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El titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos), José Sbatella, afirmó hoy que a las corporaciones y grupos económicos "les molesta" que el Estado haya recuperado su poder de policía, y por eso "van a intentar que esto se frene".

"Venimos de una desarticulación del poder del Estado que costó diez años superar, y eso molesta a un mundo de corporaciones y grupos económicos", sostuvo Sbatella.

Agregó que ese sector estaba "muy seguro de que había impunidad en una gran cantidad de situaciones, y una gran discrecionalidad en cómo se manejaban las decisiones económicas".

Sbatella inauguró hoy, junto con el titular de la Sindicatura General de la Nación (Sigen), Daniel Reposo, el Programa de Capacitación en Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, orientado a sujetos obligados del sector público.

“La acumulación la está regulando un gobierno surgido de la voluntad popular. Y eso no es agradable para estos sectores, les molesta no ser los que deciden, tener que negociar con los que deciden. Y va haber que pelear para que esto continúe y para defender lo logrado", manifestó el funcionario.

Sbatella interpretó que "la cultura económica de nuestro país tiene una plasticidad ética respecto del delito económico; pareciera que no es tanto".

"Pero cuando uno ve los números de las causas de lavado y lo que se puede hacer con esos dineros y lo que socialmente cubrirían esos montos, se da cuenta del daño", agregó el titular de la UIF.

Consideró luego que "no se puede hacer esto sin voluntad política del Estado", y aclaró que "recién ahora estamos viendo la salida del Estado bobo, al actuar en forma coordinada con la Sigen, la AFIP, el Banco Central y la Comisión Nacional de Valores".

"Hoy existe una coordinación de ese poder de policía, que pone reglas y con las cuales hay que convivir y cumplir. Eso no estaba. Y eso son diez años de voluntad política que molestan", insistió.

Sbatella remarcó que "en cuatro años hemos cambiado casi todo el esquema legal heredado, con una nueva ley de lavado de dinero y nuevas reglamentaciones en funcionamiento, en un sistema de colaboración público privado de prevención de un delito".

"De 350 sujetos obligados en 2009 pasamos a 25 mil en la actualidad, y trabajamos con un nivel de información casi inmediato de la problemática de cada sector", puntualizó.

"Eso -dijo- es un cambio cultural; hoy la sociedad argentina sabe lo que significa el lavado de dinero, el daño que se produce con este delito, que afecta la convivencia económica con quienes trabajan por derecha".

Reposo coincidió al respecto, tras señalar que "no podemos seguir adelante con las políticas de inclusión social, en la medida en que se lava dinero, porque el Estado no tiene recursos suficientes para seguir desarrollando sus políticas".-