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Mientras el Senado de la Nación discute la reapertura del canje de la deuda, que permitirá concluir con la reestructuración de los títulos públicos que no ingresaron a los canjes de 2005 y 2010, la causa por el “megacanje” acumula 47 cuerpos, 9538 fojas, nunca tuvo detenidos y tiene un solo procesado: Domingo Felipe Cavallo.

El caso de Cavallo despierta suspicacias, ya que casi seis años después de la elevación a juicio todavía no hubo novedades. “Son muchos los intentos que hizo la fiscalía para evitar que la causa preescriba. Pero parecería que va camino a eso”, dijo a Infojus Noticias una fuente judicial con acceso a la causa.

En junio de 2001 el gobierno de De la Rúa hizo el megacanje de la deuda por 30 mil millones de dólares. Con esta operación postergó vencimientos de capital e intereses de la deuda entre ese año y 2005. El costo de esa postergación fue elevado: 15 % anual. Ninguno de los objetivos de la operación pudo cumplirse. La desconfianza sobre la Argentina creció tanto a nivel interno como externo. Las reservas y depósitos cayeron.

Los críticos afirmaban que la maniobra incrementaría el monto de la deuda externa en más de un 30 %. No se equivocaron: el aumento de la deuda fue cercano a los 55 mil millones de dólares y benefició a un grupo de bancos extranjeros.

El 22 de octubre de 2001 se abrió la causa judicial por el megacanje. Fue la suma de varias denuncias presentadas en distintos juzgados. Con el número 6420, quedó caratulada como: “Cavallo, Domingo Felipe y otros sobre abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles”, que prevé una pena de dos a seis años de prisión.

Entre los involucrados había un grupo de funcionarios entre los que estaban Cavallo y De la Rúa, junto a junto a los ex secretarios de Finanzas y Hacienda, Daniel Marx  y Jorge Baldrich. También un grupo de banqueros integrado por Eduardo Escasany, Jorge Bledel, Pablo María León, Miguel Angel Gutierrez, Luis María Ribaya, Marcelo Castro, Marcelo Eduardo Podestá, José Enrique Rohm y Antonio Garcés. También estaba el banquero estadounidense David Mulford.

Por la causa que fue motorizada por la fiscalía de Federico Delgado, pasaron tres jueces. El primero fue Jorge Ballesteros, que unos años después fue ascendido a camarista, después fue el turno de Marcelo Martínez de Giorgi, que subrogó en la causa y, finalmente, recayó en manos de Sebastián Ramos.

Todos los banqueros fueron sobreseídos. También Baldrich, Marx y De la Rúa. Mullford, señalado en el expediente como ideólogo del megacanje, fue declarado en rebeldía y tiene pedido de captura internacional. Nunca se presentó a declarar y aunque aseguró que iba a hacerlo en Estados Unidos, tampoco lo hizo.

Fuentes judiciales vinculadas a la investigación explicaron a Infojus Noticias que en primera instancia hubo “un procesamiento sin prisión preventiva para Fernando De la Rúa. Fue el 28 de septiembre de 2006,  pero después fue a Cámara y esta revocó el procesamiento”. Afirmaban que “no existía mérito suficiente como para procesar o sobreseer” al expresidente. Se le dictó así la falta de mérito.

El caso de Domingo Cavallo es diferente. “En primera instancia, también se decretó el procesamiento sin prisión preventiva, pero en este caso la cámara confirmó el procesamiento parcialmente”, explica la misma fuente. Hicieron un cambio de calificación del delito. “Primero era “fraude en perjuicio de la administración pública mediante administración infiel” y lo cambiaron por “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública –artículo 265 del código penal”. Fue elevado a juicio oral el 7 de diciembre de 2007.

“En un primer momento, el juez Ballesteros procesó a todos, pero la Cámara Federal dictó la falta de mérito de todos menos de Cavallo y de Marx”, explicó a Infojus Noticias otra fuente judicial.

“En diciembre de 2007 la fiscalía elevó el pedido de juicio contra Cavallo y Marx. La defensa de Marx presentó un recurso porque él había sido juzgado en una causa vinculada y se lo sobreseyó. Cavallo espera el juicio”, explicó esta última fuente. La causa tiene designado al Tribunal Oral N° 1.

Aunque cuando se inició la causa todos los involucrados fueron embargados,  luego esa medida quedó sin efecto.

Cronología de un fracaso

El 20 de diciembre, seis meses después de haber anunciado el megacanje, De la Rúa abandonó el poder. Lo hizo en el atardecer de ese día que estuvo marcado por un fuerte estallido social, protestas y más de 30 víctimas fatales. El escenario era devastador en el marco de una de las peores crisis económicas del país.

El año 2001 fue uno de los más nefastos para la historia de la economía argentina. En enero se aprobó un blindaje financiero en favor de la Argentina. Era por un total de 39.200 millones de dólares. Y con esos fondos, la Argentina podía cubrir el 90% de los pagos de la deuda de ese año y el 70% de los vencimientos del 2002.

Desde el gobierno de la Alianza se aspiraba a no utilizar la totalidad de los fondos externos. Aseguraban que con el blindaje los mercados internacionales le volverían a prestar a Argentina con tasas razonables.

Poco más de un mes después, a fines de febrero, el blindaje tuvo su primer traspié. Se disparó el déficit fiscal y eso arrastró el riesgo país. José Luis Machinea, ministro de economía desde diciembre de 1999 cuando asumió Fernando de la Rúa, renunció en marzo. Lo sucedió, por poco tiempo, Ricardo López Murphy. La inestabilidad marcaba, cada vez con más fuerza, el pulso de la economía argentina.  Los mercados internacionales se mantuvieron cerrados y al gobierno se le hizo mucho más costoso conseguir fondos para enfrentar los vencimientos de la deuda. Eso acentuó  aún más el desequilibrio fiscal. Como una rueda que gira y gira, aumentó el déficit público y el riesgo país.

Con la renuncia de López Murphy, apareció en escena Domingo Cavallo, que también se hizo cargo de la cartera en marzo. Ex ministro de Carlos Menem y presidente del Banco Central durante la última dictadura cívico militar argentina donde formó parte de la estatización de la deuda privada, el cordobés debutó con un combo de fuertes medidas que incluía apelar a las reservas, permitir a los bancos tener sus encajes en bonos del Estado, pedir préstamos al Banco Central y hacer nuevas colocaciones entre las AFJP para afrontar los vencimientos. Nada fue suficiente para poner freno a la desastrosa maquinaria que se había puesto en marcha.