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El Consejo de la Magistratura analiza un proyecto que busca modificar en los ámbitos de justicia de todo el país los formularios que se utilizan para los distintos trámites y adecuarlos a las leyes de matrimonio igualitario e identidad de género a partir de una solicitud de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA). La iniciativa tiene que ser analizada por la Comisión de Reglamentación del Consejo y, en caso de obtener un visto bueno, deberá luego enviarlo al plenario.

La solicitud de la CHA se encuentra firmada por su presidente, César Cigliutti, y por Pedro Paradiso Sottile, coordinador del área jurídica de la organización. Llegó a la Comisión presidida por el abogado Miguel Piedecasas, después de que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos -que recibió en primer lugar la solicitud- la enviara al Consejo.

Según se desprende del expediente en trámite en el Consejo, el objetivo de la CHA es que “en los ámbitos de justicia de todo el país los formularios que se utilizan para los distintos trámites administrativos estén actualizados” de acuerdo con las leyes de matrimonio igualitario, N° 26.618, y con la de identidad de género, N° 26.743. Esta iniciativa estaba hoy en el orden del día de la reunión de la comisión pero su tratamiento se postergó a pedido del consejero Luis Cabral quien prefirió consultar a otros organismos antes de decidir sobre el tema. Se trata del expediente AAD N° 83/2014: caratulado “Ministerio de Justicia –Pone en conocimiento presentación de la Comunidad Homosexual Argentina”

Desde la CHA sostienen que han recibido una serie de “denuncias de varias provincias y localidades del país” en las que se denuncia que deben “completar formularios cuya enunciación no coincidían con su orientación sexual ni de identidad de género”. 

Según la presentación de la organización un ejemplo claro de este tipo de inconvenientes se dio cuando en agosto de 2014 la jueza la jueza María Laura Dumpé, titular del Juzgado de Familia 7 de Viedma, quien advirtió el error de los formularios al dictar el divorcio vincular de un matrimonio de mujeres, unidas en esa capital en 2010.

En aquella ocasión el pedido fue realizado por intermedio de la Oficina de la Mujer provincial para incorporar lenguaje inclusivo y adecuado a la nueva legislación en casos de matrimonio igualitario. Para la organización en este caso se podrían utilizar los “términos inclusivos de la diversidad como cónyuge y contrayente”.

Por otra parte, la comisión de Reglamentación aprobó un dictamen en el que se aconseja al plenario que rechace un pedido del Colegio de Traductores Públicos de la ciudad de Buenos Aires donde se pedía a los juzgados que no exijan a los traductores públicos el “patrocinio letrado obligatorio” para pedir honorarios por su trabajo. “La revisión de decisiones judiciales es ajena a la competencia constitucional y legal de este órgano del Poder Judicial”, dice el dictamen que ahora debe ser refrendado por el plenario.