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Enrique Roberto Ingegnieros, de 28 años, era militante de Montoneros y trabajaba como dibujante técnico en la fábrica Dálmine-Siderca de Campana. Hacía los bocetos de los tubos sin costura para la industria petrolera cuando, el 5 de mayo de 1977, fue secuestrado en el interior de la planta. Según testigos, fue citado a la oficina de personal de la empresa y allí fue detenido por uniformados del Ejército. Su mujer, Irma Pompa, que también era parte de Montoneros, fue detenida ese mismo día en la casa que compartían. Ambos siguen desaparecidos. Meses antes, en septiembre de 1976, habían sido secuestrados cuatro obreros de la misma fábrica siderúrgica en el lapso de dos horas, lo que se dio en llamar “La noche de los tubos”. Los operativos habían sido planificados por los jefes de Campo de Mayo, al mando de Santiago Omar Riveros.

Casi 40 años después, la firma -rebautizada como Tenaris-Techint- fue allanada por la Justicia y ahora se esperan los peritajes de la documentación secuestrada.  Fue un pedido de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad. “Con la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial, en agosto, las empresas sólo tienen la obligación de conservar la documentación contable y laboral de los últimos diez años. O sea que podrían haber eliminado todo desde 2005 hacia el pasado. Nosotros primero pedimos la custodia de esa información, que fue avalada por el juez Canicoba Corral, y después se ordenó el secuestro. La  empresa podía destruir todo su archivo de la dictadura, por eso la urgencia en el pedido de la Procuraduría”, explicó a Infojus Noticias el fiscal federal de San Martín, Miguel García Ordaz.

El caso de Ingegnieros fue, a principios de año, un caso testigo: la Justicia aceptó la demanda de su hija María Gimena Ingegnieros, que se basó en la Ley de Accidentes de Trabajo vigente en 1977 para exigir un resarcimiento y condenó a Techint a indemnizarla.

Fuentes judiciales explicaron que la Oficina de Investigación Económica y Análisis Financiero (OFINEC) participó del allanamiento en las dependencias de Tenaris en Campana y en oficinas del centro porteño. También actuaron el Juzgado Federal de Campana, a cargo de Adrián Gonzalez Charvay, y el Juzgado Federal de San Martín, tutelado por Alicia Vence.

En las próximas semanas estarían los primeros resultados de la documentación secuestrada, compuesta por archivos de personal, actas y estudios contables. Lo que intriga a los investigadores es si, entre 1974 y 1983, los directivos de la empresa colaboraron, de algún modo, con el secuestro y la privación ilegítima de obreros. “Tenaris accedió a darnos la información, que estaba completa. Todavía no hay ningún procesamiento porque estamos en plena etapa de investigación”, precisó el fiscal.

Según cálculos de la fiscalía, hay cerca de 40 casos de obreros de la empresa que fueron privados de libertad y luego desaparecidos. “Creemos que pueden existir más, pero primero queremos demostrar qué tipo de responsabilidad tenía los directivos y el personal jerárquico en delitos de lesa humanidad”,  adelantó García Ordaz.

Un campo de exterminio

La empresa está dentro del área 400 –correspondiente a Zárate-Campana-, zona 4 de Campo de Mayo. Por esa dependencia militar pasaron cerca de 7 mil personas, y sólo sobrevivieron 100. “Fue un campo de exterminio, que atacó fuertemente la militancia política y laboral. Era una zona fabril e industrial fuertemente sindicalizada. Y todavía tenemos pendiente cómo fue la relación operativa con las empresas”, definió. Una vez comprobados los vínculos, la intención de los investigadores es anexar la instrucción a la megacausa Campo de Mayo, que actualmente está en juicio.

“Nosotros pensamos que en la zona de Zárate y Campana hay más de 230 víctimas, de los cuales muchos de ellos eran trabajadores de Dálmine-Siderca”, opinó el abogado querellante Pablo Llonto. “Hay un claro y notorio beneficio por parte de los directivos de estas empresas cuando desactivan toda la actividad sindical. Lo que se comprueba es como gran parte de estas empresas tienen su aparato de infiltración y de inteligencia hacia los trabajadores, con la confección de listas que le entregaban al aparato represivo y con casos en que los trabajadores eran secuestrados dentro de las mismas plantas de estas empresas con la colaboración de la burocracia sindical”, agregó.

La fábrica Dálmine fue inaugurada en 1954 como el mayor emprendimiento siderúrgico privado del país, para la fabricación de tubos sin costura, destinados fundamentalmente a la explotación petrolera. En la actualidad, bajo el nombre Tenaris Siderca, integra una de las tantas empresas del grupo Techint.

Los casos de Mercedes Benz y Ford

En 2011 la agrupación Trabajadores y Delegados de los ‘70 por Juicio a los Responsables del golpe cívico-militar presentaron a la Justicia documentación probatoria del grado de participación de los integrantes del directorio de las empresas Mercedes Benz, Ford, Astarsa y Techint en el financiamiento de los servicios de Inteligencia del Ejército. Pocos días después, la comisión de desaparecidos de Zárate-Campana sumó otros 76 casos. Todos ellos forman parte de la megacausa Campo de Mayo. 

García Ordaz contó que el pedido de Procuraduría, que fue enviado a todas las fiscalías de lesa humanidad del país, afectó a otras grandes empresas de la zona de Campo de Mayo: Ford y Mercedes Benz. En el primer caso, la fiscalía de San Martín pidió la elevación a juicio contra tres ex directivos y está esperando una pronta resolución. En el segundo, se aguardan respuestas del juzgado federal para indagar a dos ex directivos.  “Antes del golpe de Estado los directivos empezaron a perseguir a las comisiones internas con la colaboración de muchos sindicatos. Se hizo evidente la complicidad entre sindicato, empresa y fuerzas militares”, enfatizó.

Además, habló de la urgencia de llevar al banquillo a los implicados para evitar la impunidad biológica. Hay otros casos de complicidad civil que esperan ser llevados a juicio como Acindar, Loma Negra, Papel Prensa, Las Marías, Ingenio Ledesma y Astilleros Astarsa, entre otros. A principios de este mes, el Banco Central aportó a la Justicia actas secretas, correspondencia, legajos y versiones taquigráficas de las reuniones de directorios de varias firmas comprometidas. “Exigimos una rápida investigación para saber sobre los grados de responsabilidad de la empresas, no sólo para analizar cómo se beneficiaron por un modelo económico que necesitó del arrasamiento de la pata sindical rebelde sino de su posible participación directa en la entrega de listas”, concluyó Llonto.

JMM/RA