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Horacio Rivero, abogado de casi todos los barrabravas de Boca liberados el 6 de junio pasado, pidió la nulidad de la parte de la investigación que indaga sobre la asociación ilícita. Esa línea, que se desprendió de la investigación de un homicidio, apunta a determinar si la cúpula de La Doce alquilaba carnets de socios truchos o mellizos –y otros delitos- para recaudar la plata negra que era destinada, entre otras cosas, a financiar la clandestinidad de los prófugos de ese crimen Daniel Whebe y Maxi Mazzaro –ahora detenido- y aportar una entrada económica a los familiares de Mauro Martín, el jefe de la barra.

Martín, Mazzaro y su cuñado Gustavo Petrinelli están presos por el homicidio de Ernesto Cirino, asesinado en Liniers el 29 de agosto de 2011 porque su perro orinó la vereda de este último. Petrinelli convocó a su cuñado y con al menos otros tres hombres, golpearon al dueño del perro, pero el escarmiento terminó con su muerte. En la investigación de ese crimen, el juez Manuel De Campos se encontró con la asociación ilícita, que ahora recusa el abogado defensor.

En el escrito, Rivero cuestionó un abuso del secreto de sumario. “No sólo afecta el derecho de defensa de las partes sino que orilla lo arbitrario”, ya que “no existe dificultad en la investigación que exijan prolongar indefinidamente el secreto, en lo que respecta al homicidio”, dice el fragmento del escrito publicado por la agencia Télam. “Es una facultad del juez, que fue refrendada por la Cámara de Apelaciones, y hay que recordar que todavía hay un prófugo en esa causa”, replicó una fuente directa de la investigación.

Rivero alegó que hay prueba que no había sido revelada a sus defendidos al momento de la declaración indagatoria. “Yo me entero por las fechas de las notificaciones y los proveídos, que había prueba que ya existía y no fue exhibida a mis clientes al ser indagados”, dijo el abogado a Infojus Noticias.

Una de ellas, es la indagación en algunas agencias de turismo para determinar “quienes serían las personas que recibieran los carnets utilizados por los clientes para ingresar a la cancha”, según se lee en el escrito. De Campos intenta determinar si algunos de los barras le entregaban entradas a estos comercios que luego ofrecían a los turistas.

Precisamente, hace diez días hubo un allanamiento en una de esas agencias –el nombre no trascendió- que ofrece entradas para varios espectáculos. “No es la primera vez que intentan desacreditar la investigación”, replicó la fuente de la investigación. “Los alcances del objeto procesal están claros. Una asociación ilícita es una confabulación que se mantiene en el tiempo y recurre a delitos indeterminados para ganar dinero. Las agencias es una de las medidas tomadas en el marco de la investigación”, agregó.

El 6 de junio, los barras y dirigentes del club xeneixe fueron puestos en libertad, porque –según explicaron fuentes de la causa- había demasiada prueba –más de 300 horas de escuchas y filmaciones- y necesitaban el tiempo para analizarla. En ese lapso, la causa judicial siguió su curso con mucha mayor discreción. “Todavía no se procesó ni el 15 por ciento”, detalló el informante. Aparte del allanamiento de la agencia, “se tomaron nuevos testimonios: hay tres cuerpos más de prueba”. El martes pasado, mientras tanto, la Cámara rechazó el último pedido de la defensa del arquero Pablo Migliore: reducir el medio millón de pesos que debió pagar como fianza para su libertad.