Infojus Noticias

La audiencia del juicio en la causa carbón blanco, donde se investiga el envío de casi mil kilos de cocaína a Europa, tenía que empezar a las 8.30 de la mañana. En la sala esperaban cuatro de los cinco acusados –uno de ellos sigue el debate vía teleconferencia-, los abogados defensores y uno de los testigos que tenía que declarar hoy. En lugar de tomar la declaración, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Resistencia informó la suspensión del debate oral hasta el próximo 3 de julio por una enfermedad del juez Rubén David Quiñones.

“El presidente del tribunal pidió una licencia por cuestiones de salud, nos informaron que se trataba de una neumopatía”, explicó a Infojus Noticias el abogado Silvio Piorno, defensor de Patricio Gorosito, uno de los cinco imputados. El informe lleva la firma de un médico de Gendarmería Nacional, quien recomendó siete días de licencia para Quiñones.

Los jueces Ramón Luis González, Eduardo Ariel Belforte y Aldo Alurralde -titular del Juzgado Federal de Reconquista y reemplazante de Quiñones- determinaron suspender el juicio por diez días, el máximo que habilita el Código Procesal para la suspensión de un debate oral y público.

El 3 de julio, cuando se reanuden las audiencias, Quiñones deberá definir si continúa al frente del juicio o si asume definitivamente Alurralde, quien siguió todas las audiencias en calidad de juez suplente. “El juicio continuará con algunos testimonios que estaban previstos para hoy y otros que ya se habían suspendido antes. Se trata de empleados de la planta de carbón de Quitilipi y empleados de Aduanas”, explicó Piorno. La audiencia es la única prevista previo al comienzo de la feria judicial, el 10 de julio.

Ayer, el juez Quiñones informó a los abogados defensores y a los fiscales federales Carlos Amed y Federico Carniel que pediría una licencia médica. Lo hizo dos días después de que los representantes del Ministerio Público presentaran una denuncia por una amenaza anónima que apareció en el parabrisas del auto de Amed. “Mal momento elegiste para volver vos y tu amigo Carniel. No la van a pasar nada bien. Los estamos observando, escuchando. Sabemos todo. Ojo. Zurdos de porquería”, decía el mensaje.

El fiscal Amed recibió la carta de manos de un colaborador. En ese momento, Carniel estaba en la tercera audiencia por el juicio contra la supuesta banda que lideraba el abogado y empresario Carlos Salvatore. “Amad y yo actuamos en muy pocas causas en conjunto, solo en las más importantes, y Carbón Blanco es una de ellas. No puedo decir que sea por esta causa, pero es muy sugestivo que justo en este momento nos planten la amenaza”, dijo Carniel a Infojus Noticias.

El principal acusado en el juicio, el abogado y empresario Carlos Salvatore, también está imputado en una causa en la que se investiga un supuesto plan para asesinar a la jueza federal de Roque Sáenz Peña que instruyó el expediente, Zunilda Niremperger. En marzo, la magistrada ordenó una serie de allanamientos en una causa paralela en la que se investiga la ruta del dinero narco.

Tres días después del operativo, el abogado llamó a su esposa, que había sido detenida y trasladada a la provincia de Chaco junto a la hija de Salvatore. “Yo los voy a sacar, después la mato a ella, pero primero los saco a ustedes —dijo —No me importa, no me importa, yo pago este homicidio, lo pago este homicidio, pero ella se muere”. Después de ese llamado, la Policía de Seguridad Aeroportuaria allanó el domicilio de Salvatore, quien estaba con prisión domiciliaria, y luego fue trasladado a la cárcel de Ezeiza.

El juicio

Según sostuvo el fiscal general Federico Carniel en el requerimiento de elevación a juicio , Salvatore era “el jefe máximo” del “engranaje criminal” que envió al menos tres embarques de cocaína a Portugal. El abogado y empresario habría financiado y coordinado la operación: en la planta Carbón Vegetal del Litoral SRL de Quitilipi, Chaco, empaquetaban la droga en bolsas de carbón; los containers eran trasladados hasta el Puerto de Buenos Aires, donde eran embarcados.

Según los investigadores, el encargado de coordinar la entrega de la droga en Europa era el empresario futbolístico Patricio Gorosito, presunto socio de Salvatore y otro de los cinco acusados que están siendo juzgados. Desde su casa en Barcelona (España) supuestamente monitoreaba al grupo de rosarinos que recibía los cargamentos en el puerto de Lisboa (Portugal).

Los otros tres acusados son Rubén Esquivel, encargado de la planta donde camuflaban la cocaína en bolsas de carbón; el chaqueño Juan Carlos Parga, gerente de producción de la empresa, y Héctor Roberto, de 63 años, hombre de confianza de Gorosito, sospechado de llevar el dinero de la organización desde Buenos Aires a Chaco.