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Eran las ocho de la mañana cuando sonó la alarma de incendio en el depósito de Barracas de la multinacional Iron Mountain. Nadie imaginó que las llamas que comenzaron a crecer en el segundo sector del edificio acabarían con la vida de diez bomberos y rescatistas, tras provocar el derrumbe de una pared. A un año de la tragedia, todavía no se sabe cómo se produjo el incendio. En el expediente que investiga a la empresa por presunto lavado de dinero tras una denuncia de la AFIP, en tanto, la PROCELAC determinó que por el momento no hay pruebas que la incriminen. Sin embargo, la Unidad de Información Financiera (UIF), querellante en la causa, indicó que aún está a la espera de un informe de la AFIP que debe corroborar su denuncia previa y que es clave para el avance de la investigación.

Lo primero que hicieron los empleados de seguridad y limpieza que ese 5 de febrero de 2014 estaban en el depósito de la calle Azara 1245 fue llamar al 911. Entonces comenzó un horror que duraría días y una investigación que aún intenta determinar si el incendio fue accidental o intencional.

La fiscal que tiene a cargo la investigación de las causas del incendio es Marcela Sánchez, interinamente a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción N°37. Según informó a través de un comunicado publicado en Fiscales.gob.ar, espera recibir en los próximos días “los resultados de los análisis realizados por la División Siniestros de la Policía Federal Argentina sobre las muestras tomadas durante las tareas de remoción de los restos del galpón”.

Además, explicó que para contar con pericias diferentes que permitan comprender mejor el origen de la tragedia, también había ordenado informes del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), “que se demoraron por cuestiones burocráticas”, pero que está a la espera de recibir.

“Puedo entender que la sociedad y las familias reclamen resultados urgentes, pero hay que tener en cuenta no sólo el tamaño del galpón y la enorme cantidad de material que allí se guardaba, sino también la complejidad de la pericia encomendada, las enormes sumas dinerarias invertidas para contar con las maquinarias que permitieron los trabajos y el pormenorizado trabajo que efectuaron las decenas de especialistas intervinientes”, dijo Sánchez tras cumplirse un año del incendio.

A causa del derrumbe, fallecieron los bomberos Leonardo Day, Anahí Garnica, Eduardo Adrián Conesa, Damián Véliz, Maximiliano Martínez,  Juan Matías Monticelli,  José Luis Méndez Araujo, Sebastián Campos, Facundo Ambrosi y el rescatista Pedro Báricola de Defensa Civil del Gobierno de la Ciudad.

Hay otra causa que involucra a la multinacional Iron Mountain, pero que ya la tenía en la mira meses antes de la tragedia. El Juzgado en lo Criminal y Correccional N°12, a cargo de Sergio Torres –ahora de licencia-, investiga a la empresa por presunto lavado de dinero realizado a través de sociedades pantalla.  

En este contexto, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) sacó un informe en el que a partir del análisis de cajas de 642 firmas que almacenaban documentos en el depósito concluyó que no es posible establecer ninguna “hipótesis delictual”. Sin embargo, el equipo a cargo del fiscal general Carlos Gonella no descarta que se pueda avanzar si aparece nueva información.

La AFIP había denunciado meses antes de la tragedia a la empresa Iron Mountain por transacciones financieras que consideró sospechosas. Las firmas controlantes de la multinacional, Iron Mountain South America Ltd. y Iron Mountain Chile Servicios SA, fueron constituidas en paraísos fiscales. Según informó por entonces la UIF, Iron Mountain South America es “una sociedad pantalla, sin actividad real, utilizada como medio para ocultar al titular real y el origen de los fondos”.

En plena investigación, tras el incendio surgió la pregunta acerca de la documentación que se perdió por la acción del fuego. Es por eso que aunque la PROCELAC indicó que con la información actual no se puede avanzar en la investigación preliminar, advirtió que es necesario adoptar nuevos mecanismos de control.

“La posibilidad de acceder a la ubicación de los depósitos que utilizan entidades bancarias o financieras, contar con los datos del responsable de cada empresa respecto de la guarda de información, como la obligación de digitalizar documentación relevante, dentro de muchas otras, es importante de conocer en ocasión de decidir respecto de fiscalizaciones administrativas u ordenar allanamientos y secuestros de documentación por parte de la Justicia”, expresaron desde la Procuraduría.

Gracias a la recomendación de la PROCELAC, la Comisión Nacional de Valores (CNV) elevó el estándar para el resguardo de documentación. Ahora las empresas deberán informar dónde guardan los archivos y asegurar su “inalterabilidad”. Mientras tanto, la Unidad de Información Financiera (UIF), también querellante en la causa, indicó hoy a Infojus Noticias que está a la espera de un informe de la AFIP ordenado por el juez Torres para confirmar las sospechas informadas en su denuncia previa.

A un año de la tragedia de Iron Mountain, las únicas certezas son los nombres de los diez bomberos y rescatistas que perdieron la vida mientras trabajaban para apagar el incendio y socorrer a las personas que ahí trabajaban.