Infojus Noticias

A dos semanas del hallazgo del cuerpo de la activista trans Amancay Diana Sacayán, asesinada en su departamento del barrio porteño de Flores, aún no hay detenidos por su muerte. La causa judicial está caratulada como femicidio y hay dos querellas: una encarada por el Instituto Nacional de Lucha contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), donde Diana trabajó durante un tiempo en el área de diversidad sexual, y otra que representa a la familia. Nahuel Berguier y Gabriela Carpineti son, desde el jueves pasado, los abogados de su hermana Sasha. “Queremos que se agoten todas las instancias investigativas. También la línea de la violencia institucional”, dijo Berguier a Infojus Noticias en alusión a la denuncias contra las fuerzas de seguridad que ella había hecho.

El expediente acumula hasta hoy cinco cuerpos y la principal pista de los investigadores apunta a uno o dos hombres que entraron al departamento del piso 13 en Rivadavia al 6700, donde vivía Diana con una amiga. Dos porteros del edificio contaron que vieron entrar a estas personas pero que no las vieron salir. Un vecino también relató en sede judicial que en la madrugada del domingo 11 de octubre escuchó un fuerte estruendo, “como un mueble que caía al piso”. El ruido fue tan fuerte que lo despertó. Por los testimonios que figuran en la causa, los investigadores creen que el crimen fue entre las 3 y las 5 de la madrugada el domingo. Otra de las pistas que encontraron en el lugar es el arma homicida: un cuchillo de 30 centímetros de longitud. 

“El cuerpo presenta 13 puñaladas. Una o dos le dieron muerte y hubo un tiempo de agonía desde que las recibió hasta morir. Diana tenía cortes en los antebrazos, una señal de que peleó antes que la mataran. Por cómo estaba el lugar se nota que hubo un odio y saña particular y que no se trató de un robo”, dijo a Infojus Noticias Juan Kassargian, abogado representante del INADI. El asesinato de Diana está caratulado como femicidio, principalmente, por las características de la escena del crimen y la forma en la que fue encontrado el cadáver. Los investigadores descartan de plano que haya sido “en ocasión de robo”. Desde un primer momento, quienes tomaron contacto con el lugar hablaron de “signos de violencia”.

Violencia contra las travestis

La investigación está en las manos del titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº4, Matías Di Lello. El funcionario judicial trabaja en conjunto con la responsable de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), la fiscal Mariela Labozetta.

Labozzetta recibió en su despacho a referentes de organizaciones de diversidad sexual. Del encuentro participaron la activista de la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti y Transexual (ALITT) Lohana Berkins; el representante de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) Marcelo Suntheim; Martín Canevaro, por la asociación 100% Diversidad y Derechos; el integrante de Abosex Iñaki Regueiro De Giacomi; la especialista en temáticas de género Paula Viturro, y Josefina Fernández, por la Defensoría General de la ciudad de Buenos Aires.

Los referentes ofrecieron su colaboración en la investigación. Tanto Berkins como Suntheim relataron el modo en que las travestis son sometidas a situaciones de violencia en forma constante y la necesidad de que el caso se entienda en ese contexto.

Diana lideraba el Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación (MAL) y era referente de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays y Bisexuales (ILGA). Después de la sanción de la ley de Identidad de Género, participó de los proyectos de pensión y cupo laboral trans en la provincia de Buenos Aires.

En 2012, Diana recibió de manos de la presidenta Cristina Fernández su DNI con la identidad de género que eligió para su vida. Ese derecho civil adquirido no fue un principio ni un fin: su activismo había empezado mucho antes y siguió hasta los últimos días.

Una marcha para pedir Justicia

“Estamos preparando una marcha para el 2 de noviembre en el centro de San Justo, La Matanza, para reclamar que se investigue la muerte de Diana y nos den respuestas. También porque queremos que se  continúe con las luchas que había ella había empezado. Por ejemplo, queremos que se reglamente la ley de cupo laboral trans en la provincia de Buenos Aires y desde ahí que pueda proyectarse a nivel nacional”, dijo Verónica Luna, compañera de activismo de Diana en el Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación (MAL).

Sobre el curso de la investigación judicial, Luna contó: “Hay amigos de Diana que hasta los últimos días de la semana pasada estuvieron declarando y entendemos que se deben mantener los cuidados necesarios porque hay mucha información que circula cargada de estigmatizaciones y puede confundir. Queremos para que la investigación sea lo más transparente posible y avance”.

Diana había sufrido dos agresiones que llegó a denunciar. La última, en agosto pasado, con la Policía Metropolitana: tras ser agredida por un hombre en la calle, llegó la Policía y se la llevaron presa junto a otro activista. La maltrataron, amenazaron y denunciaron por resistencia a la autoridad con lesiones.

Una semana después, la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) denunció a la Metropolitana por la agresión. “Son prácticas sistemáticas de la Metropolitana atacar a grupos sociales vulnerables y vulnerados", dijo el titular de la fiscalía especializada, Miguel Palazzani, quien pidió la indagatoria de al menos 12 policías por torturas y privación ilegítima de la libertad de Diana y un empleado del INADI.

La agresión anterior había ocurrido en agosto de 2013. Diana contó que un hombre “blanco, alto” le destrozó la cara a golpes en la estación Laferrére, en La Matanza. Y agregó que esa noche cuatro gendarmes vigilaban la zona y detuvieron al agresor, pero terminaron por dejarlo ir. “¡Miren lo que me hizo!”, les gritó con la cara  ensangrentada y los agentes de seguridad terminaron por golpearla en las costillas. Solo logró frenar la nueva golpiza, cuando les dijo que trabajaba en el Ministerio de Justicia. Ahí le dijeron: “¡Corré!”.  A partir de ahí, se había reunido con funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos para denunciar el accionar de las fuerzas de seguridad y planteó la necesidad de generar protocolos de actuación específicos.

MFA/MM/RA