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“El sistema de inteligencia que tenemos necesita una reingeniería profunda. Es un  paso absolutamente necesario”, planteó Alberto Binder, director del Instituto Latinoamericano sobre Seguridad y democracia (Ilsed) y especialista en sistemas judiciales y mecanismos de control democrático. En diálogo con Infojus Noticias, el académico celebró el anuncio de la disolución de la Secretaría de Inteligencia y planteó los ejes principales que debe atender el proyecto de reforma: separación entre investigación y prevención criminal, control democrático y profesionalización de los agentes.

¿Cuáles son los aspectos principales que debe tener en cuenta la nueva ley?

En primer lugar tiene que quedar bastante clara la separación entre las actividades de  investigación criminal y las actividades de prevención criminal. En inteligencia criminal hay conjeturas e hipótesis que son importantes para la toma de decisiones preventivas pero no sirven para lo que es estrictamente judicial, porque no tienen posibilidades de convertirse en prueba. Por eso es muy bueno que el Sistema de Observaciones Judiciales (OJOTA) pase a otro organismo como el Ministerio Público. Que sea un sistema que tenga que tener niveles de secreto no quiere decir que tenga que ser un sistema oscuro. El segundo eje fundamental es el del control; un control parlamentario en serio. Pese a que la ley actual de inteligencia le da muchas facultades de control a la Comisión Bicameral (de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia) no ocurre así en la práctica y hace años que no funciona. El tercer eje es una verdadera profesionalización, que no haya agentes truchos y operaciones de inteligencia interior. Este mecanismo de nombramiento con acuerdo del Senado le va a dar mayor transparencia. Tenemos que ver el proyecto de ley pero me parece que es una iniciativa muy importante, ojalá se hubiera tomado mucho antes.

¿Es posible llevar a cabo un control civil y político del sistema de inteligencia?

Las dificultades existen. En Estados Unidos y en los sistemas europeos existen sistemas de control y siempre hay tensión. La ley actual de inteligencia establece mecanismos de control quizás excesivos. Tal vez haya que crear una comisión unicameral, ya sea en el Senado o en Diputados, y darle participación extra, de especialistas de afuera. No es un problema de secreto, porque no todo es reservado. Hay que descartar la idea de que lo que hace el servicio de inteligencia es una especie de mundo oculto y secreto. Hay elementos de planificación, gastos, presupuesto, que se tienen que conocer. Eso es también lo que pervirtió el antiguo sistema. Hay que hacer una reorganización clara, no creo que sea imposible el control.

¿Cómo debe ser la relación entre la Agencia Federal de Inteligencia y el Poder Judicial?

Estamos en un contexto (a partir de la puesta en funcionamiento del nuevo Sistema Procesal Penal de la Nación) en el cual van a ser los fiscales los que van a investigar y en el cual los jueces no tienen motivos para tener contacto con la Agencia de Inteligencia. Y los fiscales tampoco. Tienen que tener contacto con la policía, que es la que investiga. Cada tanto, en casos particulares puede haber información que sirva para la planificación estratégica, pero se deberían hacer a través de organismos específicos que tiene la Procuración. La Agencia Federal de Inteligencia tiene que trabajar sobre lo preventivo y evitar que se produzcan casos vinculados a crímenes complejos. Los vínculos con jueces y fiscales se están rompiendo, ese es uno de los grandes avances de este proyecto.

¿Qué reacciones puede generar esta reforma dentro del sistema de inteligencia?

Como todo operativo de limpieza y purgas –en esto tenemos experiencia de muchos años- hay que tener un adecuado sistema de seguimiento de esos sectores. Normalmente es algo controlable. Hay que ir viendo con seriedad y meticulosidad quiénes son profesionales y pasan al nuevo sistema y quienes se quedarán afuera. Durante un tiempo hay que hacer un buen registro y seguimiento de esa gente.