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Especialistas en adopción, jueces, representantes de los registros de adopción provinciales y operadores que trabajan en el tema de todo el país participan hoy del encuentro "Hacia una adopción respetuosa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes", organizado por el ministerio de Justicia y Derechos Humanos. En el auditorio de la Sindicatura General de la Nación donde se hace el encuentro, el público a pleno irrumpió en aplausos tras escuchar el testimonio de una pareja que adoptó a una niña cuando tenía nueve años. “Ella vino con su historia, y eso nos enriqueció la vida”, escucharon que dijo la mujer cuya imagen se proyectaba en la pantalla.

Estuvieron en la apertura del encuentro el director nacional del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (DNRUA) Gustavo Herrero; el secretario de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF), Gabriel Lerner,  y Florence Bauer, especialista en protección de UNICEF. Los tres destacaron el impacto que tendrá la reciente sanción del Código Civil y Comercial (CCyC) en la protección de los derechos de niñas, niñas y adolescentes que, por distintos motivos, “no pueden desarrollarse en su familia de origen”. "Este Código en dos años nos da la posibilidad de decir que el instituto de la adopción es un lujo desde la perspectiva de los derechos humanos", remarcó Lerner y convocó a los presentes a trabajar en este sentido.

El Código propone un nuevo paradigma en materia de adopción. Privilegia a los niños y adolescentes, les restituye sus derechos, pone plazos a la justicia y amplía la plataforma de adoptantes. La resolución para que la justicia declare el estado de adoptabilidad de un niño o adolescente tendrá un plazo de 90 días y podrán adoptar no solo los matrimonios y las personas solas, sino que lo podrán hacer las parejas que integran uniones de hecho, al tiempo que las entregas directas quedan definitivamente prohibidas.

Herrero destacó que la nueva reglamentación colabora en evitar las prácticas conocidas como “guardas puestas”, “guardas de hecho” o pactos de "entrega directa", donde los niños, niñas y adolescentes corren el riesgo de ser reducidos “a la condición de objetos de transacción -onerosa o gratuita- a través de mecanismos irregulares o ilegales”. En su conjunto, los expositores advirtieron la necesidad de poner coto a las resoluciones judiciales que avalan y formalizan “situaciones de hecho, que se realizan al margen del marco normativo vigente”.

El director del registro único señaló que a las limitaciones que en este sentido impone el nuevo CCyC, sería fundamental que en el marco del proyecto de modificación del Código Penal, se contemple la penalización de estas conductas, avaladas o permitidas, hasta ahora, por funcionarios y operadores judiciales. Como ejemplo, en el segundo panel el jefe del Registro Único de Adopción de Córdoba, Ricardo Rosemberg, contó que en su provincia hasta 2002, el sistema de adopción funcionó en la más “absoluta irracionalidad”: “había listas de aspirantes en los cajones del Ejecutivo y otras en los de cada juez”, lamentó.

Rosemberg, también contó que su provincia se integró al Consejo Consejo Consultivo de la DNRUA, días atrás y lo destacó como un paso adelante. Actualmente, San Luis, Catamarca, Santiago del Estero y Formosa son las únicas provincias que no participan del Consejo, porque aún no han adherido a la ley nacional de adopciones aprobada en 2004. Ahora, con la sanción del nuevo CCyC, “todas las provincias tienen la obligatoriedad de estar inscriptas en el registro para ser adoptantes”, explicó Herrero. En este mismo sentido, el defensor general de Entre Ríos, Maximiliano Benítez, afirmó que “el Estado no puede abdicar la responsabilidad de elegir la familia más apta para que el niño se desarrolle plenamente en sus derechos”.

En estos momentos, 7000 familias están inscriptas en el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos, informó a Infojus Noticias Juan José Jeannot, el coordinador del equipo interdisciplinario que trabaja en el área. El 92% están en el listado con el fin de brindar una familia a niños y niñas de hasta un año de edad; el 26% hasta los 6 años y solo el 1% hasta los 12 años.

Por esto, al abrir el encuentro Herrero habló sobre la responsabilidad de las áreas involucradas para revertir esta situación. “Hay chicos que son más grandes, grupos de hermanos o con patologías y no hay postulantes para brindarles una familia”, dijo Herrero y agregó: “tenemos que hacer visible la situación y acompañar a las familias desde el Estado para que puedan hacerlo”.

Florence Bauer, especialista en protección de UNICEF, coincidió en destacar el CCyC como un avance en la protección de derechos de niños, niños y adolescentes y destacó las políticas públicas que consideran a la “familia de origen como la primera opción”. En esta línea, el titular de la SENNAF, Gabriel Lerner destacó que según datos recogidos por su área, “la inmensa mayoría de los niños viven con sus progenitores o con alguno de ellos”.

El funcionario agregó que el 50% de los niños, niñas y adolescentes que estuvieron con medidas de protección egresan del sistema por “re vinculación con su familia de origen”; pero del 50% restante el 28% egresan por mayoría de edad y solo 7% por guardas con fines adoptivos o adopción definitiva; y presentó estos como los datos a revertir en el marco de la implementación de nuevas políticas públicas que consoliden la promoción y protección de los derechos de estos chicos.

A su turno, la diputada nacional y titular de la comisión de Legislación General, Anabel Fernández Sagasti, relató el proceso por el que se llegó a la sanción del nuevo CCyC, con 18 audiencias en todo el país y más de 1.100 ponencias de expositores que opinaron sobre el tema. Aseguró que el proyecto para modificar la ley de adopción, que comenzará a debatirse la semana próxima en la Cámara baja, "es de gran importancia social" y afirmó que el oficialismo "está decidido a avanzar para lograr un texto consensuado que busque agilizar el trámite judicial".