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La Cámara Federal de Casación Penal ordenó agravar las penas para dos ex comisarios que habían sido condenados en primera instancia a 3 y 4 años de prisión por "vejaciones y severidades" en perjuicio de los hermanos Alejandro, Carlos y Rodolfo Iaccarino, despojados compulsivamente de sus empresas en 1976. Por mayoría, la Sala IV hizo lugar parcialmente a la apelación de los fiscales de La Plata contra el fallo del Tribunal Oral Federal que había condenado a los policías Bruno Trevisán y Jorge Rómulo Ferranti, y ordenó ajustar las penas a la prevista por el delito de tormentos, de 8 a 25 años de prisión

“Fue muy buena la postura en minoría de Gustavo Hornos, el voto de Mariano Borinsky es regular. Lo de Juan Carlos Gemignani es espantoso”, dijo a Infojus Noticias Alejandro Iaccarino, sobreviviente de la dictadura cívico militar, a la hora de calificar el voto de cada miembro de Casación. “Creo que el fallo es bueno en ese aspecto, porque consideró que lo que sufrimos nosotros en la Brigada de Avellaneda fueron tormentos, o sea torturas, pero se cuidaron de no sentar jurisprudencia de la persecución y el despojo que sufrimos algunos empresarios sobre esa época”, dijo.

Y se explayó: “Consideraron que nuestra detención en la Brigada de Avellaneda (que se conocía como “El Infierno”) fue legal porque dos jueces pedían nuestra detención en una causa por monopolio en el mercado de carnes, que luego se determinó que estuvo armada para justificar nuestra detención y de la que salimos absolutamente absueltos”.

Carlos, Rodolfo y Alejandro Iaccarino fueron secuestrados el 4 de noviembre de 1976, y pasaron 22 meses presos, en un vía crusis que incluyó catorce lugares de encierro y nueve centros clandestinos de detención. Cuando llegaron al Infierno, los hermanos habían pasado por otros centros, como el COTI Martínez, donde habían sido salvajemente torturados y habían adelgazado 25 kilos.

Allí, bajo amenaza de tirarlos al Río de la Plata, los jefes del centro clandestino Bruno Trevisán y Rómulo Ferranti les hicieron firmar a Rodolfo Genaro Valentín Iaccarino, su padre, la cesión de 25 mil hectáreas de producción agropecuaria en Santiago del Estero y un avión ejecutivo Rockwell 500s Shrike Commander a los apoderados de la empresa Equino-Química. Les prometieron a cambio 300 mil dólares y 28 hectáreas de una cancha de golf en Alta Gracia, Córdoba, que nunca les dieron.

En el juicio oral, que llevó adelante el Tribunal Oral Federal de La Plata, Trevisán —que hoy está en un geriátrico— y Ferranti fueron condenados a 3 y 4 años de prisión por haber sometido a los Iaccarino a “vejaciones y severidades” en la dependencia que tenían a cargo. Además, consideraron que la detención había sido ilegal durante parte del periplo represivo, pero se había legalizado al llegar a Avellaneda porque los jueces Eduardo Marquart y Leopoldo Ruso —ya fallecidos y acusados de complicidad con el régimen militar— habían pedido la detención de los hermanos por ejercer un comportamiento abusivo en la venta de carne, un rubro en el que los Iaccarino habían incurrido.

“Tomaron la detención en Avellaneda como legal y lo aislaron del resto del circuito. Tampoco tuvieron en cuenta el hábeas corpus que presentó mi madre y que el juez Marquart tardó 42 días en contestar. Russo nos dictó la preventiva el segundo día que nos llevaron desde el COTI Martínez, donde habíamos sido duramente torturados, hasta la Brigada de Avellaneda, para justificar nuestra detención”, detalló Alejandro Iaccarino.

El Ministerio Público Fiscal y los hermanos, que son querellantes, apelaron varios aspectos de esa sentencia. El viernes pasado, en un fallo dividido, la Sala IV hizo lugar parcialmente a la apelación. Hornos y Borinsky consideraron que lo que habían padecido los hermanos eran torturas y las penas para los ex policías aumentarán. Pero sólo Hornos —en sintonía con el voto minoritario del juez Carlos Rozanski luego del juicio oral— consideró que la temporada que pasaron en el “Infierno” era un secuestro coactivo para despojarlos de parte de su capital, y no una detención legal por una causa falsa por monopolio de carnes montada casi ad hoc.

“Es la fórmula que tienen para que no quede jurisprudencia sentada de que a los empresarios fueron perseguidos y saqueados”, concluyó el empresario, y cree saber cuál es la razón de fondo: “Es un lineamiento de la acción del partido judicial. Porque después de nosotros vienen el resto de los empresarios”.

Ahora disponen de diez días hábiles para presentar un recurso extraordinario ante la Corte, que Casación podría denegar. En ese caso, irían en queja ante el supremo tribunal. Si la Corte tampoco lo acepta, los hermanos Iaccarino prometen llevar su caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

LB/RA