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Diez minutos antes de la hora pautada, el juez federal Claudio Bonadio presentó su descargo en el Consejo de la Magistratura para explicar las imputaciones por mal desempeño en sus funciones. El magistrado hizo uso del derecho que tiene de presentar su defensa por escrito y no en persona. Fue denunciado en mayo de 2011 en dos causas por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), relacionadas con su actuación en dos causas resonantes de la década de los '90.

En una de ellas se le imputa haber demorado siete años, de 2002 a 2008, en el trámite de la causa “Boffil, Alejandro y otros s/ defraudación contra el Estado Nacional”. Se investigaba la venta de acciones al consorcio Marítimo S.A., que adquirió el 90 por ciento de las acciones del astillero Tandanor aunque no pagó ni el 20 por ciento de lo prometido. Cuatro años se tardó entre la investigación preliminar y el llamado a indagatoria de los imputados, y otros tres años más demoró elevarla a juicio.

En su descargo presentado ante el Consejo, de unas 75 páginas, el magistrado sostiene que en esta causa al momento de declarar la prescripción, el TOF N° 5 advirtió que los hechos materia de juicio databan de 1993. Por eso la causa hubiera prescripto en 1999, pero las primeras indagatorias se realizaron un año más tarde.

Bonadío explicó: “Si el hecho estaba prescripto al momento de haberse recibido la causa en el Juzgado Federal N° 11 a mi cargo, el reproche podría ser que se tramitó una causa prescripta, pero ése no es el caso”.  Para el juez “lo que el suscripto, la Cámara de Apelaciones, el Ministerio Público Fiscal o las querellas hayan realizado es del todo jurídicamente irrelevante ya que el Estado había perdido la potestad de enjuiciar y condenar su conducta, antes incluso de incoar la denuncia”.

Esta es la razón por la que para Bonadío el mal desempeño “no se configuró nunca, todo queda en una “tentativa de delito imposible” en el mejor de los casos y por tanto la causa objetiva de destitución no está presente en la realidad”. “Lo único que si se configuró fue la malicia evidente en la falsa denuncia realizada por Ezequiel Nino”, dice sobre uno de los fundadores de la ONG ACIJ.

En la otra causa también se denuncia una dilación en el proceso. Se trata de la causa en la que se investiga el fraude bancario de la curtiembre Yoma S.A. donde la instrucción llevó diez años. Bonadío tardo cinco años en llamar a indagatoria a los imputados y otros cinco para elevar la causa a juicio. La investigación tiene que ver con la cesión de títulos de crédito al Banco Macro por parte de la empresa que después fueron nuevamente cedidos pero al Banco Nación como si nunca se hubiera desprendido de ellos.

Bonadío explica que en esta causa se ven afectadas “las garantías de ‘non bis in ídem’ y de la ‘cosa juzgada’” porque “los hechos que aquí se me imputan ya fueron motivo de tratamiento por el plenario de ese Consejo y fueron oportunamente desestimados”. Menciona los expedientes 169/05 y 393/05.

Por eso mismo el juez sostiene que “la cuestión de los retrasos injustificados en la tramitación de la instrucción” de esta causa “fue motivo de resolución por el Consejo no en una oportunidad sino en dos oportunidades anteriores”. Y pide que se rechace de manera “in limine”, es decir, sin tratamiento.

A ello agregó que la prescripción en esta causa no fue él quien dictaminó la esta sino que fue cuando estaba en manos del Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) N° 5 cuando el expediente prescribió.

Bonadío pidió que se rechacen las denuncias por las justificaciones que presentó y culminó su descargo citando palabras del consejero legislador Carlos Moreno “en palabras del consejero Moreno voy a plantear que: la mayoría de la Comisión de Disciplina y Acusación “ya tuvo su circo mediático, ahora debe proceder ajustado a derecho”.