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Cuando Claudia Marcela De los Santos se casó con Humberto Teodoro Goldberg en 1987, nunca pensó que ese matrimonio la llevaría a quedar procesada por la justicia federal 25 años después. El año pasado De los Santos intentó vender a través de un sitio de Internet tres esculturas de su marido. Eran piezas de origen arqueológico de la República del Perú. Un especialista descubrió que esos objetos eran robados y denunció la transacción. El juez federal Sergio Torres la procesó, pero días atrás la Cámara Federal de Casación la sobreseyó.  

Ante la denuncia, intervino personal de la Sección Centro Nacional de Protección del Patrimonio Cultural del departamento de INTERPOL de la Policía Federal. Son los encargados de investigar delitos vinculados a los robos de objetos de arte.   

De los Santos se casó con Goldberg en 1987 y se fueron a vivir a una quinta de la localidad bonaerense de Pilar. Ahí De los Santos conoció las piezas. Goldberg le dijo que las había traído de Perú en 1970, cuando aún no se conocían.

Años más tarde, su esposo murió y ella siguió viviendo en Pilar. Hace poco entraron delincuentes a robar a su casa y ella por miedo decidió mudarse a Capital Federal. En la declaración indagatoria dijo que como las estatuas nunca le habían gustado, decidió venderlas pensando que eran artesanías. También dijo que desconocía su procedencia arqueológica.

Escritora y artista plástica, De los Santos publicó en el sitio de subastas MercadoLibre la venta de las esculturas con la descripción de “huacos”.

Estas piezas de cerámica tienen origen en la cultura peruana de la zona de los Andes centrales o de la costa de ese país. Desde la colonización se encontraron huacos en emplazamientos precolombinos como templos y sepulcros.

El juez Sergio Torres no le creyó y la procesó por la Ley de Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico. Además, el magistrado embargó a De los Santos por una suma de diez mil pesos.

De los Santos apeló a la segunda instancia. El 20 de febrero, la Sala I de la Cámara Federal de Casación rechazó la decisión de Torres y sobreseyó a De los Santos.

La resolución firmada por los jueces Jorge Ballestero y Eduardo Farah, dice que “todos los elementos reunidos para la prueba no alcanzan para acreditar la vinculación de la imputada con la venta ilegal de objetos arqueológicos sino que sólo se ha demostrado que intentó enajenar esas tres piezas secuestradas”.

Los camaristas también hacen foco en que la imputada no contaba con más piezas en violación a la ley. Esto es significativo porque los jueces concluyen que no es una mujer que se dedica a la comercialización frecuente de objetos arqueológicos.

Respecto a los bienes culturales, los magistrados ordenaron que se devuelvan a la República de Perú.