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El primer juicio por trata de personas que se realizó en Catamarca y cuya sentencia fue dada a conocer este lunes, se originó en octubre de 2013 por un llamado anónimo a la línea gratuita 145. La denuncia derivó en un allanamiento al prostíbulo Scorpio donde fueron liberadas cuatro mujeres, con intervención del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento  a las Personas Damnificadas por el delito de Trata, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

El Tribunal Oral en lo Criminal de esa provincia condenó a la encargada del lugar, María Cristina Albarracín, a 8 años de prisión por el delito de "trata de personas doblemente agravado en calidad de partícipe secundario”, mientras que el acusado de ser el dueño del prostíbulo, José Eduardo Beltrame, sigue prófugo. El informe técnico elaborado oportunamente por las profesionales del Programa Nacional de Rescate, fue usado por la  Fiscalía para basar su interrogatorio en el marco del debate oral desarrollado en el juicio, que se inició hace una semana.

La línea telefónica 145 del gobierno nacional recibe denuncias desde cualquier punto del país de hechos relacionados con el delito de trata y explotación de personas. Es gratuita y funciona las 24 horas los 365 días del año. La identidad del denunciante se protege en caso de que este así lo requiera.

Detalles del allanamiento

Durante el allanamiento al lugar, ubicado en el  km 112 de la Ruta Provincial N° 2, de la localidad de Las Esquinas, las víctimas declararon ante las profesionales del Programa Nacional de Rescate que los responsables del prostíbulo les hacían estudios ginecológicos y clínicos, test de VIH y análisis de enfermedades de transmisión sexual, en una clínica ubicada en la localidad de Quiroz, en la provincia de Catamarca, y que los exámenes eran pagados por ellas mismas.

También expresaron que eran trasladas a una delegación policial ubicada en la localidad de Frías, en Santiago del Estero, donde “llevaban los certificados médicos, fotos de ellas y eran interrogadas sobre sus vidas y les tomaban sus huellas dactilares”.

Las profesionales del Programa de Rescate advirtieron que el funcionamiento dentro de “Scorpio” era semejante al de la mayoría de los prostíbulos: cumplimiento de “plazas” (tiempo en que cada mujer permanece en un local), y pernocte en las mismas habitaciones en las que realizan los “pases” con los “clientes”/prostituyentes.

También declararon que la encargada del lugar,  imputada en la causa, estaba a cargo de la barra y recaudaba  el dinero de los “pases” y las “copas”, además de avisar cuando finalizan los turnos y les entregaba adelantos de dinero. El pago total les correspondía cuando terminaban la “plaza”. Esto garantiza que las víctimas no puedan abandonar los centros de explotación hasta cumplir el período pautado, de modo que los explotadores se aseguran una elevada suma de dinero que incrementa sus ganancias, generadas a partir de la explotación del cuerpo de una mujer.

Desde el Programa explicaron que  “la grave situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las víctimas determina el modo en que las redes las captan para luego explotarlas. Una vez que se encuentran en los centros de explotación comienzan los diferentes métodos de coacción”.

Durante las entrevistas individuales, se tomó conocimiento que las víctimas habían sido ingresadas en el circuito prostibulario con anterioridad a la explotación sufrida en el local “Scorpio”. Según sus propios relatos se habían encontrado en situación de prostitución en las provincias de  Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y Catamarca.

Desde el programa de Rescate también destacan que “la falta de acceso a la educación, a la salud y a un trabajo formal conlleva a una situación de extrema necesidad económica, lo que ha sucedido en cada uno de estos casos”. Por ejemplo, una de las víctimas relató tener solo “medio litro de leche y dos pañales, y mis hijos necesitaban comer”, explicó.

Entre los diferentes tipos de coacción a que son sometidas las mujeres explotadas se añade el escaso o nulo contacto con el exterior que tienen, debido a que, en este caso como en muchos otros, la encargada también es quien compra los insumos, evitando de este modo que las mujeres salgan. En el momento del allanamiento se constató que ninguna de las víctimas tenía dinero en su poder, y todas manifestaron que les era guardado “por razones de seguridad”.