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Un juez nacional redactó un fallo con lenguaje sencillo y directo contemplando que era para una mujer sobre quien recaía una sentencia de insania. Lo hizo a pedido de una curadora de la Defensoría General de la Nación,  que mencionó entre sus fundamentos las normas de Naciones Unidas sobre igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, y las obligaciones asumidas por los Estados al respecto.

El fallo del titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 7, Diego Iparraguirre, le agradeció a la beneficiaria de la sentencia (M.H.) que aceptara que se le hiciera una evaluación que había rechazado durante años (por miedo a ser institucionalizada nuevamente). Después  detalló las implicancias de la sentencia para M.H.: “Quiero decirle que su vida continuará como se venía desarrollando hasta la fecha. Es decir que: Ud. puede vivir sola o con su marido. Como así también puede divorciarse si lo desea. Puede trasladarse sola por la vía pública, utilizar todos los medios de transporte o viajar a donde quiera”, dijo el magistrado, que enumeró cuestiones referentes al manejo del dinero, la posibilidad de trabajar y asuntos referidos a la vida cotidiana de esta mujer.

“En concreto, M. H. no tiene ningún obstáculo para el ejercicio pleno de todos sus derechos, salvo para la administración de sumas importantes de dinero (por ejemplo, entregas de señas para la compra de un inmueble), la disposición de su bienes (por ejemplo la venta de su vivienda) o toma de decisiones complejas que contemple específicamente su situación y sus necesidades”, le explicó el juez a la mujer. Y agregó: “A tales efectos contará con el apoyo que le brinda la Curadora Pública Oficial”, esto es: “Usted podrá vender por derecho propio, mientras que su Curadora intervendrá al pie del instrumento, sólo para prestar su  conformidad”.

El magistrado se expresó en estos términos atento a que la curadora pública María Adelina Navarro Lahitte mencionó entre sus fundamentos el protocolo sobre el acceso a la justicia de las personas con discapacidad, propuestas para un trato adecuado, realizado por el Ministerio Público de la Defensa junto con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y el Ministerio Público Fiscal de la ciudad de Buenos Aires, en el marco del Programa EUROsociAL II y las previsiones establecidas en las 100 Reglas de Brasilia sobre el acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad. Esto concuerda con el modelo social de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.

En un comunicado difundido por la Defensoría General de la Nación, Navarro Lahitte destacó que “en los casos de personas con discapacidad intelectual es altamente beneficioso incorporar un formato sencillo, fácilmente aprehensible, por cuanto las áridas notificaciones de rutina hacen imposible en la mayoría de los casos, que exista una defensa material efectiva por parte del mismo interesado”.