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La ex sede central del Batallón de Inteligencia 601 podría seguir perdiendo la arquitectura original que tenía en los tiempos en que albergó entre sus paredes al cerebro operativo del terrorismo de Estado. Desde ese edificio de nueve pisos, ubicado en el cruce de Viamonte y Callao, se ideaban gran parte de los secuestros, torturas y asesinatos del país. El año pasado, se inauguraron en las plantas superiores algunas aulas y residencias de estudiantes de la Universidad del Salvador. Ahora, la planta baja y el sótano también están en obra. Se habló de la instalación de un restaurant para aprovechar el trajín de alumnos y paseantes. Finalmente, cajeros automáticos, mobiliarios, cartelería gris y roja, indican que el destino de aquello sería la filial de un banco.

Ante el avance de las obras, la organización “Barrios por Memoria y Justicia” —que hace tiempo se ocupa de la colocación de baldosas y señalización de los centros clandestinos—, le pidió al Banco Central que tuviera en cuenta la ley 26.691 de Sitios de Memoria antes de habilitar la instalación de una sede, al parecer, del Santander Río. Hoy el área de Derechos Humanos del Banco Central les notificó por escrito que tendrían en cuenta su preocupación al analizar la “habilitación de filiales de entidades financieras, en virtud de las disposiciones de la ley 26.691”. La regulación, aprobada en 2011, ordena preservar “a los lugares que funcionaron como centros clandestinos de detención, tortura y exterminio o donde sucedieron hechos emblemáticos del accionar de la represión ilegal” para “recuperar la memoria de lo allí acontecido”.

“Aunque no fue un centro clandestino, fue un lugar muy importante de la dictadura cívico militar, porque desde allí se planificó el accionar represivo”, dijo a Infojus Noticias Judith Said, coordinadora nacional de la Red Federal de Sitios de Memoria del Archivo Nacional de la Memoria, que funciona bajo la órbita de la Secretaría de Derechos Humanos. “La política del área, primero, es preservar los lugares que son prueba judicial o donde han estado compañeros. En este caso, a la secretaría no le consta. De todas maneras, en otros sitios de Inteligencia que están en manos de privados, se han comprometido a garantizar un espacio para la Memoria”, agregó Said, y puso el ejemplo de los Destacamentos de Inteligencia 101 de La Plata y 141 de Córdoba, que está en un predio de Eurnekian.

“En el caso del Batallón, nosotros le presentamos a la Universidad del Salvador un proyecto de señalización interna y externa, pero no respondieron. Esta semana se contactaron con nosotros y la semana próxima vamos a encabezar una mesa para llegar a un acuerdo”, completó Said.

En los días previos, “Barrios por Memoria y Justicia” había difundido un comunicado en el que pedía la intervención del Estado para frenar la obra, o al menos garantizar un rincón que tenga fines tanto pedagógicos —que se cuente qué sucedía allí adentro— como simbólicos —la preservación de la memoria—. Marcaban que el Batallón había sido “escuela de torturadores, asiento de Grupos de Tareas, sede argentina del Plan Cóndor”. Paradójicamente, desde allí se había planificado también una patota de secuestradores de banqueros y financistas a los que luego se extorsionaba. También, destacaban, había sido el lugar donde —según investigaciones periodísticas— habían estado de paso el periodista Rafael Perrotta y los estudiantes de Ciencias Económicas de la UBA, Laura Noemí Creatore y Carlos Hugo Capitman. “Por eso pedimos que se cumpla la ley de Sitios y que más que una simple señalización, se abra un espacio de memoria”, dijo a Infojus Noticias uno de los integrantes de la asociación.

La historia del edificio

En plena dictadura, aquél edificio en pleno centro era una fortaleza impenetrable. Muchas veces, la cuadra se vallaba y se interrumpía el tránsito. En la misma manzana, el Servicio de Inteligencia del Ejército tenía otros edificios y cocheras que se comunicaban interiormente con el Batallón. En el quinto piso, además, funcionó como depósito clandestino del cadáver de Eva Perón después del golpe de Estado de 1955. Las causas judiciales han empezado a develar otros detalles: en la planta baja tenían las computadoras con cinta, con una capacidad de almacenamiento para la época muy grande. En los lugares ya reformados, estaban las salas donde se reunían los cuadros jerárquicos de la comunidad informativa.

Según “Barrios por Memoria y Justicia” el edificio de la calle Viamonte perteneció al Ejército hasta el año 2002, cuando fue vendido en una tanda que incluyó a otro centenar de propiedades de la fuerza. Los nuevos dueños se lo traspasaron a la Universidad del Salvador, que inició una serie de reformas edilicias.

En junio de 2014, el área de Derechos Urbanos de la Defensoría del Pueblo porteña presentó un proyecto de ley para que la Legislatura porteña lo declarase como “sitio histórico”, y frenar el avance de las remodelaciones. “Fue uno de los sitios de planificación y operaciones más importantes de la última dictadura cívico-militar argentina, donde se planearon y dirigieron, en el marco del Plan Cóndor, intervenciones represivas sobre el Estado Plurinacional de Bolivia y países de América Central, lo cual le otorga un innegable valor histórico y simbólico”, fundamentó el organismo.

El proyecto aún duerme en el área de Cultura de la Legislatura porteña, presidida por el macrismo, donde tampoco tiene trámite el proyecto de la legisladora María Rachid para declarar el edificio patrimonio cultural e histórico. “La ciudad no tiene ninguna política de memoria”, concluyen desde “Barrios por Memoria y Justicia”.

Después de mucho insistir, algunos miembros de la asociación fueron recibidos por el vicerrector de la Universidad, Fernando Lucero Smith. “Nos dijo que habían alquilado los pisos de arriba por 30 años a una empresa que se llama Hoteles al Sur, con inversores de diferentes países, que iba a construir un hotel pero nunca lo hizo. Nos parece muy raro que hayan tenido un edificio cerrado desde 2002 hasta 2014”, afirma Raúl. Ahora, su destino parece librado a una mesa de negociación entre la comisión directiva de la Universidad del Salvador, una presunta empresa hotelera y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

LB/RA