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Los abogados de Snowy Sociedad Anónima y del Grupo Gotelli fueron convocados a una audiencia para mañana en el Juzgado Comercial 12. Ambas compañías están interesadas en que el Banco Central pague los Bonos de Absorción Monetaria (BAM), que emitió la última dictadura como parte del proceso de estatización de la deuda externa privada. La primera, una off shore uruguaya, se presentó como titular de los bonos; la segunda, una firma nacional quebrada, está involucrada en la causa porque formó parte de la caída de un banco privado, donde esos títulos tuvieron un rol central. Todo ese entramado volverá a ponerse sobre la mesa del Juzgado Comercial 12 en la audiencia convocada para mañana por el juez Hernán Papa, donde se analizará el reclamo de más de 300 mil dólares por parte de la compañía extranjera.

La historia de los BAM, y su rol en la liquidación del Banco de Italia y Río de la Plata, fue analizada en detalle por el penalista David Baigún, en diciembre de 1985. En un informe que elaboró como titular del Centro de Estudios Penales del Banco Central, describió cómo esos bonos fueron utilizados para concretar una maniobra financiera. Una parte de esos títulos terminaron en manos del Grupo Gotelli que, desde 1980, fue tomando el control del banco, que había sido fundado cien años antes. En torno a Gotelli, nacieron otras empresas que conformaron un conglomerado económico y que fueron tomando créditos de su propio banco. Esos préstamos, que fueron recomprados por firmas del mismo grupo, estaban garantizados por los BAM.

Ese proceso –que comenzó cuando Gotelli tomó el control del banco, en marzo de 1985, y cambió el directorio–, fue descripto por Baigún. En su informe, anotó que junto con la toma del control se produjo una “disminución de una gran parte de las deudas de las sociedades vinculadas, ya que siete sociedades claves –cedidas al nuevo grupo dominante– concentraron casi en su totalidad el pasivo que pertenecía al Grupo Gotelli”. En ese trabajo, Baigún recomendó “impedir que mediante la utilización de los mecanismos societarios puedan urdirse nuevas maniobras complementarias” a las que terminaron con la caída del banco.

En ese cambio de manos, hubo cinco sociedades que continuaron en la órbita del Grupo Gotelli: Inversora Interamericana S.A., Tustyl S.A., Compañía Interamericana de Finanzas S.A., Aloereste S.A. y Gobenia S.A.. Todas ellas quedaron con deudas pero firmaron, en fechas similares, acuerdos de refinanciación de deuda con el Banco de Italia y Río de la Plata. Se trataron de acuerdos “preferenciales –privilegiados, diríamos nosotros– con plazos que exceden los habituales en la plaza y que van más allá de los otorgados a los deudores originarios”, aclaró Baigún.

“Basta sólo observar el nombre de los firmantes que representan a las cinco sociedades (Ricardo Pablo Gotelli, Miguel Gotelli y Luis María Gotelli (h)) para advertir la orquestación del manejo”, sostuvo el penalista y advirtió: “Desde que se produjo la intervención del Banco Central, el grupo Gotelli trata de convalidar las disposiciones de estos cinco convenios de refinanciación con la intención evidente de estructurar una imagen distinta de la que surge del comportamiento delictivo y con el afán visible de ubicar estos ‘acuerdos’ dentro del marco de la juridicidad”.

Para evitar participar de la maniobra, Baigún sostuvo que el Banco Central no debía pagar “los servicios de renta y de amortización correspondientes” a los Bonos de Absorción Monetaria. “Es obvio que la medida –de no pagar– alcanza también a los casos en que se presentaren otras personas invocando la calidad de cesionarios de dichos créditos”, subrayó el penalista en su informe de diez páginas.

Durante los noventa, Snowy compró la deuda de la quiebra de Sebastián Baradacco S.A., que era otra de las empresas del Grupo Gotelli. El 17 de noviembre de 2008, la firma con domicilio en Panamá y en Uruguay resolvió abrir una sucursal en la Argentina: Avenida del Libertador General San Martín 16051, en San Isidro, según publicó el Boletín Oficial de la provincia de Buenos Aires, el 30 de marzo de 2009. En ese mismo acto, nombró como representante legal al escribano Nicanor Moreno Crotto y, después, le reclamó al Banco Central que deposite los 311.893 dólares correspondientes a la quiebra de Badaracco.

PW/LL