El argumento: que no es imparcial y tiene vínculos con imputados en delitos de lesa. Miguel Palazzani y José Nebbia solicitaron la intervención inmediata del Consejo de la Magistratura “a fin de que designe al juez subrogante a intervenir”.
Después que la Cámara Federal de Apelaciones nombrara al abogado Claudio Pontet en reemplazo del juez Álvaro Coleffi, los fiscales Miguel Palazzani y José Nebbia plantearon su recusación. “La designación de Pontet, en las condiciones que fue hecha, para nosotros es nula”, dijo Palazzani a Infojus Noticias. Los fiscales pidieron que el Consejo de la Magistratura tome cartas en el asunto y designe un nuevo juez.
Como argumento principal, Palazzani evocó “el principio de imparcialidad” no sólo como “consecuencia de la estrecha vinculación de Pontet respecto a imputados de delitos de lesa humanidad, sino además por la adopción de conductas y posturas previas a su nombramiento en la presente causa”. Citó dos ejemplos clave: el vínculo con Massot en su labor como abogado; y que representó a su tío, el ginecólogo Jorge Pontet, que confesó haber intervino en la falsificación de un acta de nacimiento durante la dictadura.
Cómo fue la desginación de Pontet
En un reciente fallo, la Cámara resolvió que Pontet ocupara el cargo de juez subrogante en reemplazo de Coleffi. Él estaba a cargo de la causa Massot y decidió apartarse. Coffeti se apartó después de un pedido de recusación, solicitado por la defensa del empresario periodístico, a partir de una queja por “violencia moral” del secretario de Derechos Humanos, Mario Fernández Moreno.
Ahora, en el escrito que pide su recusación, los fiscales solicitaron la intervención inmediata del Consejo de la Magistratura “a fin de que designe al juez subrogante a intervenir”. Según Palazzani, después que avanzó la causa Massot, y se presentaron nuevas pruebas, la maniobra del defensor Rubén Diskin –abogado del director de “La Nueva Provincia”- fue la de dilatar los plazos de la instrucción. “En el Juzgado Federal N° 1 no existe un Juez designado en forma permanente y quién subroga en la generalidad de las causas del mismo, Santiago Ulpiano Martínez, se encuentra apartado además de encontrarse recusado en todas las causas vinculadas a delitos de lesa humanidad”, dijeron.
Recusaron a Ulpiano Martínez por defender a Massot
Hace unos días, los fiscales habían recusado al juez Martínez y a su secretario “porque adoptaron un comportamiento obstructivo, en todos los aspectos y frentes investigativos en curso". Los acusaron de liderar la "embestida" que creó el escenario para que la defensa de Vicente Massot recusara y forzara la salida del juez Coleffi. En un documento publicado en el sitio de Fiscales, argumentaron que "el conjunto de circunstancias que configuran y acreditan la causal invocada –el temor de parcialidad– exceden de la actuación de los nombrados -Martínez y Fernández Moreno- en cada trámite en particular, para descansar sobre las conductas y actitudes asumidas frente al proceso de verdad y justicia, en toda su extensión y expresiones procesales".
En ese sentido, dijeron que las presentaciones de Fernández Moreno –elegido y avalado por Martínez como Secretario de Derechos Humanos– en la causa Massot representan “un paradigmático acto de defensa sobre Massot (y de Hugo Sierra, secretario del juzgado durante la dictadura)".
Contra la corporación judicial
Las maniobras de la familia judicial para proteger a Massot fueron denunciadas por los organismos de Derechos Humanos de Bahía Blanca. En estos días, las dos hijas de Enrique Heinrich -obrero asesinado junto a su compañero Miguel Ángel Loyola- también pedirán al Consejo de la Magistratura que la investigación continúe en manos de un juez que no sea de la ciudad. Los familiares apoyaron el pedido de los fiscales: que la decisión no quede a cargo de la Cámara de Apelaciones.
“Es una facultad del Consejo de la Magistratura la designación del juez, y la misma no fue delegada a la Cámara de Apelaciones respectiva. Lo dicho se agrava si se observa que lo que se debe juzgar en la causa son delitos de lesa humanidad, constitutivos de genocidio”, enfatizó Palazzani.
El lunes, unos doscientos manifestantes de partidos políticos y organismos de derechos humanos reclamaron ante los tribunales federales que se reactive la causa. Allí leyeron un documento donde denunciaban que el secretario Fernández Moreno es hijo de un ex camarista de Bahía, Augusto Fernández, que designó y sostuvo como juez a Santiago Ulpiano Martínez. Fernández fue recomendado al cargo por el entonces vicepresidente Eduardo Duhalde, padrino de su casamiento y de uno de sus hijos. El entonces camarista designó como secretaria a Stella Maris Suppicich Speroni de Ramos, hija de uno de los marinos de la ESMA. Antes de jubilarse con un pago de 45.000 pesos, en abril de 2012, Fernández excarceló a 36 represores procesados por crímenes de lesa humanidad.
El escrito de su hijo fue utilizado como base fáctica por la defensa de Massot, que estaba a punto de ser procesado, y la de Hugo Sierra –comparten el abogado-, para pedir la recusación del juez. Coleffi decidió apartarse del expediente, pero le respondió al secretario en duros términos. “Es indigerible y bochornoso que el secretario Fernández Moreno intente desacreditarme y, a la par, se arrogue facultades para introducir en este proceso un juicio de valor en defensa de Martínez, excusado en este trámite”.
De qué se acusa a Massot
Massot está acusado por la Unidad Fiscal de Derechos Humanos a cargo de José Nebbia y Miguel Angel Palazzani de integrar "junto con los mandos militares, una asociación ilícita con el objetivo criminal de eliminar un grupo nacional", para lo cual habría contribuido desde el multimedio actuando "de acuerdo a las normativas y directivas castrenses y en cumplimiento de tales" órdenes. El empresario fue imputado como coautor del homicidio de los obreros gráficos Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola, "instigando, determinando, prestando aportes indispensables para su concreción material y encubriendo a sus autores inmediatos".