Infojus Noticias

Los recientes episodios de violencia verbal y casi física que tuvieron por protagonista a un juez de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal derivaron en un inusual y sorprendente pedido a la presidenta de ese tribunal, María Laura Garrigós de Rébori: que disponga una custodia policial permanente en todas las audiencias en las que intervenga el juez Alfredo Barbarosch, "a fin de prevenir cualquier tipo de reacción violenta" del magistrado.

Garrigós, titular del movimiento "Justicia Legítima", aún no respondió el pedido que le formuló el fiscal de cámara subrogante Sandro Abraldes. Pero se encargó de anoticiar sobre la situación a todos los integrantes del tribunal. En realidad se trató de un paso formal, porque en la Cámara del Crimen porteña, en los últimos días, sólo se habla de dos temas: el Caso Ángeles y las peleas de Barbarosch.

La historia ya devino en un sainete donde el último disparador resonante ocurrió el 21 de agosto. Infojus Noticias reportó el entredicho que Barbarosch sostuvo con la fiscal Fernández de Cuevas, pero la nota de Abraldes a Garrigós de Rébori resultó mucho más rica en detalles sobre aquel bochornoso episodio. Dice el textual de su presentación: "El 21 de agosto pasado, la fiscal ad hoc Verónica Fernández de Cuevas concurrió a la Sala I a los efectos de participar en las audiencias fijadas para esa fecha. Luego de haber intervenido en dos de las cuatro audiencias del día, se retiró a la antesala a los efectos de aguardar una nueva convocatoria, debido a que se procedería a realizar otra en la que no era parte esta fiscalía. Al poco tiempo, salió de la sala de audiencia el Fiscal General Ricardo Saénz, quien le refirió que se estaban generando incidentes y que el juez Barbarosch se había dirigido de mal modo a la secretaria de la Sala, la abogada Vanesa Peluffo.

Una vez finalizado dicho acto, la secretaria actuante convocó a las partes de la causa caratulada “Brea” (nº 25654/12), que trata de un caso de violencia de género, dándose la particularidad que al ingresar a la sala de audiencias el juez Barbarosch se encontraba sentado en el estrado junto a los restantes miembros del tribunal, los jueces Jorge Rimondi y Luis María Bunge Campos; mientras que en sus respectivos lugares se encontraban la querellante y su letrado patrocinante, y la defensa oficial representada por la abogada Viviana Paoloni junto con el imputado. Pese al paso de los minutos, el juez Barbarosch continuaba, no solo dentro de la sala de audiencias, sino sentado en el estrado, observado fijamente -de modo claramente intimidatorio y desafiante- a Fernández de Cuevas.

Pese a la plena consciencia de la necesidad de su retiro para el comienzo de la audiencia, demoraba deliberadamente el inicio, hasta que el juez Rimondi, en ejercicio de la presidencia de la Sala, le dijo en un tono de voz bajo y cordial, que debían comenzar; ante lo cual Barbarosch tomó el micrófono y expresó que primero iba a realizar su “alegato” y dio la orden de que comenzara la audiencia y se activara el registro de audio. En su diatriba, de la que da acabada cuenta el audio pertinente, buscó sembrar sospechas sobre la actuación de este fiscal y de la propia Fernandez de Cuevas, hacia quien se dirigió en términos violentos, intimidatorios y procurando darle órdenes, al tiempo que cuestionó su legitimidad para estar en la audiencia. No sólo desde lo verbal resultó sumamente violento Barbarosch. Dejó el estrado para aproximarse a la esfera de intimidad mínima de la abogada Fernandez de Cuevas, dedo en alto y con un tono de voz y expresiones impropias no solo de un magistrado, sino también de un caballero".

Abraldes es el fiscal que recusó a Barbarosch por "enemistad manifiesta" y consiguió apartarlo en todas las causas en las que él interviene como representante del Ministerio Público ante la Cámara. Los propios pares de Barbarosch aceptaron que existe tal "enemistad" y aceptaron el planteo del fiscal, de modo que el camarista no puede intervenir en gran parte de los expedientes que pasan por su Sala.

Agravada por tratarse de una audiencia en la que se discutía un caso de presunta violencia de género, la situación se tensó aún más. Describe Abraldes: "Frente a los gestos de desorientación del abogado de la querella, la fiscal Fernández de Cuevas expresó que Barbarosch estaba recusado, que se tenía que retirar y que ya había sido sancionado por el Consejo de la Magistratura, a lo que éste respondió con una agresión verbal peyorativa (“Ud. es una profunda maleducada”) y con el vano intento de intentar silenciarla, cuando precisamente se trata de una funcionaria pública que se desempeña con autonomía funcional y que muy lejos está de rendirle cuentas desde lo jerárquico y, menos aún, pleitesía desde lo personal". Y en ese  mismo contexto, advirtió: "La escalada de violencia de Alfredo Barbarosch parece no registrar ningún límite preciso. Es entendible, por diversas razones, que el umbral de tolerancia para quienes a diario deben padecerlo funcional y jerárquicamente se haya ampliado a lo largo de los años. Pero con iguales dosis de respeto, sinceridad y modestia, quiero expresarle Sra. Presidente que quien se halla a cargo de esta Fiscalía General no dejará pasar por alto ninguna clase de atropello ni falta de respeto a la Institución que representa ni al personal a su cargo".

Al insólito pedido de montar una custodia policial en el tribunal para evitar situaciones de violencia se suma otro para que el Consejo de la Magistratura designe a "un veedor para que de modo permanente asista a las audiencias de la Sala I y, asimismo, audite todo el proceso administrativo de recusación, dada la retención de expedientes practicada por el juez Barbarosch en reiteradas oportunidades". El Consejo ya aplicó sanciones disciplinarias en el pasado a  Barbarosch. Pero esta vez el planteo va más lejos, puesto que la presidencia de la Cámara dispone de facultades disciplinarias ante situaciones como las que se registraron recientemente. Esas sanciones configuran una escala que arranca “con llamados de atención, apercibimiento, multas" y termina con "arresto hasta de ocho días”.

Por su parte, la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, también fue notificada de la situación y podría en los próximos días formular también ella una presentación en respaldo de los fiscales.