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Desde hoy, la fiscal federal Cristina Caamaño estará al frente al Departamento de Captación de Comunicaciones (DICOM). Hasta la sanción de la actual Ley de Inteligencia, funcionó bajo la órbita de la ex Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). “Hay más de 20 mil pedidos de escuchas por año”, dijo la funcionaria del Ministerio Público Fiscal (MPF). Entrevistada por Infojus Noticias, la fiscal aseguró que buscará reemplazar un sistema “manual”, basado en el papel, por uno digitalizado, con mayores niveles de transparencia.

A la cabeza de la Dirección de Apoyo Técnico a las investigaciones penales de la Procuración General de la Nación, Caamaño trabaja en la conformación de equipos y la adquisición de herramientas para asistir a los fiscales en el rol que les asigna el nuevo Código Procesal Penal (CPP), aprobado el año pasado. A partir de hoy, por decisión de la Procuradora General Alejandra Gils Carbó, asumirá la administración y el control de las escuchas e intervención de comunicaciones pedidas por los jueces provinciales y federales de todo el país. 

Previo al inicio de su labor en la DICOM, Caamaño recibió las felicitaciones y escuchó las inquietudes de muchos de sus colegas. Y estuvo en contacto con quienes trabajó como funcionaria en el ministerio de Seguridad, mientras Nilda Garré estuvo al frente. Así, sintetizó el mensaje que les transmitió: “Esto dejó de ser Inteligencia, ahora pertenece al MPF y las puertas están abiertas para que los fiscales vengan o manden a un secretario, cuando lo consideren necesario”.

Por un tiempo, la oficina continuará funcionando sobre Avenida de los Incas al 3800, en el edificio de la ex SIDE desde donde se seguían las escuchas. Uno de los objetivos de Caamaño es dotar a la estructura de mecanismos internos de auditoría y de control parlamentario, y con organizaciones de la sociedad civil. El traspaso se formalizó este mediodía con la firma del convenio de traspaso por parte del actual director general de la Agencia Federal de Inteligencia Oscar Parrilli y de la Procuradora General Alejandra Gils Carbó.

En ese marco, también se aprobó el nuevo organigrama institucional que incorpora a la estructura del MPF la dependencia encargada de interceptar las telecomunicaciones a pedido de la justicia.

—El procedimiento todavía es muy manual—, dijo la fiscal Caamaño al sobre el método con el que se trabaja actualmente en la ex oficina de Observaciones Judiciales de la ex SIDE (OJOTA), que estará en manos de la Procuración General de la Nación. Y completó: "Vamos a mejorar con nuevos equipos y protocolos, pero durante la transición también vamos a sostener lo que se está haciendo".

—¿Con qué personal va a encarar esta tarea?

—Hasta que capacitemos al personal de la Procuración, va a quedar el personal de Inteligencia. Y vamos a pedir en comisión a personal de las fuerzas de seguridad, sobre todo porque conocen la jerga de un narcotraficante o de una organización delictiva como para detectarlos.

—¿A qué se refiere cuando habla de un funcionamiento “muy manual”?

—Las intervenciones telefónicas siempre se hacen a través de las empresas, las de WhatsApp, por ejemplo, depende de la buena voluntad de las empresas yanquis. El juez manda el oficio para que se haga la conexión, eso se fotocopia, se arma una carpeta y otra área valida las firmas. Lo que nos proponemos es generar un sistema más automático: tener firmas digitales para poder hacer conexiones vía email, por ejemplo.

"Un cuerpo que dará herramientas a los fiscales"

La DICOM (ex Observaciones Judiciales) es un apéndice de la Dirección que encabeza Caamaño para acompañar a los fiscales tras la sanción, el año pasado del nuevo Código Procesal Penal de la Nación (CPPN). La reforma deja en manos de los jueces las sentencias y de los fiscales, la investigación. Comenzará a regir en la justicia penal de la Capital Federal el 1 de marzo de 2016 y, progresivamente alcanzará a la totalidad de la Justicia Federal.

—Dentro de la Dirección de Apoyo Técnico para las investigaciones, la captación de telecomunicaciones es una herramienta más. Vamos a contar con peritos en distintas áreas –en medicina, psiquiatría, contables, de criminalística, para la digitalización de las causas, entre otras-. Estamos licitando un microscopio de barrido electrónico y vamos a contar con una cámara Gesell para tomar testimonios a niños, niñas y víctimas de delitos contra la integridad sexual. Se trata de un cuerpo que le va a dar herramientas a los fiscales para llevar un caso adelante.

—¿Las escuchas son una prueba más?

—Exacto, si bien es un área sensible porque se están captando comunicaciones. El año que viene, con el presupuesto vamos a poder cambiar los equipos, modernizarnos, ser más eficientes; mientras tanto tenemos que sostener lo que hay y tratar de mejorar en lo que podamos.

"El fiscal tiene que presentarse ante el juez para pedir una escucha"

Hoy se graban 30.000 CD por mes. Caamaño quiere cambiar esa modalidad. "Todo lo que se capte se va a hacer a partir de un oficio judicial. La idea es transferir todo vía informática, a través de la nube". Esto implicará un abaratamiento para el Estado, pero además, se evitan las filtraciones y el sistema gana en transparencia y eficiencia. "Va a quedar registrado quién hizo la escucha, si alguien tuvo acceso o si se hizo una copia. Además, que haya un fiscal al frente –sea yo u otro- implica más control y que de manera inmediata se puede denunciar cualquier irregularidad".

—¿Los cambios en la Ley de inteligencia y el nuevo Código Procesal Penal imponen más controles para las escuchas? ¿Cómo se complementan?

—Lo fundamental es el traspaso al ámbito de la Procuración. Y poner un fiscal al frente, más allá de quien ocupe el cargo, implica mayor transparencia y legitimidad en esta nueva función. Se trata de alguien que conoce la Ley y está facultado para denunciar si advierte irregularidades. Antes, cuando ellos (los agentes de la ex SIDE) se enteraban de algún hecho lo hablaban con algún juez, hacían un par de escuchas y podía quedar en la nada o se judicializaba. Ahora, si a partir de una escucha se determina que hay un delito en marcha, tienen que hacer la denuncia ante un fiscal, el fiscal tendrá que pedirle al juez la escucha y el juez nos mandará el oficio.

—Y operativamente ¿se registrarán cambios?

—En principio, sigue todo igual para que nadie se vuelva loco. Pero lo que queremos es modernizar esto. Hablar con los fiscales y los jueces para que ellos nos digan cuáles son las falencias. Sabemos que a veces hay atraso en las conexiones; pero eso depende de las prestatarias de telefonía. O sea que tenemos que reunirnos con las empresas para explicarles la necesidad de que trabajen rápido, sobre todo en los casos de secuestros extorsivos.

—¿Solo se solicitan escuchas para la investigación criminal?

—Hay escuchas pedidas por jueces contravencionales y civiles. Por eso, estamos armando protocolos para marcar prioridades. Por año se solicitan más de 20.000 escuchas y no tenemos, ni vamos a tener a 10.000 personas escuchando. Los recursos son finitos: la prioridad, obviamente, la vamos a tener frente a un secuestro extorsivo donde hay peligro de vida, después tendremos narcotráfico, trata de personas, paradero (personas buscadas), etc.

—Usted es una de las impulsoras de la reforma del proceso penal. ¿Qué cambios implican en los niveles de acceso a la Justicia?

—Este nuevo Código le da participación a la víctima. Y termina con la idea del expediente. Todo se tiene que transmitir oralmente, en audiencias presididas por el juez. No hay más causas con 20 o 40 cuerpos, los juzgados abarrotados de papeles se terminan. El fiscal tiene que presentarse ante el juez para pedir una escucha o la detención de una persona, y en la misma audiencia el defensor expondrá sus argumentos en contrario. La oralidad garantiza agilidad, y por el otro lado contamos con esta Dirección de Apoyo para que los fiscales puedan pedir y presentar sus propios peritajes ante el juez.

MB/AF