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El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, recibió a autoridades del Colegio de Abogados y del municipio de Lomas de Zamora para avanzar en la implementación conjunta de políticas públicas impulsadas por la cartera a su cargo. Entre ellas, se conversó sobre el programa de financiamiento a investigaciones jurídicas que se desarrolla a través de Infojus y de la apertura de nuevos Centros de Acceso a la Justicia.

De la audiencia participaron el vicepresidente del Colegio de Abogados de Lomas de Zamora (CALZ), Víctor Matassi; su secretario, Leonardo Clemente; y el secretario de Justicia de la Nación, Julián Álvarez. También estuvieron presentes Javier Rodiño, consejero titular del CALZ; Adriana Coliqueo, referente de la Lista Azul y Blanca de abogados de esa localidad y Paula Pontoriero, directora nacional del Sistema Argentino de Información Jurídica.

En la reunión se avanzó en una propuesta de desarrollo de un programa de incentivos a la investigación jurídica, destinado a los matriculados del Colegio de Abogados de Lomas de Zamora, que el ministerio está implementando a través de Infojus en universidades nacionales y colegios de abogados de todo el país.

Además, Alak y Matassi, que a su vez se desempeña como secretario de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de Lomas de Zamora, avanzaron en los principales puntos de un convenio que se firmará a la brevedad para que los programas y políticas públicas impulsadas por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación se desplieguen en el municipio de Lomas de Zamora.

En este sentido, se conversó  sobre la construcción de Centros de Acceso a la Justicia, para brindar asesoramiento y orientación profesional a vecinos de distintos barrios, así como la realización de operativos itinerantes de Consulados Móviles que permitan descentralizar las tareas llevadas adelante por la justicia.

El acuerdo también permitirá crear en el distrito delegaciones del Registro Nacional de Armas (RENAR) donde funcione permanentemente el Plan de Desarme Voluntario, y del Registro Nacional de Reincidencia (RNR) para la emisión descentralizada del Certificado Digital de Antecedentes Penales.

El acuerdo marco sobre el que se avanzó en la reunión también permitirá implementar el Programa de Asistencia para las Personas con Discapacidad en sus Relaciones con la Administración con la Justicia (ADAJUS) así como trabajar en conjunto con la Oficina Anticorrupción para elaborar políticas que busquen promover la transparencia en la gestión pública.