Infojus Noticias

Mientras el proyecto de legalización de la marihuana, que ya cuenta con media sanción, se debate en el Senado, Julio Calzada, responsable de la Junta Nacional de Drogas de Uruguay, planteó la necesidad de que el Estado regule los mercados de drogas y que este tipo de medidas estén asociadas “a un conjunto de políticas públicas de inclusión social”.

El modelo uruguayo pretende encontrar una alternativa para combatir el narcotráfico. Al legalizar la venta de marihuana –que estará a cargo del Estado- se pretende reducir los beneficios del crimen organizado. El proyecto establece que los usuarios, previa inscripción en un registro, puedan comprar hasta un total de 40 gramos de cannabis por mes. La iniciativa está siendo discutida en la Comisión de Salud de la cámara alta: “Se tiene que tratar (en el recinto) en los próximos 45 días, más o menos”, explicó Calzada, quien estima que no habrá escollos en el trámite legislativo. “En la medida que se desarrolle la implementación se verán los planteos a desarrollar y se harán las modificaciones que se crean convenientes”, agregó.

¿Qué rol cree que debe tener el Estado en la regulación de los mercados de drogas?

El Estado tiene que tener un rol muy activo. No puede dejar en manos de las organizaciones criminales la organización de estos mercados, como lo ha hecho de hecho en los últimos 50 años a nivel mundial

En el caso de Uruguay, ¿cómo cree que será la reacción de esos mercados ilegales luego de la sanción de la ley?

Eso está asociado a un conjunto de políticas públicas: de seguridad, de inclusión, de inserción social. Hay un conjunto de factores que inciden en esto y hay un conjunto de cuestiones que pasan en la sociedad, que pasaron y seguirán pasando en los mundos que vendrán. Ha existido prostitución desde que la historia de la cultura humana se conoce, existe hoy y va a existir mañana. Pero el manto del oscurantismo, el manto de la ceguera cultural, llevan a agravar los problemas sociales y sanitarios.

¿Y respecto a la violencia que genera el mercado ilegal?

Esto tiene muchas caras patéticas. Muchos dicen “se matan entre ellos”, como si hubiera vidas que tienen más valor que otras. Me parece que es lo primero que hay que desterrar. Hay que desnaturalizar que la muerte de gente vinculada a esto forme parte de la normalidad. En segundo lugar, me parece que la regulación de los mercados puede contribuir significativamente a esto, en la medida en que haya políticas públicas que contribuyan a la inclusión y a la inserción social.

¿De qué manera este proyecto puede reducir los usos problemáticos de marihuana?

Cuando se corre el velo la gente puede hablar. A los usuarios de drogas hoy les pesa el tabú. Un adolescente no puede decirle al padre: “Mirá, estoy consumiendo drogas”. El padre se podrá enterar cuando su hijo tenga usos problemáticos o cuando le diga, a los 40 años, “Papá, yo probé”. El problema mayor es del adolescente o el joven que no conecta con sus padres. Las campañas en alcohol y en materia de cannabis plantean la necesidad de conectar a los padres con los hijos, porque siempre se centra la responsabilidad en los adolescentes. Hay que estar abiertos a escuchar, a entender que pueden tener otra visión del mundo, que ellos van a construir un mundo diferente al que la generación nuestra soñó.

¿Poner fin a un modelo punitivo permite abordar el tema desde una perspectiva santaria?

Sin duda. También hay que ser muy cuidadoso, no hay que ser fundamentalista. No creo que estas políticas sirvan y sean funcionales a todas las culturas. Lo que hay que reclamar es avanzar en el paradigma de la diversidad y del respeto y que los estados, en la medida que no generen daños a terceros, generen políticas soberanas.

¿Cuál ha sido el rol de los medios en el debate uruguayo?

La realidad de los medios es variopinta. Algunos han tenido un posicionamiento muy crítico. Aun así, han publicado algunos escritos con aspectos favorables. No hemos tenido restricciones, han estado ávidos de dar espacio y, en términos generales, salvo excepciones, han tenido un tratamiento respetuoso del tema y han tratado de informarse del tema. Si bien nuestra propuesta es una propuesta progresista, de izquierda, la idea de que es necesario reformular la política de drogas trasciende al movimiento progresista y a la izquierda. La modificación de la política de drogas es un reclamo de la realidad. El fracaso de la actual política de drogas es claro. Este es un debate que la cultura contemporánea se ha impuesto, donde está presente que no se puede seguir haciendo más de lo mismo.

 ¿En qué sectores hubo mayores resistencias?

Hay muchas dudas en la población, son dudas razonables. Hay que admitir y ser muy consciente de eso. Son generaciones y generaciones que han vivido en el marco de un paradigma. Es razonable tener dudas, lo que no es razonable es que las dudas se construyan solo en función del miedo. Si rompemos el cerco del miedo las dudas empiezan a tener otro carácter.

¿Cuál ha sido la repercusión del debate uruguayo en el resto de Latinoamérica?

Sería de falsa modestia desconocer que lo que se está haciendo en Uruguay no ha tenido impacto. Todos los días recibimos llamados de periodistas de Argentina, de Colombia, de Brasil. En todos lados están interesados en este tema. El impacto dependerá de lo que se haga en cada país. Sí podemos decir, porque estamos convencidos, que este no es un modelo para imitar. Citando a Cortázar: cada uno tiene que diseñar su modelo para armar.

¿Pero puede llegar a abrir una puerta para que otros países avancen en una nueva regulación?

No creo que se trate de abrir una puerta. Hay que ver esto como un mojón en un conjunto de iniciativas que nos trascienden. Esto no hubiese sido posible si no hubiera existido una discusión a nivel de los organismos internacionales en torno a la necesidad de cambiar las políticas.