El juez bahiense Néstor Luis Montezanti está acusado de haber integrado la Alianza Anticomunista Argentina durante la dictadura. Tiene también varias denuncias ante el Consejo de la Magistratura por mal desempeño y maltrato a empleados judiciales. A Héctor Ángel Forcelli, ex dirigente de la Asociación Empleados de Comercio de Bahía Blanca y personal de seguridad de la Universidad Nacional del Sur durante la intervención de 1975.
El juez federal subrogante de Bahía Blanca, Alejo Ramos Padilla, llamó a indagatoria al actual presidente de la Cámara Federal de Bahía Blanca, Néstor Luis Montezanti. La mayor autoridad de la cámara bahiense tiene varias denuncias en el Consejo de la Magistratura y está siendo investigado por su presunta pertenencia a la Triple A y por ser agente de inteligencia durante la última dictadura cívico militar. En la misma causa, hoy detuvieron a Héctor Ángel Forcelli, ex dirigente de la Asociación Empleados de Comercio de Bahía Blanca y personal de seguridad de la Universidad Nacional del Sur durante la intervención en 1975.
En la causa se investiga el accionar de la Triple A previo al golpe de Estado de marzo de 1976. Según consta en el expediente, se investiga el homicidio de más de 20 personas y la realización de actos de violencia e intimidación pública por parte de la rama bahiense de la Alianza Anticomunista Argentina. Montezanti es señalado como ex integrante de a esa organización paraestatal. Uno de los casos que la justicia tiene en sus manos es el asesinato en un pasillo de la Universidad Nacional del Sur (UNS) en abril de 1975 del dirigente estudiantil “Watu” Cileruello.
“Cacarulo” Forcelli también está acusado de haber integrado las tres A. Su lugar de actuación: la UNS, dijeron a Télam fuentes de la causa. "La penetración de la organización criminal en aquella institución educativa se instrumentó con la designación de Remus Tetu como rector interventor" de esa universidad en 1975, según estableció la investigación de la Unidad Fiscal.
La indagatoria a Montezanti fue fijada por Ramos Padilla para el próximo 27 de agosto -dos días después de la fecha que le fijó el Consejo de la Magistratura para que presente su descargo- a pedido de los fiscales Jose Nebbia y Miguel Palazzani. Hace tres meses se detuvo a un supuesto integrante de la Triple A, que estuvo detenido varios meses sin que se le realizara ninguna declaración indagatoria, en el tiempo que ese juzgado estaba siendo subrogado por Santiago Ulpiano Martínez.
Con la llegada del juez subrogante Ramos Padilla, que en sus primeros días en el juzgado sufrió todo tipo de “inconvenientes” para comenzar su trabajo –fueron desenchufadas las computadoras y rompieron las impresoras-, indagó a ese testigo y ahora llamó a indagatoria al juez Montezanti. Entre los detenidos en esta causa están Raúl Aceituno y Héctor Oscar Chisu como integrantes de la Triple A.
Aunque Montezanti goza de fueros (inmunidad de arresto) puede ser investigado y ser llamado a indagatoria. “Sin perjuicio de ello el proceso podrá seguir adelante hasta su total conclusión”, explica el régimen de Inmunidades para legisladores, funcionarios y magistrados. Según consta en el expediente, a Montezanti se lo investiga también por su participación en el secuestro, privación ilegítima de la libertad, amenazas y secuestro de Jorge Omar Riquelme Esparza, en 1977. Riquelme trabajaba en el Hospital municipal de Bahía Blanca como enfermero hasta donde llegaron policías y miembros del Ejército que se lo llevaron hasta el Comando del Ejército.
Fue interrogado sobre su ideología y sus contactos y habría sido obligado a punta de pistola por el entonces abogado apoderado de UOM, nada más y nada menos que el hoy juez Montezanti quien le habría hecho firmar unos documentos. Abogado por aquellos años, Montezanti tenía entre sus clientes a las 62 Organizaciones Peronistas, el movimiento sindical de la ortodoxia del PJ.
En el ámbito de la Universidad Nacional del Sur, bajo las órdenes del rector interventor Remus Tetu, la Triple A favoreció la proscripción de los centros de estudiantes. Eso incluyó la confiscación de sus bienes, el cierre del comedor universitario, la proscripción de 497 libros de la biblioteca universitaria, la expulsión de estudiantes y cesantías masivas de docentes por razones políticas.
Siguiendo con Montezanti, el juez es investigado por su accionar como agente de inteligencia en uno de los puntos clave en donde actuaban las fuerzas represivas de Bahía Blanca durante la última dictadura militar, la Universidad Nacional del Sur (UNS). Montezanti asumió como “Asesor Universitario” en el Comando de Inteligencia 181 del Comando Quinto Cuerpo de Ejército el 1 de enero de 1981 y se mantuvo en el cargo hasta el mismo día de 1982.
Las explicaciones
El próximo 25 de agosto, Montezanti debe dar explicaciones en el Consejo de la Magistratura en donde hay un expediente que pide que sea llevado a juicio político por mal desempeño en sus funciones. Allí se le endilgan, además de su participación en la dictadura y en la Alianza Anticomunista Argentina, malos tratos a los empleados judiciales. Fuentes del organismo le dijeron a este medio que hasta el momento el juez no presentó ni anticipó su descargo.
A principios de julio el organismo lo citó para que explique su situación. En aquella reunión, el secretario de Justicia del Ministerio de Justicia de la Nación, Julián Álvarez, fue quien presentó el dictamen para citar al presidente de la Cámara Federal de Bahía Blanca, porque el juez es un "fuerte defensor de la pena de muerte", con "estrecha vinculación con integrantes de la Triple A" y que "hizo inteligencia durante la dictadura cívico militar".
Esas “conductas incompatibles con los derechos humanos”, explicó Álvarez en aquella reunión previa a la feria judicial, se suman a la “exteriorización de comportamientos indecorosos” y el hecho de que “replicó la matriz militar” en su trabajo diario en el juzgado y en la Universidad elaborando “un sistema de espionaje en la Cámara Federal de Bahía Blanca”. A ello sumó que está corroborado, por la desclasificación de archivos que realizó el Ministerio de Defensa, de que Montezanti formó parte del Destacamento de Inteligencia 181.
Hasta ahora la justicia le daba la razón
No es la primera vez que el nombre Montezanti figuraba en un expediente judicial, incluso la Corte Suprema de Justicia en diciembre del año pasado falló a favor del camarista confirmando una sentencia donde se condenó a una delegada del gremio de empleados judiciales de Bahía Blanca, Graciela Diez Paz.
Un comunicado de prensa de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN), en el que se mencionaba presuntas irregularidades del magistrado en su cargo como presidente, enardeció al juez Montezanti que le inició un juicio por injurias a la delegada local del gremio. La justicia de Bahía Blanca le dio la razón y condenó a Diez Paz a indemnizar al magistrado con 70 mil pesos.
La sala I de la Cámara e Apelación Civil y Comercial de Bahía Blanca confirmó esa decisión porque consideró que los términos en que fue redactado el comunicado “pone de manifiesto que la cuestión iba más allá de la mera información y de la “obediencia”. Después llegó a la Corte Suprema en una sentencia firmada a fines de 2014 declaró “inadmisible” el recurso presentado por el abogado de la gremialista, Ricardo Campaña, confirmando así la sentencia.
La Sala I bahiense también realizó otro fallo favorable a Montezanti en octubre del año pasado cuando condenó a Dante Patrignani, un docente del Departamento de Física de la Universidad Nacional del Sur (UNS), a indemnizar con 70 mil al magistrado por haber lacerado su “privacidad, tranquilidad y honra” en un afiche en el que se ve al actual conjuez de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca con una boina militar.
Otro juicio, también por injurias, que inició el propio Montezanti al ex alumno Alberto Rodríguez en 2006. Allí el juez correccional José Luis Ares consideró “convincentes y veraces” las declaraciones de cinco testigos que en 1974 lo vieron a las risas “de traje y corbata” con un grupo de matones que, a punta de pistola, ocuparon la Universidad Tecnológica Nacional. En 2007 Ares absolvió a Rodríguez por calumnias pero lo condenó económicamente con una multa de 1500 pesos.
GA/PW/RA