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El gobierno argentino solicitó ayer al juez Thomas Griesa que reponga la medida cautelar para que los bonistas del canje puedan seguir cobrando, y "protección suficiente" contra el riesgo económico y financiero que puede significar la activación de la cláusula RUFO para poder alcanzar "una solución justa y equitativa a todos los acreedores". El país realizó este pedido un día antes de la audiencia de urgencia programada por el magistrado neoyorkino para hoy, que fue solicitada por los bonistas europeos que quieren cobrar y permanecen sin recibir fondos desde el 30 de junio último, y las cajas de valores europeas, Euroclear y Clearstern, que pretenden  precisiones de parte del magistrado.

Los bonistas con títulos reestructurados como los bancos también  advirtieron que la medida de Griesa de prohibir el pago en Europa va contra la jurisprudencia existente en el Viejo Contienente, como sucedió en un caso similar contra Nicaragua del que también participó Elliott.

En su habitual conferencia de prensa, el jefe de Gabinete Jorge Capitanich confirmó la presentación realizada ante la justicia neoyorkina para que no se aplique la claúsula RUFO. Según indicó, esa medida obligaría al país a pagar "entre 120 mil y 500 mil millones de dólares, por eventuales juicios contra la Argentina, y a la vez implicarían perjuicios notorios a los funcionarios responsables, desde la Presidenta a sus ministros". 

Agrega que "la Corte debería otorgar las mociones de clarificación solicitadas por los bonistas europeos (Eurobondholders) Euroclear, Clearstern, -(NDR que solicitaron cobrar y clarificacion del pago, respectivamente)- y denegar la moción de los litigantes" contra el país.

El documento subraya que los fondos buitre continuaron con acciones "que complicaron" la resolución del conflicto.
"La perspectiva de resolución se complicó aún más debido a que los litigantes continuaron con agresivos esfuerzs de litigio, incluyendo entidades con mayoría estatal como YPF, así como otras entidades no argentinas como Chevron", sostiene la moción presentada por los abogados que representan al país.

Ayer se conoció que los fondos buitre realizaron la semana pasada una presentación judicial en EEUU para intentar embargar fondos de YPF y de Chevron.

Dicha demanda ingresó en California, de donde es oriunda Chevron, y es consecuencia de la luz verde judicial que logró Elliott (al haber sido denegada la apelación argentina ante la Corte Suprema) acerca del pedido de discovery information (descubrimiemto de activos), para urgar sobre activos de la Argentina.

El gobierno argentino afirmó que "se comprometió y continúa  comprometido con el special master (mediador) designado por la Corte para asistir a las partes en alcanar una resolución".

"Pero ese proceso (que encararon los fondos buitre) debería ser tenido en cuenta como restricciones legales y fácticas", agregó el documento.

El gobierno reiteró las consecuencias del peligro para el país de que se active la cláusula RUFO, y argumentó que es "imposible para la República avanzar con una resolución de su deuda, de manera justa, equitativa y sustentable, con los acreedores que no ingresaron a los canjes, si no se otorgan garantías que protejan la deuda que fue reestructurada con el 92,4% de los acreedores".

Y deslizó el factor tiempo que contiene dicha claúsula, debido a que vence el último día de diciembre del corriente año.

En consecuencia, prosigue el documento, dada la actual "ausencia de un instrumento que otorgue al país certidumbre de que no tendrá que enfrentar una carga financiera producto de la activación de la cláusula RUFO, un stay es necesario y apropiado para la República para proceder con la resolución total global de todas las partes, y de los deseos de la Corte".