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La demolición de los talleres

El conflicto en el Borda comenzó a mediados de 2012, cuando el gobierno porteño quiso trasladar el taller para construir en el espacio un centro cívico. En julio de ese año fue cerrado, y en enero de 2013 la jueza Elena Liberatori ordenó su reapertura. En febrero, la jueza Andrea Danas revocó la medida alegando ya se había construido otro lugar para cumplir la misma función. En ese fallo se basó el gobierno porteño para destruir el taller.

La demolición fue ordenada por el ministro de Desarrollo Social, Daniel Chaín, quien pidió, para garantizarla, la presencia de la Metropolitana. La represión habría comenzado, según el ministro de Seguridad Guillermo Montenegro, cuando dos trabajadores arrojaron piedras a la policía que custodiaba las topadoras. “Si creemos que tirarle piedras a la policía está bien estamos en un grave problema”, dijo en la indagatoria a la que fue sometido el día siguiente a la represión en la Legislatura porteña.

La vicejefa de gobierno presenciando la represión

La responsabilidad de las máximas autoridades porteñas en la represión motivó una de las dos causas abiertas por la represión. En ella, un grupo de trabajadores reprimidos se constituyó como querella encabezada por el secretario gremial de ATE, Luciano Fernández, quien dijo a Infojus Noticias que buscan “que la situación no quede impune, para poder establecer la responsabilidad del gobierno porteño”.

Por esa razón, esa querella presentó como testigos a dos trabajadores de ATE que dicen haber visto a María Eugenia Vidal, vicejefa de gobierno, durante la primera hora de represión en el Borda. De esta manera se caería lo que dijeron las máximas autoridades: que no sabían de la represión y por eso no la frenaron. “El corolario de la situación fue una conferencia de Macri, que siguió la represión por TV sin mandar a cesar la brutalidad de la Metropolitana, donde hizo lo que hace siempre: deslindar responsabilidades”, dijo Fernández. Los testigos no fueron llamados a declarar en la causa.

Llamado de Aníbal Ibarra al ministro Montenegro

Otra línea de investigación propuesta por la querella es un llamado telefónico del diputado porteño Aníbal Ibarra. Consultado por Infojus Noticias, el legislador dijo que esa mañana, al enterarse de la represión, llamó al jefe de la Metropolitana Daniel Giménez –procesado en la causa junto con los funcionarios- y le pidió que le pasara con Montenegro. “Le dije que ya había logrado lo que buscaba: destruir ilegalmente el taller, que por qué no se iba con las máquinas y terminaba con esa situación de tensión. Al minuto y medio frenó la represión y se fueron”.

Trabajadores procesados

En la otra causa por la represión hay siete trabajadores procesados por agredir a la policía, entre ellos una enfermera del hospital que camina con bastón. Daniel Catalano, secretario de ATE, está procesado por tentativa de robo y lesiones: le quitó la macana a un policía y la arrojó lejos para evitar seguir siendo golpeado. Los trabajadores presentaron un recurso de queja sobre el procesamiento, pero la Cámara de Apelaciones lo confirmó e irán a juicio oral y público.

Funcionarios sobreseídos

En diciembre, el juez Jorge Adolfo López dictó el sobreseimiento de todos los funcionarios por la represión, a saber: el jefe de Gobierno Mauricio Macri; la vicejefa María Eugenia Vidal; el jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta; el ministro de Desarrollo Urbano Daniel Chaín;  el ministro de Seguridad Guillermo Montenegro; la ministra de Salud, Graciela Reybaud; y el jefe de la Policía Metropolitana, Horacio Giménez. Quedó como único procesado el agente de la Policía Metropolitana Martín Roth.

Lucas Arakaki, abogado de la querella encabezada por Fernández y el secretario general de ATE, Alejandro Gianni, explicó a Infojus Noticias que “hay un delito comisivo, que fue poner tanta policía mostrando una decisión previa de las autoridades para llevar adelante la represión, lo que podía tener estas consecuencias. Pero también hay un delito omisivo, ya que una vez largada la represión no dieron orden de frenarla”.

Catalano dijo que “aunque no tuviera el arma en la mano, Macri dio la orden para que se ejecutara la medida, desconociendo, además, la medida cautelar que impedía desalojar o demoler los talleres”, y aclaró que buscan establecer “la relación entre el que apretó el gatillo y el que dio la orden: nadie reprime si no recibe orden de un superior”.

Ayer ese sobreseimiento fue revocado por la Sala IV de la Cámara del Crimen: la responsabilidad de la cúpula gubernamental porteña debe seguir siendo investigada, dijo el tribunal en el fallo. Catalano celebró el hecho y dijo que “esto abre la brecha de investigación: permite que presentemos a nuestros testigos, que pidamos escuchas a las empresas de telefonía celular y abre el camino para establecer la responsabilidad de la cúpula, que es lo que López buscó trabar al dictar el sobreseimiento”.