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"Te tenemos muy controlada a vos y a tu familia de sangre y política, renuncien”. Esta es una de las frases más suaves que tiene la carta que recibió Patricia Simeone, rectora del  Instituto Superior de Profesorado “Dr. Joaquín V. González”. En el texto plagado de insultos y referencias a la nieta de siete meses de Simeone, le piden a ella que renuncie junto con todo el equipo directivo que asumió en diciembre de 2012.

Cartas con un texto similar le llegaron, además de a la rectora, a su marido, su consuegro, su hijo, su nuera, su hermana. A los sobres que llegaron a través de Correo Argentino se sumaron otros hechos intimidatorios. En la casa de Simeone empezó a sonar el timbre a cualquier hora: envíos delivery de comida en medio de la madrugada, taxis y remises que en el medio de la noche le decían que pasaban a buscar a su nieta. Incluso le cortaron el gas.

Esta mañana el salón de actos estuvo repleto de trabajadores de la educación y alumnos del profesorado. Simeone junto con Andrea Leone, Liliana Olazar y Claudia Varela, las tres vicerrectoras de la institución que también aparecen amenazadas en la carta, denunciaron la situación en una conferencia de prensa. Liliana Olazar dijo a Infojus Noticias que “los hechos empezaron el 30 de julio y se fueron incrementando. Nosotras formamos parte del equipo directivo que asumió en diciembre de 2012 elegidos por los cuatro claustros. En la carta las amenazas son para que renunciemos”. Olazar señaló que no tienen una hipótesis sobre de dónde provienen las intimidaciones: “Asumimos el año pasado, con las tensiones que se ponen en juego en los establecimientos educativos en los que el disenso siempre está, pero nada puede justificar este tipo de acciones”, concluyó.

La rectora del Joaquín V. González hizo la denuncia en la Comisaría 35 de la Ciudad de Buenos Aires. La causa judicial está ahora en la fiscalía de Saavedra a cargo del fiscal José María Campagnoli.

En la conferencia de prensa de esta mañana estuvieron presentes representantes de Ademys y UTE CTERA y legisladores de la ciudad Virgina González Gass, María Elena Naddeo y Alejandro Bodart. "Buscan sembrar el miedo y la parálisis de una institución de formación docente, en la cual se desempeñan los profesorados de 17 carreras distintas y numerosos pos- títulos con más de cinco mil alumnos en sus aulas”, dijo Naddeo.

El senador nacional Daniel Filmus presentó un proyecto de declaración para expresar el repudio a las amenazas e intimidaciones: "Estas prácticas, ya desterradas de las instituciones educativas desde la recuperación de la democracia, atentan contra los derechos establecidos en la Constitución Nacional y contra el respeto a la libertad y el derecho a la educación", señaló en la declaración. En los fundamentos del proyecto, el senador indica que "esta situación se vive en el marco de una institución que está viviendo un proceso de reformas y de transparencia en la administración".