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En cada causa que se abre sobre delitos de lesa humanidad, ya no es posible dejar de lado la complicidad civil. Este año volverá a ocupar el centro de los debates. A los procesos ya iniciados –entre los más conocidos, los del empresario periodístico Vicente Massot en Bahía Blanca, el caso Mackentor en Córdoba, y el juicio a jueces en Mendoza- , habrá novedades por otros casos que ponen el foco en el accionar empresarial. Uno de los más singulares es el de “Mercedes Benz”, donde los fiscales Miguel Ángel Blanco García Ordás y Hugo Bogetti solicitaron a la justicia que convoque a dos gerentes por la participación en la privación ilegal de la libertad, tormentos y el homicidio de empleados que formaron parte de la comisión interna de la firma durante la última dictadura cívico-militar. Así lo detalló un informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, para quien “la complicidad empresarial no es un tema excluyente, porque aparece en casi todas las causas de lesa humanidad”. Jorge Auat, fiscal general a cargo de la unidad, dijo a Infojus Noticias que “la sociedad ya sabe que es ingenuo pensar un Terrorismo de Estado encerrado en los cuarteles”.

Empresarios, jueces, médicos y periodistas, entre otros, constituyen el entramado complejo de la pata civil de la dictadura. En cada causa que surge, en cada prueba que se suma a un proceso, no se acusa únicamente a represores: la concepción de dictadura cívico militar abarca un amplio abanico de actores sociales que participaron, en mayor o menor medida, de hechos represivos. “Luchamos contra la impunidad biológica, hay imputados y testigos de avanzada edad, son hechos que tienen más de treinta años. La premura con la que avanzamos es fundamental, por eso establecemos una red de colaboración con las fiscalías, articulando información con otras agencias, como el CELS y las oficinas de derechos humanos en todo el país”, dijo Auat.

A la hora de hablar sobre la complicidad empresarial, el fiscal mencionó a Astilleros Río Santiago, ACINDAR, Loma Negra, Papel Prensa, Las Marías y el caso emblemático de Carlos Pedro Blaquier y de la empresa Ledesma en Jujuy. “Lo que pasó en Jujuy no es un hecho aislado, estamos hablando de un Terrorismo de Estado con todos los recursos a su alcance y con la complicidad civil que benefició a los sectores empresariales. Hay que ver por qué querían colaborar en el plan criminal”, precisó.

Las dificultades, con el avance de los expedientes, son mayores. En las causas de lesa, los abogados de los represores saben que cuanto más recursos de defensa realizan, más se estiran los plazos para que las causas no prosperen. Desde la Procuradoría, piensan que no es algo nuevo, y por tal motivo pidieron la aceleración de los procesos. “Las trabas son las mismas que existían antes de la derogación de las leyes de impunidad. Hay dilaciones porque están permitidas en la justicia. Por eso planteamos que la Cámara de Casación tome cartas en el asunto para que no haya tanta flexibilidad en los procesos. Por suerte, ya hay dictámenes que frenan los entorpecimientos.  Las dificultades nunca fueron superadas, queremos llegar a sentencia firme, ése es nuestro norte", precisó quien encabeza la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad.

Para Auat, en las nuevas hipótesis y líneas de investigación se reforzó una certeza: el rol cómplice de ex funcionarios y operadores de la justicia. “Está el caso de Otilio Romano en Mendoza, que fue protegido por la corporación judicial y que ahora está siendo juzgado. Pero no es el único, hay otros que son gravísimos, como en Chaco. Tenemos a fiscales y jueces de todo el país que presenciaron sesiones de tortura. Es hora que esos hechos sean conocidos y que estos operadores dejen de perpetuar su impunidad en la democracia, porque se corrobora que la justicia está en el centro de la complicidad civil”, enfatizó, y dijo que el vaso “está medio vacío”. Al mismo tiempo, reconoció que “aún falta ir por los grandes grupos económicos” y cambiar "el paradigma conservador de la justicia, con jueces que no investigan, que no indagan a los acusados y no dan curso a las instrucciones de los fiscales”.

Dos casos emblemáticos de complicidad civil

La Procuración destacó el avance por el caso de la desaparición forzada de Juan Carlos Casariego de Bel, ex funcionario de Economía. Casariego era abogado, funcionario de carrera del Estado y director del Registro de Inversiones Extranjeras del Ministerio de Economía de José Alfredo Martínez de Hoz a partir de la dictadura. Los investigadores relacionan su desaparición con la fraudulenta estatización de la Compañía Italo-Argentina de Electricidad SA. En el expediente, se encuentra imputado Walter Klein, quien fue integrante del gabinete del Ministerio de Economía. Tras la apelación presentada por el fiscal Ramiro González, la Cámara Federal porteña revocó el sobreseimiento dictado por el juez federal Norberto Oyarbide en el caso y ordenó profundizar la investigación contra el ex secretario de Estado de Programación y Coordinación Económica de la última dictadura.

Además de la causa Massot en Bahía Blanca, existen otros procesamientos por el accionar periodístico. Otro de los casos resonantes será el procesamiento del ex jefe de redacción de la revista Para Ti, de Editorial Atlántida, Agustin Juan Bottinelli, por publicar en 1979 una entrevista falsa a la madre de un desaparecido mientras estaba detenida clandestinamente en la ESMA.

El juez Sergio Torres, quien lleva adelante la megacausa ESMA, consideró responsable al periodista del delito de "coacción" previsto en el artículo 149 bis del Código Penal. El magistrado afirmó que "se corresponde con aquella vigente al momento de ocurrencia de los hechos", es decir, aquella que "mediante amenazas graves o violencias compeliere a otro a hacer, no hacer o tolerar algo a lo que no está obligado, será reprimido con prisión de tres meses a dos años".

De esa forma, según la Procuradoría, “es la primera vez que un periodista debe afrontar cargo legales en una causa por crímenes de lesa humanidad por utilizar sus artículos como herramienta de propaganda del terrorismo de Estado”.