Infojus Noticias

La Cámara Federal de Casación Penal anuló por “prematuro” el sobreseimiento de dos ejecutivos del grupo HSBC en una causa donde se los investiga por “administración fraudulenta”. La denuncia, iniciada luego de las pesificación sin autorización de los depósitos en dólares de un cliente, que le generó una pérdida de 80 mil dólares de sus ahorros en 2002, incluye al actual CEO del HSBC para América Latina y el Caribe, Antonio Miguel Losada, y al ex titular del HSBC Argentina, Michael Roger Pearson Smith. También, al ex jefe de la Administradora de Inversiones Álvaro Fontes de Azevedo.

Los camaristas consideraron que Losada, Pearson Smith y Fontes de Azevedo obtuvieron un “sobreseimiento prematuro”, según los fallos a los que tuvo acceso Infojus Noticias. Por eso, subrayaron en varios pasajes de las dos resoluciones -firmadas el 24 y el 26 de noviembre- que “aparece como necesario profundizar la pesquisa para arrojar luz sobre la operatoria global del grupo bancario” y le señalaron al juez de primera instancia el temperamento a seguir.

Para eso listaron una serie de medidas posibles como “profundizar el pedido de información a la Comisión Nacional de Valores, al Banco Central de la República Argentina o a través del organismo que el juez de grado considere oportuno”. También consideraron que la resolución de la causa no podía basarse en “la información suministrada por la entidad bancaria argentina y la uruguaya”.

Además, los camaristas Eduardo Riggi, Liliana Catucci y Ana María Figueroa indicaron –en referencia al juez de primera instancia- que la documentación aportada por el HSBC de Uruguay “resulta insuficiente para corroborar que  su cliente autorizó que el dinero sea invertido en el Fondo Roble” –el último eslabón de la reducción de sus depósitos de 138 mil a 58 mil dólares- y precisaron que eso tampoco surge del peritaje contable realizado sobre los documentos del HSBC Argentina y del HSBC Inversora SA.

La causa fue iniciada por Eduardo José Miguel Grosso, pareja de Hilda Ester García, quien en 1995 se presentó en las oficinas porteñas de Rofin Finance Trust Co, una compañía del Banco Roberts, para depositar 100 mil dólares en la sede de Uruguay. Le dijeron que no tenían oficinas en Montevideo  y le recomendaron hacer el depósito en la sede del paraíso fiscal Gran Cayman. Eso fue lo que hizo y colocó un plazo fijo a nombre suyo y de García.

A partir de 1999, los extractos bancarios comenzaron a llegarle con el membrete de HSBC Private Banking de Gran Cayman porque esa casa bancaria había comprado al grupo Roberts. Un año más tarde, lo citaron en las oficinas porteñas del HSBC para comunicarle que el HSBC -de capitales británicos pero con sede en Hong Kong- había decidido cerrar la casa de Gran Cayman y que por el bajo monto de su depósito debía transferirlo a Uruguay. Grosso aceptó.

El 4 de marzo de 2002, se enteró que algunos bancos estaban transfiriendo los depósitos desde Uruguay a la Argentina. Viajó a Montevideo junto a su pareja y allí se enteró de que su dinero había sido enviado a Buenos Aires pero no le precisaron la fecha de la transferencia. Sólo le dijeron que estaban depositados en un fondo de inversión –Fondo Roble del HSBC- pero bajo la custodia de Uruguay y le entregaron un extracto bancario donde encontró que, en lugar de aumentar, sus ahorros se habían reducido. Los 100 mil dólares depositados se habían convertido en 138 mil gracias a los intereses acumulados entre 1995 y 2002 pero se habían convertido en 58 mil por obra y gracia de la operación de pesificación y redolarización que aplicó el HSBC la hacer una transferencia intragrupo desde Montevideo a Buenos Aires.

Grosso apeló varias veces porque los ejecutivos bancarios fueron sobreseídos. Pero la última apelación que encabezó su pareja porque Grosso falleció. En la última respuesta de la justicia, los camaristas señalaron que “existe la sospecha de que las autoridades del HSBC Argentina y del HSBC Administradora de Inversiones SA, unilateralmente, es decir haciendo caso omiso a la orden del cliente de que los fondos sean transferidos y administrados por el HSBC Uruguay, procedieron a convertirlos en Roble Ahorro en dólares, quedando su administración regida por la ley nacional y a la postre alcanzados por la ley de pesificación, provocándole al denunciante un significativo perjuicio a sus ahorros”.