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A diario, decenas de familias denuncian abusos en causas en las que queda visibilizada la violencia institucional y el incumplimiento de los debidos procesos. La falta de controles, protocolos y recursos de las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley también son parte de una realidad que aleja a los sectores más vulnerados de la sociedad del acceso a la justicia. Por eso el equipo del Programa Nacional de Lucha Contra la Impunidad (PRONALCI), que depende de  la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, trabaja para zanjar esas diferencias. Lo hace a través de un equipo integrado por técnicos y familiares de víctimas que trabajan en el lugar.

Creado en 2003 con la convicción de que la lucha contra la impunidad es la base para la democracia y a los derechos humanos, el programa cuenta con un equipo de abogados, psicólogos y familiares de víctimas. La formación profesional se conjuga con las vivencias personales para ayudar a quienes llegan en busca de asistencia y asesoramiento.

“El programa nació en 2003 por iniciativa del entonces presidente Néstor Kirchner, como una política pública de visualización de determinadas problemáticas. En ese entonces se llamaba Programa Anti-impunidad y en 2008 se modificó al nombre actual”, explicó a Infojus Noticias Sandra Furio, coordinadora del programa. “Ya en el discurso de Néstor se visualizó una problemática y se decidió el acompañamiento de víctimas y familiares en la búsqueda de justicia”, agregó.

Entre los fundamentos de la creación del programa está que el Estado Argentino concibe la impunidad como la institucionalización de la injusticia, por lo que establece la misión de desactivar aquellos mecanismos que no garanticen el buen funcionamiento del sistema. La falta de acceso a la justicia, la denegación o el retardo de ella  y el abuso de poder constituyen en sí mismas situaciones de impunidad y una doble victimización que muchas veces conlleva el proceso penal.

Los casos que dieron origen al Programa fueron “los conocidos como de ´gatillo fácil´ pero la realidad es que por la envergadura se trata de casos de ´violencia institucional’ porque hay estructuras que hace que estos casos se padezcan”, explica Furio.

Integración entre técnicos y familiares 

Desde su conformación, el programa estuvo integrado por familiares de víctimas como Ezequiel Demonty, Natalia Mellman, Sebastián Bordón, Miguel Bru y Mariano Wittis. De hecho, Luis Bordón, el papá de Sebastián, fue el primer coordinador del programa.

“Ellos trabajan acá, muchos en la oficina y otros en los territorios. La particularidad de este programa es, precisamente, la integración que se da entre técnicos y familiares de víctimas, que es algo muy enriquecedor”, explica Furio. “Porque en general las familias que vienen buscan gente que pasó por lo mismo. Que haya familiares escuchando les da confianza. Se genera una empatía que es imposible lograr de otro modo. Y a la vez este es un Organismo del Estado Nacional. Es importante que no se encuentren solos”, agrega. “Tenemos la mirada de parte, eso hace que sea imposible que una persona o un caso se convierta en un papel, un número o un expediente. NNunca olvidamos que hay una persona, una familia detrás de cada caso”, agrega esta abogada, que cuenta con una amplia experiencia en Desarrollo Social de Nación.

Desde el Programa se articula y colabora con los diferentes organismos del Poder Judicial, impulsando medidas. “Hay diferentes ejes como para tener en cuenta. Por ejemplo, en el caso de causas armadas, sugerir que las pruebas  de ADN se hagan en la Corte y no en la provincia donde ocurrió el hecho. Presentar notificaciones, etc. Otras veces se trata de  operar de traductores de lo que dice el escrito de un juez, por ejemplo. La idea es ser parte de una red de acompañamiento de las familias. Tanto de profesionales como brindándoles un espacios con teléfonos y computadoras, para que puedan usar, porque muchas veces no disponen de ellos”.

El Programa funciona en todo el país y está dividido temáticamente dentro de las regiones. “Hay diferentes ejes como para tener en cuenta”. A nivel nacional el programa se organiza en diversos equipos de trabajo con competencias específicas que interactúan bajo una coordinación legal, técnica y administrativa.

A lo largo de estos once años de trabajo, el Programa acompañó en miles de casos. Entre ellos, el del barrendero Roberto Maciel de Cipoletti, que murió por estallido de una bomba que estaba dentro de una bolsa de consorcio y el Paulina Lebbos, la joven asesinada en Tucumán, en cuya causa hubo más de 7 años de secretario de sumario. “Nuestra participación parte de una desgracia y por más que estés “conforme”  con que se llegue a una condena, no es lo mismo cuando pasan muchos años”, explica Furio.

El programa centra también gran parte de sus esfuerzos en la prevención. "Damos charlas de participación ciudadana,  para que la gente sepa cuáles son sus derechos, porque si no hay cada vez más vulnerabilidad. Sobre todo para los más jóvenes, que están más expuestos. Que haya un organismo de la Secretaria acompañando significa que las personas no están solas. De lo que se trata es de visibilizar, no tirar debajo de la alfombra”, concluye Furio.