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El salón de conferencias de la Legislatura porteña estaba repleto: legisladores, referentes de las organizaciones sociales y periodistas se acercaron a partir del mediodía para asistir a la conferencia de prensa a cuatro años de los asesinatos impunes de Jonathan Kiki Lezcano y Ezequiel Blanco en manos de un policía de la Federal. Frente a ellos se veía la foto de Kiki, con la leyenda “Justicia: ayudános a conseguirla”.

Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo; Vanesa Orieta, hermana de Luciano Arruga; Pablo Ferreyra, hermano del militante del PO asesinado en 2010; Pablo Pimentel, titular de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de La Matanza; Luciana Pol, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y los abogados Juan Manuel Combi y Adriano Agreda acompañaron en la mesa a Angélica Urquiza, la madre de Kiki.

“Yo nada más sabía de criar hijos, tuve que aprender a luchar. A mi hijo lo seguían matando cada vez que no me daban información cuando iba a buscarla. Ni siquiera conocí la cara del juez. Los únicos que se acercaron a mí fueron jóvenes de la edad de Kiki, que me enseñaron a luchar y salir a la calle", dijo Angélica entre lágrimas mientras Cortiñas le sostenía una mano.Todos la acompañaron con un emotivo aplauso. Angélica se escondió en un abrazo de Orieta que estaba a su lado. “Cada injusticia como la de Kiki es un dolor que las madres asumimos”, dijo Cortiñas.

En su exposición  el abogado que lleva la causa, Juan Manuel Combi, denunció la negligencia en la investigación: “Hoy no podemos contar con la vestimenta de Kiki porque la policía la perdió en una inundación, igual que en el caso de Fernando Carrera", dijo y agregó: "Llamamos a la ciudadanía para cuestionar a la Justicia que no trata de igual manera a un pobre y a un rico”.

Luciana Pol, del CELS, habló como referente del área de violencia institucional del organismo: “Todos los casos de violencia policial son graves, pero pocos concentran la negligencia y la discriminación por parte de los actores estatales como el caso de Kiki. Después de la denuncia de desaparición de los chicos, la Justicia tardó 15 días en dar el primer paso y 42 días en dar comunicación a la División Búsqueda de Personas de la Policía Federal”. Y llamó a cuestionar las versiones oficiales cuando se trata de muertes en manos de policías. También pidió que la nueva Procuraduría contra la Violencia Institucional “ponga el ojo en el caso”.

“Cuando hablamos de democratización de la Justicia, tenemos que pensar y profundizar en la celeridad de los procesos. Tanto en el caso de Luciano Arruga como en el de Kiki no hay imputados. Esto no colabora en reparar el dolor de las familias, sobre quienes recae la politización del caso”, expuso Pablo Ferreyra.

Vanesa Orieta, hermana de Luciana Arruga, estaba sentada al lado de Angélica y le sostenía la otra mano. Habló sobre el gatillo fácil como una problemática que “ningún gobierno ha podido resolver”.

El 8 de julio de 2009, Ezequiel, de 25 años, y Kiki, de 17, salieron de sus casas en la villa 20 de Lugano. Después de esa noche, sus familias no supieron nada de ellos. Sus cuerpos aparecieron dos meses después. Uno estaba enterrado como NN en una fosa de Chacarita, y el otro en la morgue judicial.

El agente Daniel Santiago Veyga, de la comisaría 12, declaró que el 8 de julio Kiki y Ezequiel lo encañonaron para robarle su camioneta, y como descubrieron que era policía quisieron matarlo. Por eso el sacó su arma reglamentaria y disparó. Un vídeo filmado con un celular muestra otra versión de los hechos: refleja un claro caso de gatillo fácil. En la imagen se ve a Ezequiel en el asiento de atrás con dos disparos, ambos en el entrecejo. AKiki se lo ve todavía vivo, intentando respirar, con una bala en el cuello. El hombre que filma lo insulta.

La causa se instruyó como “NN robo de automotor” y recayó en el Juzgado de Instrucción N° 49, a cargo de Facundo Cubas. El juez sobreseyó al policía imputado sin conocerlo. Por escrito, Veyga dijo que había sido disparado en legítima defensa, un argumento que suelen usar los policías para enmascarar los casos de gatillo fácil. Cubas le creyó.

El 21 de noviembre de 2012 la Sala IV de la Cámara Nacional de Casación Penal revocó el sobreseimiento del policía imputado y  apartó de la causa a Cubas y a los camaristas de la sala VII de la Cámara Nacional Criminal y Correccional, que  habían confirmado el fallo del juez de primera instancia. Luego de este fallo, el Ministerio de Seguridad pasó a disponibilidad a Veyga. La causa recayó en el juzgado de instrucción N° 24, a cargo de Juan Ramos Padilla que investiga hoy en día el caso.