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En el marco de la causa por la muerte del paciente Matías Carbonell, ocurrida el 12 de noviembre de 2010 en el Hospital Borda, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) –querellante en la causa en representación de la familia– pidió a la Justicia que llame a declaración indagatoria a diez profesionales del neuropsiquiátrico, para determinar sus responsabilidades en los hechos.

Carbonell murió a los 23 años, después de estar internado en el hospital del barrio porteño de Barracas. En el marco de la causa, tuvieron lugar diversos allanamientos al hospital, con el objeto de identificar si existieron –o no– irregularidades en su tratamiento. En abril pasado, el CELS participó de uno de ellos, que confirmó diversas incongruencias en los registros vinculados al tratamiento recibido por el joven y falsedad en la información.

Asimismo, el 6 de noviembre, culminó el proceso pericial en el que se analizó la documentación recabada durante la investigación. Según la querella, “la precisión de los puntos de pericia ordenados por el fiscal, producto del informe preliminar realizado por una médica forense del Ministerio Público Fiscal, exigió a los peritos oficiales una evaluación más exhaustiva sobre la prueba recolectada. Gran parte de esa evaluación debió ser considerada en la primera oportunidad de su intervención, al hacer la autopsia en 2010, lo que denota por lo menos un desempeño negligente del Cuerpo Médico Forense”.

En el marco de la causa, y como consecuencia de los allanamientos, se constataron, entre otras irregularidades, que faltaban historias clínicas completas, así como los registros de los años 2009 y 2010 del ex Servicio 14–22, donde estaba internado Carbonell. Además, se encontró información sobre el joven, guardada en un armario, sin identificación en la guardia; y se halló un registro de 46 personas fallecidas a lo largo de esos dos años –sobre una población total de 800 pacientes–, un número que supera los índices de muertos en cárceles, según informó el CELS.

Para la querella, se encuentra probado que los profesionales que intervinieron desplegaron una serie de maniobras tendientes a ocultar lo que le ocurrió a Carbonell y presentar una versión falsa de los hechos.

Los médicos que atendieron al joven en la terapia intensiva del Hospital Penna, al que llegó derivado desde el neuropsiquiátrico, encontraron huellas de electroshock –quemaduras de tipo B compatibles con pasaje de corriente eléctrica, una práctica irregular– y constataron que había engordado 20 kilos, producto de la sobremedicación.

Los peritos oficiales reafirmaron que “el traslado compulsivo y violento que sufrió Matías desde el Servicio 25–B hacia el 14–22, en diciembre de 2009, fue inadecuado”. Desde el CELS, consideraron que “se trató de un castigo y que fue el primer paso de un derrotero que deterioró progresivamente el estado de salud de Matías”. En ese sentido, afirmaron que “esos hechos influyeron negativamente en la atención durante ese último periodo de internación, en tanto se trató de una derivación a un servicio que no contaba con las condiciones mínimas de infraestructura, higiene y personal, razones por las que fue cerrado tras el dictado de una orden cautelar de la justicia contenciosa de la Ciudad”.

La querella denunció que Carbonell  “recibía medicación por encima de las dosis correctas, sin registro de los controles correspondientes, que no estaba indicada para el diagnóstico que se le había atribuido, lo que solamente podía responder a un fin de sedación y control social”.

En ese marco, solicitaron a la Justicia el llamado a indagatoria de los profesionales, entre los que se encuentran enfermeros y médicos que atendieron al joven, para “avanzar en la determinación de las responsabilidades individuales sobre los sucesos que llevaron a la muerte de Matías, luego de un largo derrotero de violencia física, verbal y psicológica, que sufrió dentro del manicomio”, precisaron.

PC/LL