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Bajo el sol del mediodía, el secretario de Legal y Técnica del Ministerio de Economía, Federico Thea; el secretario de Finanzas, Pablo López; la procuradora del Tesoro, Angelina Abbona; y el subprocurador del Tesoro, Javier Pargament, llegaron al edificio de Park Avenue 245, en pleno centro financiero de Manhattan, para una segunda reunión formal en el despacho de Daniel Pollack, el mediador designado por el juez Thomas Griesa en el litigio con los fondos buitres. Según el comunicado que emitió el Palacio de Hacienda, “el encuentro, de carácter eminentemente técnico, versó sobre las graves implicancias de la interpretación de la cláusula pari passu realizada por la justicia norteamericana y sobre los obstáculos objetivos que impiden el cumplimiento de la sentencia del Juez Griesa”.

Apenas se bajaron de las dos camionetas Suburban negras, los funcionarios argentinos fueron abordados por la prensa, que hacía guardia desde temprano. Al igual que el lunes, la comitiva entró rápidamente al edificio sin hacer ningún tipo de declaración. Minutos después, ingresaron los abogados que representan al gobierno, Jonathan Blackman y Carmine Boccuzzi, pasando expreso al piso 27, donde se desarrolló la reunión. Allí ya se encontraban los representantes de los holdouts y sus abogados, que también se reunieron con Pollack. Cinco horas después, los funcionarios se subieron a las Suburban y abandonaron Wall Street. A los pocos minutos, Pollack sacó un comunicado de prensa diciendo que se había reunido por separado con las dos partes, que no se había llegado a “ninguna resolución” y que esperaba que hubiera un “futuro diálogo”. A lo que el Ministerio de Economía contestó: “la República Argentina está dispuesta a continuar con un diálogo que permita encontrar una solución en condiciones justas, equitativas y legales para el 100% de los bonistas.”

Por el lado de los fondos buitre, un vocero de NML repitió que "Argentina se niega aún a negociar con sus acreedores, ya sea directa o indirectamente, sobre cualquier aspecto de esta disputa, y no hemos escuchado que tiene algún plan de cambiar el curso".

Restablecer el "stay"

Después de cuatro días marcados por los silencios y fuegos cruzados de solicitadas y presiones lobbistas, el gobierno entregó documentación al mediador donde explica las “graves implicancias” que podría tener la sentencia de Griesa. Con esto se refiere a la famosa cláusula RUFO (Derechos sobre Ofertas Futuras) que establece que los fondos que negociaron tienen derecho a aceptar la mejor oferta posible. Por estas futuras demandas, el gobierno argentino podría enfrentar un pago total de más de 120 mil millones de dólares entre los fondos buitre, aquellos que no ingresaron al canje pero no están incluidos en la causa judicial, y los bonistas ya reestructurados (el 92,4%). Para ello el gobierno pidió también que se reestablezca el “stay” (un amparo) y se permita activar el pago de los 1.500 millones a partir del 1 de enero, fecha de vencimiento de la cláusula RUFO. Ese pagaré se cambiaría luego por bonos negociables, como hizo Repsol con los títulos que recibió como pago por su parte de YPF.

Pari Passu

En la reunión del lunes pasado, el ministro de Economía, Axel Kicillof, dejó en claro que no negociará bajo las condiciones de los grupos NML Elliott, y Aurelius, pagando los bonos al 100%, unos 1.500 millones de dólares en efectivo, como lo dispuso Griesa. El juez neoyorquino, según su interpretación de la cláusula Pari Passu - un acuerdo que prohíbe al emisor de deuda otorgar a futuros acreedores mejores condiciones que al resto de compradores- obligó al Gobierno a que los fondos buitre fueran tratados de la misma forma que aquellos que sí aceptaron el canje en 2005 y 2010. Griesa interpretó que “ser tratados de la misma forma” significaba que a cada grupo de bonistas se les pagara lo que se les debía. Esta lectura no toma en cuenta que los holdouts están reclamando un precio mucho mayor al que compraron las acciones y que, voluntariamente, no entraron en la reestructuración de deuda.

El BoNY, y Griesa que no responde

Ron Gruendl, el portavoz del Bank of New York Mellon, confirmó a Infojus Noticias que ayer enviaron una presentación formal al juez Griesa para que libere los 832 millones de dólares depositados en junio. Con ese dinero el Gobierno pagó a parte de los bonistas que sí entraron en el canje de deuda. Griesa pidió primero un embargo y luego optó por el congelamiento. Esto trajo consecuencias para los acreedores – que no reciben su dinero- para la Argentina, que entraría en default técnico el 31 de julio y para el BoNY que, por acatar la orden del juez, se enfrenta a demandas de grupos europeos y del propio Gobierno argentino. “Todavía la presentación no está en la Corte, y el juez Griesa tiene una semana para respondernos. Luego nosotros tenemos otra semana para contestar a su decisión”, agregó Gruendl. El portavoz del agente de pago dijo que aún no se sabe si habrá una audiencia y que recién habrá novedades el 25 de julio. “Esperamos que en la reunión de hoy le transmitan esto al juez, porque el tiempo corre y él no responde”, agregó.

Los "me too"

Esta semana el estudio jurídico Bingham McCutchen LLP se reunió con los tenedores de bonos defaulteados que no ingresaron a los canjes de 2005 y 2010 pero que, ha diferencia de los otros grupos, no han obtenido una sentencia judicial favorable. Autodenominados el grupo de los "me too", en una carta expresaron que “teniendo en cuenta el deseo expresado abiertamente por la Argentina, para resolver el 100 por ciento de su deuda, convocamos a la organización de una representación lo más amplia posible, para iniciar los reclamos”. Infojus Noticias consultó al estudio y desde allí dijeron que por el momento no harán declaraciones.