del caso Candela (una nena de 11 años secuestrada el 22 de agosto de 2011 en Villa Tesei, en Hurlingham, y encontrada muerta 10 días después) es un diagnóstico del funcionamiento del bloque judicial-policial.

Nosotros ahora estamos trabajando en una causa en la que una pareja y su albañil fueron detenidos en una denuncia vinculada al tráfico de estupefacientes. Estamos a la espera de una resolución en el Tribunal de Casación porque claramente es una causa armada. Ahora resulta que el día del operativo el albañil fue bajado de una escalera a los empujones por un policía que hace pocas semanas  fue condenado a 10 años por extorsión en otra causa. Y en la comisaría en la que trabajaba este hombre en Esteban Echeverría, teníamos registrado 30 casos de tortura y de esos uno solo tenía denuncia. Sumado a eso otras causas armadas por el mismo sujeto que llevamos como prueba a Casación. Es una vieja agenda de corrupción policial y armado de causas: registran hechos que no existieron y también arman causas sobre base de hechos reales que se cargan a cuenta de personas que no tuvieron nada que ver.

El panorama no parece alentador: causas armadas, muertes en manos de policías violentas, desapariciones y torturas sistemáticas. Pero si una causa armada llegó a Casación es porque pasó mucho tiempo y muchas personas estuvieron involucradas ¿Cómo puede avanzar?

Hay cómplices y complacientes involucrados. Solo se puede desarmar si un juez, un fiscal o un defensor hacen una lectura diferente, y el castillo comienza a caerse. A esto se llega por una suma de cosas: el médico que actúa ante una detención no es independiente (es un médico policial), en la provincia de Buenos Aires aún está pendiente la implementación de la ley para separar a los defensores públicos del fiscal de la Corte, cuando se descubre un caso de estos no debe ser la misma policía la que los investigue. Tal vez llegó el momento para que como lo prevé el Protocolo de Estambul, se llame a un Comité de encuesta independiente para que un plazo determinado estudie la situación y haga un propuesta que los poderes públicos se comprometan a cumplir.

Los tratos y las condiciones inhumanas también serán observadas por el mecanismo nacional y los respectivos órganos locales ¿a quién apuntan en este casos las responsabilidades?

Cuandoesas condiciones son sostenidas hay figuras penales responsables: el jefe de la unidad y el juez a cuya disposición se encuentra el detenido. Pero, aunque no es cuestión de aumentar la población carcelaria hacinando a jueces y penitenciarios, en algunos expedientes habría que sacar fotocopia y armar una causa penal. En Mar del Plata, estuvimos trabajando en un habeas corpus colectivo porque en la cárcel de Batán, faltan medicamentos  y alimentos. Interpusimos un recurso para que se fije un cupo y no se incumpla porque la excusa es que hay falta de presupuesto. Pero esto va de la mano de una política punitiva que se empezó a gestar en los años noventa, de la mano de políticas de agravamiento de la pena que apuntaban a que los detenidos se oxiden las manos con los barrotes. Esto no es democrático, pero por otro lado tampoco es viable en términos presupuestarios.  Más detenidos no implica menos delito, eso ya está demostrado. Esto es tan ineficaz como costoso, tan impotente como despilfarrador. Y debate está pendiente.