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La Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura formalizó la citación al juez Claudio Bonadío para el 15 de abril. El magistrado, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 11, podrá declarar ante el órgano político del Poder Judicial para ejercer su derecho de defensa. En mayo de 2011, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) lo había denunciado por dilatar la instrucción de dos causas por resonantes casos de corrupción en la década del ’90: la estafa al Estado en la venta de acciones del astillero Tandanor y el fraude bancario de la curtiembre Yoma S.A.

En la sesión del 20 de marzo, la Comisión decidió por mayoría convocarlo para avanzar con el expediente caratulado “Nino Ezequiel c/ Dr. Claudio Bonadío s/ mal desempeño”. Nino es uno de los fundadores de ACIJ, y realizó la denuncia hace casi tres años. “Los procesos por corrupción por lo general son extensos por los peritajes y la producción de pruebas que requieren, pero en estos casos notamos un accionar dilatorio muy particular”, explicó la semana pasada la abogada de ACIJ María Victoria Gama, en diálogo con Infojus Noticias.

Bonadío fue citado en el marco del artículo 20 del reglamento de la Comisión de Disciplina y Acusación. La citación significa que el trámite del expediente ya está muy avanzado: las pruebas ya ameritaron la imputación por mal desempeño, una de las causales de remoción de los jueces prevista por la ley. Ahora Bonadío tiene la oportunidad de defenderse. La citación previa, prevista por el artículo 11 del mismo reglamento, se realiza apenas admitida la denuncia, pero es opcional: cuando lo convocaron, Bonadío no asistió. En esta oportunidad podrá presentar su descargo por escrito o hacerse presente personalmente.

Al juez se le imputa haber demorado siete años en el trámite de la causa “Boffil, Alejandro y otros s/ defraudación contra el Estado Nacional”. Se investigaba la operatoria del consorcio Marítimo S.A., que adquirió el 90 por ciento de las acciones del astillero Tandanor, pero no llegó a pagar ni el 20 por ciento de lo prometido. La causa llegó en 2002 al juzgado Nº 11: recién en 2006 terminó la etapa preparatoria y se tomó indagatoria a los imputados. Demoró tres años más elevarla a juicio, aunque el trámite apenas podía requerir un par de semanas.

En la causa Yoma S.A., la instrucción le llevó una década. La empresa cedió títulos de crédito al Banco Macro, y después –como si nunca se hubiera desprendido de ellos- volvió a cederlos al Banco Nación. La causa por estafa llegó en el 2000 al despacho de Bonadío. Tardó cinco años en llamar a indagatoria a los imputados, y otros cinco años para dictar la elevación a juicio.

Oyarbide recusó a cuatro consejeros

La Comisión citó al juez Norberto Oyarbide, titular del Juzgado Nº 5, para realizar su primer descargo ante el Consejo de la Magistratura. El magistrado, contra el que se admitió una denuncia por mal desempeño, recusó a cuatro de los consejeros que votaron su citación, y los acusó de “prejuzgamiento”. Mediante un escrito, pidió que sean apartados de su expediente los legisladores Oscar Aguad y Mario Cimadevilla, el abogado Alejandro Fargosi y el juez Ricardo Recondo.