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El sábado pasado en una clínica del centro porteño murió Luis Echarren, uno de los mil pacientes hemofílicos contagiados con HIV y Hepatitis C hace veinte años y que denunció ante el Consejo de la Magistratura al juez federal Claudio Bonadio por su actuación en esa causa. “Se mueren los querellantes y la causa no se resolvió”, dijo su abogado Gonzalo Giadone.

Hace cinco días Echarren se descompuso en su casa, donde vivía solo. Cuando los vecinos lograron encontrarlo, ya estaba mal. “Estaba con complicaciones por su Hepatitis B y con complicaciones neurológicas, infectado con el mal de la vaca loca”, contó Giadone. El sábado su cuerpo dijo basta en una clínica de Lavalle al 700, en la ciudad de Buenos Aires. 

“Cada día se suceden más muertes”, dijo Giadone. Recordó que la última vez que habló con Luis fue después de que diera una nota para el diario Tiempo Argentino. En esa ocasión lo felicito y lo alentó. “En las fotos se lo veía desmejorado”, contó. En 1984 en la Fundación de la Hemofilia, el lugar que debía darles asistencia, se contagiaron los hemofílicos que allí se trataron.

Los responsables fueron cuatro directivos de la entidad y los titulares de los laboratorios Bayer, Gador, Inmmuno y Merieux, según detalló la querella y llenó el expediente de pruebas pero el juez federal Claudio Bonadio sobreseyó tres veces a los acusados. Las dos primeras, la Cámara Federal porteña le revocó la decisión y le ordenó reactivar la causa. La tercera casi fue la vencida pero hubo un fallo dividido y el caso llegó hasta la Cámara Federal de Casación Penal, que desde 2012 está analizando el expediente.

“El juez Bonadio hizo oídos sordos, no hizo las cosas como la lógica indica y como los hechos indican”, dijo Echarren a Infojus Noticias en noviembre pasado. Echarren fue quien inició en el Consejo de la Magistratura una denuncia por mal desempeño contra Bonadio por su actuación en esta causa.

En la denuncia que dio origen a la causa penal se detalló que los laboratorios Bayer, Gador, Inmmuno y Merieux sabían, al igual que los médicos de la Fundación de la Hemofilia, que los factores que recibían de Estados Unidos, Japón y Francia no tenían el método de inactivación viral. Y señaló que desde 1984 varios países utilizaban un producto más seguro que el que se les suministró a los pacientes argentinos, a quienes se les ocultó durante por lo menos tres años que habían sido infectados.    

La causa judicial comenzó en 2005 y en 2006 recayó en manos de Bonadio. En septiembre de 2007,  los peritos del Cuerpo Médico Forense dieron sus conclusiones sobre los factores de coagulación analizados: detectaron el virus de la  remitió el dictamen pericial con las conclusiones: detectaron el virus de la Hepatitis C y señalaron que no se detectó HIV pero que eso podría ser por el tiempo transcurrido y el modo de conservación de las muestras.

Para ese momento, la querella venía insistiéndole al juez para que le tomara declaración indagatoria al director de la Fundación, Pedro Pérez Bianco; y a su asesor, Miguel de Tezanos Pinto. Esa medida se tomó recién en mayo de 2009 y los imputados negaron las acusaciones.Tres meses después, el 28 de agosto, Bonadio sobreseyó a los acusados.

La querella apeló y señaló que Bonadio omitió analizar las pruebas aportadas y que sólo tuvo en cuenta las declaraciones de los imputados. En abril de 2010, la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal revocó el sobreseimiento. En octubre, Bonadio declaró prescripta la acción penal y la querella volvió a apelar. La Cámara dijo que no se trataba de un delito de lesa humanidad, como había planteado la querella, pero le dijo al juez que se había apresurado a tomar la decisión.

El 22 de diciembre de 2011, Bonadio logró declarar la prescripción en cada uno de los casos analizados. Y el abogado querellante volvió a apelar. El 27 de septiembre de 2012, en un fallo dividido, la Cámara confirmó la resolución dictada por Bonadío y declaró la prescripción de la acción penal en relación con los imputados. Pero tanto la querella como el fiscal de Cámara, Federico Delgado, interpusieron recurso de casación y la causa llegó a la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal de la Nación, donde está en análisis.

En diciembre pasado la sala debía realizar una audiencia en el marco de esta causa, la causa madre, pero ante la presentación de una recusación a uno de sus integrantes el juez Luis Cabral, hoy integrante del Consejo de la Magistratura, se pospuso hasta después de la feria judicial.