La responsable del Ministerio Público de la Defensa participó del Primer Encuentro Nacional contra la Violencia Institucional. Debatió sobre “Justicia legítima y seguridad democrática” y habló sobre la necesidad de revisar algunas prácticas del ámbito judicial.
El viernes 3 de mayo se realizó el primer Encuentro Nacional contra la Violencia Institucional en el Congreso de la Nación y en la Plaza de los Dos Congresos. La Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez, participó del panel en el que se debatió sobre “Justicia legítima y seguridad democrática”. En una carpa blanca, rodeada de cientos de familiares de víctimas que levantaban los carteles con las fotos y nombres de sus hijos y hermanos, Martínez expuso sobre el rol de la justicia. “Ustedes tienen derechos, perdonen si durante mucho tiempo no se les respetó. Estamos acá para ayudarlos a luchar y a reclamar lo que no es un regalo del Estado: es un derecho”, dijo mirando a una audiencia que la seguía con atención. La acompañaban en la mesa la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó; Hugo Cañón, presidente de la Comisión Provincial de la Memoria; y Raquel Wittis, madre de Mariano Wittis, joven asesinado por la policía Bonaerense en 2000. Al finalizar la charla la Defensora Genera, que atravesaba una gripe, salió de la carpa y dialogó con Infojus sobre logros y deudas pendientes en la temática.
-¿Por qué todavía no se puede resolver el problema de la violencia institucional?
- Es absurdo y violento seguir tolerando la tortura, el gatillo fácil y los apremios ilegales.Desde la dictadura para acá hubo un número ridículo de condenas por apremios ilegales. La violencia institucional existe porque la Justicia mira para otro lado. Los tres poderes tienen responsabilidades. El poder judicial y el Ministerio Público Fiscal, una gran responsabilidad porque si no se condenan firmemente los actos de tortura, lógicamente van a seguir existiendo. ¿Por qué es tan fácil condenar por un robo y tan difícil por un apremio ilegal? Si leemos el Código es mucho más grave torturar que robar. Tenemos una justicia doble que mira de distinta manera a las víctimas de poder que a las víctimas vulnerables. En segundo lugar, el poder político tiene responsabilidad porque tiene que diseñar políticas claras. Los miembros de las fuerzas de seguridad deben entender que los políticos no quieren que se torture. Si los políticos no bajan un mensaje claro, la policía va a seguir torturando. La sociedad también tiene que demostrar que de ninguna manera está de acuerdo con que se torture o maltrate.
-¿Cuáles son las acciones de la Defensoría para sensibilizar sobre el tema?
-A principio de año lanzamos la Campaña Nacional contra la Tortura, rememorando los 200 años de la Asamblea del año 13. Ahora se viene un Congreso Nacional sobre la Abolición de la Tortura, el 6 y 7 de junio en la Biblioteca Nacional, con referentes nacionales y extranjeros. Además, damos clases en colegios secundarios, viajamos permanentemente al interior del país llevando este mensaje. Apuntamos a la sensibilización porque la sociedad entera sigue siendo permisiva con la tortura y con los abusos.
-¿Cuál es la importancia de espacios como este encuentro?
-Es importante, porque por fin los responsables de la Procuración, de la Defensa Pública y un ministro de la Corte Suprema como Eugenio Zaffaroni, nos sentamos a hablar con la gente. Esto es fundamental: nosotros no podemos estar escondidos, encerrados en nuestros edificios sin entrar en diálogo con el pueblo. Nuestra obligación es brindarle al pueblo un servicio público. Entonces, si no nos podemos en contacto, no los conocemos, no sabemos sus necesidades, si no explicamos lo que nosotros mismos hacemos, ese servicio público nunca va a ser un servicio público de calidad.
-¿Esto tiene que ver con las transformaciones en el poder judicial?
-Tiene que ver con todo. Fue pasando el tiempo y nos dimos cuenta de que el nivel del sistema de administración de justicia no cumple con las expectativas de la gente. Vemos que, pese a todos los esfuerzos que se hacen, seguimos teniendo un nivel importante de violencia institucional. Entonces surge un movimiento espontáneo, en el cual intervienen muchas personas que trabajan en la administración de justicia y han decidido ponerse a pensar cuál es nuestro trabajo, cuáles son nuestros defectos. De alguna manera es revisar nuestras propias prácticas. La expresión de este movimiento es Justicia Legítima.
-¿Cuál sería la justicia legítima?
-La justicia legítima es la justicia que está cuidando al pueblo y los derechos de todos. Porque no sirve de nada que tengamos una Constitución muy bonita, unos tratados internacionales muy bonitos pero que tienen derechos que no se cumplen porque el poder judicial no lo hace cumplir.