El Jefe de Gabinete sostuvo que si se repone la cautelar, Argentina podría completar el pago concretado antes del 30 de junio pasado -bloqueado por el magistrado- y los futuros vencimientos sin que se active la cláusula RUFO.
El Jefe de Gabinete Jorge Capitanich dijo que la "solución práctica" al conflicto con los fondos buitre es que el juez neoyorkino Thomas Griesa reponga el stay. Esto permitiría completar el pago concretado antes del 30 de junio pasado, que quedó bloqueado por decisión del magistrado.
El funcionario, en conferencia de prensa, dijo que esto permitirá completar el pago concretado antes del 30 de junio pasado, que quedó bloqueado por decisión del magistrado, y los futuros vencimientos previstos para el próximo 30 de septiembre y para diciembre, y de esta forma sortear la cláusula RUFO existente en el contrato de los bonos. La Cláusula RUFO impide al Gobierno negociar una oferta mejor a la concretada en los canjes 2005 y 2010.
Ante una pregunta de si cambiará la relación con los fondos buitre en enero del 2015, Capitanich insistió: "Es una cuestión que repetí innumerables cantidad de veces, pero cuando se habla de una solución simple, fácil, práctica de esta cuestión, la tiene el juez Griesa". Y continuó: "¿Cuál es la solución práctica? La solución práctica es propiciar el stay, o sea, la extensión de la medida cautelar hasta el primer trimestre del año 2015".
Capitanich justificó este pedido a Griesa por tres cuestiones. En primer lugar, hay de esta forma "una cobertura sistémica desde el punto de vista de la no violación de la cláusula RUFO"; en segundo lugar, puede facilitar la regularización del proceso de pagos. Y en tercer lugar, "constituye una medida transparente y eficaz a los efectos de promover condiciones de negociación justas, equitativas, razonables, legales y sustentables para el 100 por ciento de los bonistas", agregó.
"La posición de Argentina ha sido muy clara, lo que no ha sido claro es el rol de los fondos buitres, que constituyen obviamente, grupos minúsculos que son verdaderos usureros de carácter internacional que van sobre cualquier regla de comportamiento internacional", sentenció.
Según Capitanich, los fondos buitre "utilizan de un modo coactivo la voluntad de un juez o de jueces del sistema judicial con el objetivo de pretender violar la soberanía de los países y también pretender violar la ley de inmunidad soberana". "La solución es muy práctica y es muy posible en tanto y en cuanto el juez Griesa lo debe resolver, que es el otorgamiento de un stay hasta el primer trimestre del año próximo", concluyó
Reiteró que la República Argentina siempre ha manifestado su voluntad de diálogo para establecer estas condiciones de negociación justas, equitativas, legales y sustentables para el 100 por ciento de los acreedores.
Destacó el pago total de deuda externa 190.000 millones de dólares desde que se renegoció la deuda a la fecha, para "los que critican en forma sistemática a la República Argentina, tanto analistas locales como internacionales, buitres locales y buitres externos".
"Pero la verdad es que nosotros creo que hemos cumplido eficazmente con la voluntad de pago, con el contrato, con el prospecto y, a su vez también, cumplido con un principio que es la continuidad jurídica del Estado".
El próximo 30 de septiembre vence un pago de 184 millones de dólares de títulos del canje (Par). Y, de continuar las cosas, podría crecer de manera exponencial los reparos sobre el sistema de reestructuración de deuda soberana, ante la posibilidad de que un juez las bloquee en base al fallo tomado por Griesa.
Por ello, el próximo 9 de septiembre se votará en Naciones Unidas, una propuesta de G77 más China promovida por la Argentina, para limitar el poder que tienen hoy los fondos buitre.
El G77 más China nuclea a 133 países, y supera en número a la mitad de naciones miembros que componen la Organización de Naciones Unidas.
Al día siguiente, el 10 de septiembre, Griesa tratará en una audiencia el planteo del Citibank, al que ordenó pagarle por única vez a bonista del canje, bonos en dólares con ley nacional.
Esta concesión se debió a que los fondos de dichos bonos estaban en la misma cuenta con los que se abonó parte del resarcimiento a Repsol por la expropiación de YPF.
En ese marco, la expectativa del gobierno también está puesta en la audiencia que se celebrará el próximo 18 de septiembre, fecha en la que la Cámara de Apelaciones del Segundo Distrito escuchará los pedidos formulados por Argentina y el Citibank, para revisar la decisión del juez Griesa de autorizar que se abonara por "única vez" esos títulos emitidos bajo legislación argentina, con el perjuicio que esto significa para los tenedores que no resultaron beneficiados por esa medida.