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El operativo policial comenzó sin presencia de funcionarios judiciales. La topadora para demoler el Taller protegido 19 del Hospital Borda arrancó a las seis de la mañana. La Policía Metropolitana estaba lista para evitar que los trabajadores resistieran e impidieran la demolición. Ocho horas después hay 30 heridos de balas de goma  -entre ellos pacientes y médicos del Hospital y periodistas de varios medios de comunicación-,  seis trabajadores detenidos y decenas de afectados por los gases lacrimógenos y el gas pimienta. Del taller en el que los pacientes realizaban talleres terapéuticos trabajos de carpintería no queda nada.

 -¿Tienen una orden judicial? -preguntó uno de los trabajadores que defendía el lugar.

-Sí, tenemos -respondió el Comisionado de la Metropolitana a cargo.

-¿Me la mostrás?

-La tenemos, pero no acá.

 Los expedientes relacionados con esta causa están en la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad. Desde mitad de la mañana los integrantes de la Cámara están reunidos analizando los expedientes.  Si existe una orden de intervención policial tiene que haber sido dada por esta Cámara. Por el momento esta información no se hizo pública. Tampoco salió de allí un orden para sacar a la policía del lugar.

La Vicejefa del Gobierno de la Ciudad, María  Eugenia Vidal, afirmó: "hay dos fallos judiciales de primera instancia que avalan esta obra que se inició hoy". La historia de la causa es más compleja, y desembocó en que las obras para la construcción de un Centro Cívico comenzaran con balas de goma, palos y gases lacrimógenos.

Los talleres protegidos del Borda y la intención del Gobierno de la Ciudad de construir un Centro Cívico en la zona de Barracas son los ejes de un intrincado periplo judicial en el cual intervienen muchos actores del escenario político y legal.El 9 de agosto del año pasado, los legisladores Aníbal Ibarra, María Elena Naddeo, Fabio Basteiro, Virginia González Gass, María José Lubertino y María Rachid, presentaron un amparo contra el Gobierno de la Ciudad para proteger los talleres donde los internos se desempeñan en distintas tareas y quehaceres de rehabilitación. El sorteo llevó al expediente al juzgado administrativo número 9, a cargo de la jueza Andrea Danas.

El juzgado sostuvo la cautelar y frenó la construcción del Centro Cívico, en una resolución de la jueza Patricia López Vergara. El Gobierno porteño apeló esa resolución. Frondizi y López tenían como abogados al Defensor General de la Ciudad, Mario Kestelboim, y en ese entonces a Roberto Gallardo, que también se desempeñaba en la Defensoría. Roberto Gallardo volvió a su juzgado, de modo que no continúa en la causa. También viene participando del proceso el Dr. Sánchez Correa, de la Defensoría número 2.

El expediente para detener las obras fue a parar en diciembre de 2012  a la Sala 2 de la Cámara de Apelaciones, que le dio la razón a Frondizi y sostuvo la cautelar. Además, recordó que el siguiente paso debía ser realizar un informe de impacto ambiental. En vez de devolver el expediente al Juzgado 11, la Sala 2 lo remitió al Juzgado nueve, a cargo de la Dra. Andrea Danas, para que llevara simultáneamente el juicio de los legisladores y el de Frondizi y López.

El informe de impacto ambiental

La jueza Danas pidió el informe de impacto ambiental y, basándose en el resultado, decidió revocar la cautelar. La decisión fue apelada por Naddeo y Frondizi. La semana pasada se realizó una visita al lugar. Allí estuvieron los trabajadores de ATE, y varios funcionarios porteños: el Procurador General de la Ciudad, Julio Conte-Grand; la ministra de Salud, Graciela Reybaud; y el ministro de Ambiente y Espacio Público, Diego Santilli.

Frondizi pensó que los resultados serían favorables a su planteo y que los talleres se conservarían. “Se firmó un acta, y se iba a seguir viendo cómo continuaba la situación judicial”. La situación de esta mañana lo hizo pensar en la posibilidad de que la Sala 2 de la Cámara de Apelaciones haya resuelto revocar la cautelar, lo cual sería contradictorio con la resolución de ese mismo tribunal que antes le había dado la razón a Frondizi y López.

En la sesión de diciembre de 2012  se aprobó la venta del edificio Del Plata- para financiar el Centro Cívico en Barracas. Algunos legisladores, entre ellos María Elena Naddeo, Juan Cabandié y Alejandro Bodart, reclamaron dejar asentado que el emprendimiento exceptuaría los terrenos del Borda. Ante la negativa del PRO, el pedido no prosperó.  El jefe del bloque macrista, Fernando De Andreis, prometió, avalado por Cristian Ritondo, vicepresidente de la legislatura: “Votaremos el texto tal como está. Pero quiero decir que quedó en claro que no se avanzará en los terrenos del Hospital Borda. Solamente se afectarán los terrenos aledaños, que nada tienen que ver”. Se referían a los mismos terrenos donde hoy se desató la represión y se demolió el salón de los talleres. Alrededor de ellos se colocó un vallado.

Hasta el momento no hay certezas de si existió una orden judicial para avanzar con la demolición de los talleres protegidos. Pasadas las 14hs de hoy, los jueces de la Sala 2 mantenían una reunión privada para revisar los expedientes. De lo que sí hay certezas es de que ninguna orden judicial podría contener instrucciones para reprimir a internos, médicos y periodistas a golpes, con balas de goma y gas pimienta.

Cuando trascendieron las noticias de la represión, los legisladores de la ciudad comenzaron a acercarse al Hospital. La legisladora María Rachid y el legislador Jorge Selser fueron golpeados por la policía. El legislador Juan Cabandié dijo a Infojus: “Es preocupante el accionar represivo. Estas cosas pasan cuando se acaban los elementos de la democracia. Nosotros hace tiempo que venimos denunciando a la Policía Metropolitana por su acción, como ocurrió en el Parque Centenario hace poco, o como la Policía Federal del 2011”.

Alrededor de donde estaba el Taller se colocó un vallado. Allí comenzará a construirse el centro Cívico.