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El ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Julio Alak, informó hoy que "los saqueos son organizados, no espontáneos y se dan en forma simultánea con medidas de fuerza" de policías. Y remarcó: “Exhortamos a que las policías provinciales depongan esta actitud”. Alak brindó una conferencia de prensa con el secretario de Justicia, Julián Álvarez. El funcionario remarcó que "no se puede privar a la población de la seguridad pública" y sostuvo que "los saqueos no obedecen a necesidades alimentarias".

“Pudimos comprobar que los saqueos son organizados, y no espontáneos. Hay una organización que los estimula y los induce y se da en forma simultánea con las medidas de carácter esencial, como lo son la ley. Nadie puede ser privado de ese derecho por una medida de fuerza. No se puede privar a la comunidad de un servicio esencial como lo es la seguridad pública”, informó Alak.

“Un saqueo es una violación a la ley. Y la Justicia va a actuar con toda firmeza, al igual que con quienes deben prestar un servicio público y no lo están haciendo. Nadie dice que no se pueden analizar las necesidades de ese sector, pero éste no es el modo. Quienes deben proteger  la ley, no pueden estar incumpliendo con la ley”, señaló Alak.

Con respecto al reclamo de los policías, Alak instó a los efectivos que protestan en distintos puntos del país para que depongan la medida de fuerza. “Llamamos a la reflexión para que las fuerzas de seguridad depongan la privación del servicio público de seguridad, más allá de las necesidades que puedan plantear”, destacó.

El titular de la cartera de Justicia fue enfático con respecto a la seguridad pública y en relación a la ilegalidad de la medida de fuerza de los policías. “Va contra la ley. No pueden recurrir a estos reclamos, cuando está de por medio un servicio público esencial como es la seguridad pública.  Ningún ciudadano puede ser privado de ella. Esto lo sabe un ingresante a la fuerza. Sabe que no puede recurrir a medidas de fuerza por el carácter de esencialidad”, dijo Alak.

El ministro habló de la motivación de los saqueos. “Tienen un componente claro: no obedecen a una necesidad alimentaria. Se han robado joyerías, así que eso demuestra claramente que no responden a una necesidad social. Recordemos que la Argentina tienen una de las tasas de desocupación más bajas de su historia”, expresó.

"Quien ingresa en una institución policial sabe que no puede recurrir a una medida de fuerza", subrayó Alak, para quien también surgen "claros indicios" del accionar de una organización "delictiva" a partir de la "elección de la época del año". "Es una minoria que genera un impacto importante. Queremos decir que la mayoria está prestando el servicio público, el gobierno no pretende inculparlos. Lo que queremos es que cumplan con el servicio que tienen que brindar", agregó. 

¿Sobre qué actores se va a avanzar judicialmente?, preguntó Infojus Noticias. “Los delitos a imputar serán: alteración al orden público, robo agravado, extorsión y amenaza, intimidación pública, apología. Se avanzará judicialmente sobre la sucesión de saqueos que tuvimos en las últimas semanas en diferentes provincias argentinas. Algunos servicios pueden ser objeto de medidas de fuerzas y otros no: la seguridad pública no puede ser objeto de medidas de fuerza, es decir su prestación es obligatoria, como lo es la de los médicos en los hospitales públicos o la de los controladores de tránsito de vuelo. Por esta razón el paro de ese deber normativo es claramente un delito”.

“Hay otro sector que aprovecha estas zonas liberadas que genera la policía. Son organizaciones de delincuentes que son estimuladas algunas desde las redes sociales, que plantean ir a saquear comercios. La conducta pública que tuvieron frente a la ley está siendo examinada por los fiscales argentinos, que los van a imputar seguramente por incumplimiento del orden público en el caso de la policía y, en el caso de los saqueadores,  por robos agravados, alteración del orden público o intimidación y extorsión”, agregó el ministro.

Mientras que la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, “dictó una resolución donde todos los fiscales federales van a priorizar los hechos de saqueos e incumplimiento”. A su vez, Alak anunció que el próximo viernes Gils Carbó y Julián Álvarez se reunirán en Córdoba junto con procuradores y fiscales federales. “Se coordinará y dará la máxima precisión a los procesos de investigación y procesamiento para quienes no están cumpliendo con la ley”, expresó el ministro.

"Nosotros hemos tratado a través del Ministerio de Justicia de aportarles pruebas a los fiscales competentes, además vamos a convocar a todos los procuradores y fiscales generales de todas las provincias, para el próximo viernes en Córdoba. El objetivo es evaluar políticas uniformes de investigación, imputación y procesamiento tanto de  las fuerzas de seguridad como también los particulares que promueven robos y saqueos. El temario central será de qué manera podemos coordinar a la justicia para una tarea de imputación rápida de los saqueadores y de los policías que no cumplen con su servicio", dijo a Infojus Noticias.

Desde la cartera de Justicia, además, se está trabajando con la Subsecretaría de Política Criminal. “Estamos haciendo un seguimiento de quienes promueven los saqueos”, dijo Alak. Y remarcó: “Que se sepa que es un delito, y que la justicia actuará con toda la firmeza frente a estos hechos”.

Alak concluyó: “El gobierno nacional tiene la fortaleza suficiente para poder enfrentar esta situación de ilegalidad.”