Infojus Noticias

La situación en la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal está al borde del estallido. El enfrentamiento de la mayoría de los jueces con su colega Alfredo Barbarosch y también de empleados y secretarios, llegó a un punto de tensión. Los “desafíos” para ir a las trompadas son cada vez más frecuentes. Varios secretarios denunciaron que sospechan que el juez está armado. Algunos aseguran haber visto en un cajón de su escritorio un sobre de papel madera con un arma de fuego.

Todo esto ya fue informado y denunciado ante el Consejo de la Magistratura. Pero la Comisión de Disciplina y Acusación, encargada de avanzar en los procesos contra los jueces denunciados por “mal desempeño en sus funciones”, no se reúne desde hace semanas. En consecuencia, los proyectos de dictámenes que elaboró, por ejemplo, el senador radical Mario Cimadevilla, no pueden ser aprobados. Cimadevilla redactó una propuesta para convocar a Barbarosch a declarar por el “artículo 20” del reglamento de la Comisión, una suerte de equivalente a la declaración indagatoria si se tratara de un proceso penal.

Algunos de los que denunciaron al juez dicen que esta “saga” llegó a este punto porque en el Poder Judicial no existe alguien que gestione las relaciones laborales. “Los jueces, como cualquier persona, tienen también problemas de relaciones y de enfermedades. Quizás en el ámbito privado esto es materia de control del departamento de relaciones laborales. Pero no existe un correlato de esa gestión en el Poder Judicial, donde se da un alto nivel de conflictividad, agravado cuando hay jerarquías de por medio. En el Poder Judicial la oficina es un lugar de dominio feudal, porque no hay racionalidad de las relaciones laborales. El caso de Barbarosch debería haber terminado hace años, cuando empezaron estos problemas”, dijo una fuente judicial a Infojus Noticias.

El juez Barbarosch ya fue sancionado disciplinariamente en tres oportunidades por el Consejo: el 15 de diciembre de 2005 con un “apercibimiento”; el 21 de agosto de 2008 con una multa equivalente al 30 por ciento de sus haberes; el 3 de julio de 2009, con una “advertencia”.

En el Consejo tramitan actualmente otras siete denuncias en contra de Barbarosch: los expedientes 394/10, 276/11, 199/11, 105/11, 80/12, 124/12 y 9/13. Lo llamativo es quiénes son sus denunciantes: el expediente que lleva el senador Cimadevilla fue presentado por los secretarios judiciales Vanesa Peluffo, Diego Souto, Sebastián Castrillón e Inés Sosa. El resto, por los compañeros de sala del juez cuestionado, Jorge Rimondi y Luis Bunge Campos, y por los últimos presidentes de la Cámara, Gustavo Bruzzone (en 2011 y 2012) y María Laura Garrigós de Rébori (en 2013).

Los secretarios de Cámara denunciaron a Barbarosch por “hostigamiento, acoso laboral y amenazas coactivas”, que no sólo configuran potenciales causales de mal desempeño sino también delitos penales. Vanesa Peluffo confirmó haber visto el sobre de papel madera marrón que presuntamente contenía un arma en el escritorio del juez; Diego Souto asegura haber visto el arma. Souto explicó ante el Consejo que Barbarosch lo había desafiado “a pelear en la esquina”.

La pésima relación de Barbarosch con sus colegas y empleados quedó reflejada en múltiples grabaciones de audio, ya que las audiencias orales que celebra el tribunal son grabadas para el registro. Infojus Noticias tuvo acceso a varias de ellas y hoy publica los audios de dos: la discusión con una fiscal ad hoc y los insultos al camarista Jorge Rimondi.

El Consejo ya aplicó sanciones disciplinarias en el pasado a  Barbarosch. Pero esta vez el planteo va más lejos, puesto que la presidencia de la Cámara dispone de facultades disciplinarias ante situaciones como las que se registraron recientemente. Esas sanciones configuran una escala que arranca “con llamados de atención, apercibimiento, multas" y termina con "arresto hasta de ocho días”.

“Ante casos como éste debería existir en el sistema judicial la posibilidad de pedir una auditoría. Porque acá tenemos un experto en trámites, pero no tenemos un psiquiatra o alguien que pueda analizar qué pasa con las relaciones laborales adentro de una oficina y buscarle una vuelta. El Consejo debiera pensar también en que estas cuestiones se modifiquen. En manos de un experto esto se hubiera solucionado hace siete años”, dijo una fuente judicial.

“En todos los poderes judiciales deberían existir expertos laborales que intervengan sistemáticamente en estos casos. En la actualidad, solo existen algunas iniciativas de intervención de psicólogos y expertos laborales en algunas pocas cámaras, que surgen a partir de la iniciativa de alguien, pero no como una modalidad de funcionamiento estructural”, agregó la fuente.

Por su parte, la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, también fue notificada de la situación y podría en los próximos días formular una presentación en respaldo de los fiscales. “Y después, el siguiente paso es hacerle un jury a Barbarosch”, agregó otra fuente judicial que conoce de cerca el caso.