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El ex presidente Carlos Menem seguirá hoy por videoconferencia, desde su domicilio en la ciudad de Buenos Aires, el pedido de penas que presente en su contra el Ministerio Público Fiscal por el delito de peculado, en la causa por los sobresueldos durante su mandato. Lo acusan por instaurar, junto a su entonces ministro de Economía Domingo Cavallo, un sistema de pagos mensuales a sus ministros y secretarios con dinero de fondos de la SIDE originalmente “destinados a la seguridad del Estado”.

La semana pasada, la querella de la Oficina Anticorrupción (OA) pidió para el ex mandatario una condena a cinco años y seis meses de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La defensa de Menem justifica estos pagos alegando que los sueldos de los funcionarios políticos de su gobierno eran escasos en comparación con los de los trabajadores con carrera en el Estado.

“No es un sobresueldo, es un sobre y punto”, dijo a Infojus Noticias el fiscal Diego Velasco. Coincidió en la apreciación con los abogados de la OA que, durante sus alegatos, indicaron que el ex presidente estaba facultado para incrementar esos sueldos, abonar gastos de representación u otras formas de compensación legalmente previstas.

Esta causa se inició en 2004, a raíz de la declaración de un colaborador del ex ministro Raúl Granillo Ocampo, en el juicio en el que Alsogaray fue condenada por enriquecimiento ilícito. El testigo contó que todos los meses percibían en la Jefatura de Gabinete una sobresueldo con 50 mil pesos/dólares adicionales colocados en sobres o dentro de una carpeta.

Para aumentar los fondos reservados con que se pagaron esos sobresueldos, según la acusación, Cavallo reasignó partidas previstas originalmente, por ejemplo, para realizar obras y servicios públicos. Y, según la querella de la OA, cobró de esta manera $ 220.868, “a valor nominal a la fecha de la sustracción, convertibles en dólares”; en su caso, pidieron una condena a cuatro años y seis meses de prisión, inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.

“Sabía que los fondos venían de la SIDE, que no tienen como función pagar sueldos sino garantizar actividades de Inteligencia para la seguridad de la Nación”, refirieron desde la querella sobre el rol y las atribuciones de Cavallo.

Los otros acusados

Fuentes de la investigación estimaron que, entre 1991 y 1999, cada ministro menemista habría recibido 50 mil pesos/dólares mensualmente y los secretarios, 40 mil. Lo que llegó a juicio, ante el tribunal integrado por los jueces Néstor Costabel, Oscar Bertuzzi y Patricia Mallo, solo involucra a un grupo de funcionarios. “Lo que llega a juicio es solo una parte, este era un sistema generalizado”, precisaron a Infojus Noticias desde el Ministerio Público Fiscal, representado por los fiscales Stella Maris Scandura, Diego Velasco, Juan Patricio García Elorrio y el ad hoc Juan Manuel Gaset.

El juicio, que empezó en marzo ante el Tribunal Oral Federal 4, involucra además a la ex secretaria de Medio Ambiente, María Julia Alsogaray, y funcionarios de su área; y al ex ministro de Justicia Raúl Granillo Ocampo por recibir y distribuir estos pagos. Enrique Kaplan, el encargado del área de Relaciones Jurisdiccionales de la Secretaría de Recursos Naturales, fue uno de los funcionarios que, según la acusación, se habría ocupado de retirar esos fondos reservados en la Presidencia.

Otros funcionarios, de similar rango que Kaplan, fueron excluidos del pedido de pena de la OA porque, al encontrarse en instrucción otras etapas de esta causa, muchos de los testigos que podrían involucrarlos no pudieron declarar ante el riesgo de auto incriminarse. En función de las pruebas recopiladas durante el debate, la fiscalía podría manifestarse en similar sentido.

El delito: peculado

Las defensas de los funcionarios, durante el debate, intentaron justificar los pagos alegando que se trataba de una suerte de compensación salarial para funcionarios que tenían sueldos menores que los de los empleados de carrera en la administración pública. “Había recibos de sueldos de 3.600 pesos/dólares en bruto”, explicaron los investigadores. Consideran a esto como una maniobra para eludir la acción penal, al intentar hacer pasar los pagos como un fin lícito.

Plantear esto como fondos lícitos les permitiría insistir en la calificación de estos hechos como “malversación de fondos públicos” (desvío de dinero público con fines lícitos); que los dejaría en condiciones de plantear la prescripción del delito, poniendo en discusión la existencia misma del debate. Sin embargo, la acusación sostiene que se implementó, mantuvo y acrecentó un “sistema de pagos ocultos y clandestinos” con fondos reservados que escapaban a cualquier control. La imputación corre entonces por el delito de peculado, porque los funcionarios se habrían apropiado de este dinero para un beneficio exclusivamente personal.

MB/RA